LA PAZ Piden en Bolivia nacionalizar línea ferroviaria
Pobladores y ex trabajadores de ferrocarriles cortaron este miércoles una vía férrea que conecta los Andes de Bolivia con el norte de Chile para exigir al presidente boliviano Evo Morales nacionalizar la empresa de trenes, administrada por el grupo chileno Luksic.
La medida de protesta se desarrolla en la comarca andina de Machacamarca, a 270 km al sur de la capital, en la vital vía férrea que conecta La Paz con las poblaciones portuarias norteñas de Arica e Iquique, confirmó al canal privado de televisión ATB, el dirigente del sindicato de ex empleados, Raul Quiroga.
«Estamos en demanda para exigir al Gobierno (de Morales) la reversión inmediata de los ferrocarriles al Estado y por haber existido varios compromisos para efectuar esta nacionalización», afirmó Quiroga.
Por la vía férrea entre Bolivia y Chile transitan unas 25.000 personas y 90.000 toneladas en carga al mes, según datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas.
La empresa ferroviaria fue privatizada en 1996 durante el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y convertida en Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima.
En ese año, el chileno Grupo Luksic adquirió el 50% del paquete accionario y la administración de la empresa, para controlar 2.261 kilómetros de líneas férreas en los Andes bolivianos.
Pese al aumento reciente de los precios del petróleo, las inversiones caerán a la mitad de aquí a 2010 en el mar del Norte, amenazando con reducir la producción de esa zona enfrentada a los costos elevados y a la baja de los yacimientos.
Los representantes de la industria petrolera, invitados a una reunión de la federación petrolera UK & Gas UK, evitan toda euforia pese al aumento del petróleo, que, como el Brent del mar del Norte, pasó de 36 dólares en diciembre a 70 dólares en la actualidad.
«Invertir en el futuro no es fácil en el contexto actual. Nuestra revista anual (publicada la semana pasada ndlr) muestra que la producción británica cayó 38% entre 2000 y 2008», dijo Bernard Looney, jefe de la actividad mar del Norte del gigante petrolero BP.
«El aumento de los precios del petróleo esconde una realidad de la que no se habla mucho: los precios del gas siguen cayendo. Teniendo en cuenta que el mar del Norte produce cerca de 50% del gas, el precio medio del barril del mar del Norte sigue alrededor de 40 dólares en equivalente petróleo», agregó.
Según las últimas cifras de Oil & Gas, las inversiones en los hidrocarburos en esta región pueden bajar a la mitad: podrían pasar de 5.000 millones de libras en 2008 a 2.500 millones de libras en el peor de los casos en 2010.
«Si los precios del petróleo siguen a ese nivel y los del gas suben, eso si tendría un impacto» moderado sobre las inversiones, dijo a la AFP Malcom Webb, director general de Oil & Gas en Gran Bretaña.
Bob Keiller, patrón de PSN, empresa de servicios que emplea 8.000 personas, dice que el aumento de los precios es «demasiado reciente para afectar las decisiones a largo plazo», con mayor razón si se tiene en cuenta que la extrema volatilidad de los precios en 2008, que pasaron de 147 a menos de 40 dólares en seis meses, «sacudió la confianza» de los inversionistas.
Ahora estos tienen dificultades para basarse en previsiones fiables de precios.
Signo de los tiempos difíciles, el gobierno británico aplazó la 26ª licitación para bloques petroleros, prevista para este invierno.
Nada de extraño que las compañías petroleras congelaran proyectos que requerían inversiones masivas, pues el hundimiento de los precios del petróleo redujo drásticamente el valor de los activos, o sea las reservas petroleras que dan como garantía los bancos a operadores con mala situación financiera.
Nada bueno ocurre tampoco por el lado de los mercados de acciones, muy golpeados por la crisis.
Con un barril alrededor de 40 dólares, la viabilidad económica de muchos proyectos ya no estaba garantizada, pues los costos en el mar del Norte experimentaron una fuerte inflación en los últimos años.
«Entre 2004 y 2008, el costo de las operaciones se dobló», dijo Alex Kemp, profesor de economía en la Universidad de Aberdeen.
El mar del Norte ya no es el Eldorado de los años 197O, aunque aún tiene 25.000 millones de barriles, cantidad no despreciable para la seguridad energética del Reino Unido.
A falta de inversiones, ese combustible disperso en una multitud de pequeños campos petrolíferos, podría dormir para siempre bajo la roca, pues los oleoductos no suficientemente utilizados pueden ser desmantelados.
A la caída de las inversiones se agregan las dificultades de una industria que opera en condiciones climáticas y técnicas extremas.
Como muestra de ello, figura el accidente de un helicóptero que trabajaba para la BP con saldo de 16 personas muertas el 1 de abril pasado, y además la decadencia natural de los campos petrolíferos, calculada en 10% por año.
Los nexos con las FARC del ecuatoriano Franklin Aisalla, abatido por tropas colombianas, no incidirá en la demanda internacional por violaciones de derechos humanos que interpuso Ecuador contra Colombia, estimó el miércoles el procurador Diego García.
«Para los efectos de la violación de los derechos humanos, el hecho de que Franklin Aisalla haya sido o no miembro de las FARC (…) no tiene ninguna incidencia», declaró García, quien funge como abogado del Estado.
La semana pasada Ecuador demandó a Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de Aisalla durante el ataque de hace un año en que fue abatido el líder de las FARC Raúl Reyes.
Bogotá, por su parte, aseguró que presentará pruebas ante la CIDH sobre los nexos de Aisalla y otros ecuatorianos con la guerrilla de las FARC.
García, en declaraciones a radio Sonorama, precisó que el caso podría dar lugar a una compensación económica para la familia de Aisalla.
«Este es un proceso de violación de derechos humanos, que no busca exactamente un resarcimiento de daños y perjuicios, pero sí una compensación económica por el daño sufrido», afirmó.
Aisalla fue una de las 25 víctimas que dejó la incursión colombiana del 1 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano. La acción -rechazada por la OEA como una violación a la soberanía ecuatoriana- provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, medida que aún se mantiene.
Según Quito, el ecuatoriano fue ajusticiado a golpes en territorio colombiano. Su cuerpo fue entregado a sus familiares varias semanas después del operativo.
Ecuador alega que Colombia violó «el derecho a la vida», «las garantías judiciales y la protección judicial».