Bajo presión después de más de una semana de protestas en todo Brasil, la presidenta Dilma Rousseff dijo ayer que su gobierno gastará 23 mil millones de dólares más en transporte público y anunció cinco rubros en que los líderes se concentrarán para acelerar la reforma política y la mejora de los servicios públicos.
Rousseff hizo el anuncio tras reunirse con líderes de un grupo de activistas que piden transporte público gratis, el cual inició las primeras manifestaciones hace más de una semana y ha convocado a nuevas protestas para hoy. La presidenta también habló con gobernadores y alcaldes de 26 ciudades para discutir formas de lograr mejoras sustanciales
«Quiero repetir que mi gobierno escucha a las voces democráticas. Tenemos que aprender a escuchar las voces de la calle», dijo Rousseff al comenzar la reunión con los gobernadores y alcaldes. «Todos sin excepción debemos entender estas señales con humildad y exactitud».
Aunque no ofreció detalles, la presidenta dijo que presionaría por un debate para celebrar un plebiscito en torno a la reforma política y afirmó que todos los niveles del gobierno deben concentrarse en cinco prioridades: la responsabilidad fiscal y el control de la inflación, la reforma política, los servicios médicos, el transporte público y la educación.
Los manifestantes han llenado ciudades en todo este enorme país para manifestar un amplio abanico de quejas, como los malos servicios públicos y el gasto multimillonario en los preparativos para el próximo Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos de 2016.
Mayara Longo Vivian, uno de los líderes del movimiento que pide transporte público gratis que se reunieron con Rousseff en Brasilia, dijo que el grupo no recibió información de medidas concretas y que «la lucha continuará». El movimiento trabaja desde 2006 para eliminar el cobro del transporte público.
Vivian se refirió a los miles de millones de dólares que el país gasta para ser sede del Mundial, diciendo: «Si tienen dinero para construir estadios, tienen dinero para no cobrar el pasaje» en el transporte público.
«La gente está en la calle, la izquierda está en la calle, con agendas legítimas», expresó. «Sólo con medidas concretas del Estado se solucionará esta situación».
El lunes fue el comienzo de un enfoque más directo y personal de Rousseff de cara a las fuertes críticas de que no se había pronunciado lo suficiente durante las protestas de la semana pasada. La mandataria le habló al país el viernes pasado, una semana después de que comenzaron las protestas y un día después que casi un millón de personas se lanzaron a las calles en manifestaciones a veces violentas.
Desde entonces, las manifestaciones se han reducido en tamaño y alcance.
El lunes hubo algunas protestas aisladas y dos mujeres perecieron cuando un automóvil las atropelló al tratar de bloquear una carretera en el estado de Goiás, cerca de Brasilia, la capital del país. La Patrulla de Carreteras de Goiás informó que el conductor se dio a la fuga y lo están buscando.
Las protestas en el estado de Sao Paulo también bloquearon el acceso por tierra al mayor puerto del país, en Santos, lo que causó un fuerte embotellamiento de camiones de carga que trataban de descargar sus productos. En Brasilia, un grupo de unos 300 estudiantes que protestaban contra la corrupción bloquearon algunas calles, al tiempo que se esperaba una protesta por la noche en Río de Janeiro.
Expertos señalaron que los manifestantes, aunque desorganizados en su mayoría, controlaban la situación gracias al apoyo de la mayoría de los brasileños, como indican recientes encuestas de opinión, lo que abre una puerta a concesiones a sus demandas de menos corrupción y mejoras a los malos servicios públicos del país.
Algo que complica la situación es el empeoramiento de la situación económica de Brasil. El gobierno ha enfrentado apuros por la desaceleración económica y el aumento de la inflación, lo que dificulta un aumento del gasto en los servicios públicos. Las autoridades también están invirtiendo miles de millones de dólares, no sólo en la Copa Confederaciones de fútbol que se desarrolla en estos momentos, sino la próxima Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.
para partido de Brasil
Las autoridades esperan que unas 100 mil personas salgan mañana a las calles de Belo Horizonte para protestar por el costo del Mundial y exigir mejores servicios públicos, antes del partido entre Brasil y Uruguay por las semifinales de la Copa Confederaciones.
El gobierno local decretó un día feriado en Belo Horizonte, y las autoridades dijeron que esperan enfrentamientos con los manifestantes.
Belo Horizonte fue escenario de algunos de los enfrentamientos más violentos entre policías y manifestantes desde que el país ha sido arropado por una ola de manifestaciones que exigen mejor educación, transportación y servicios de salud.
No hubo manifestaciones importantes en la ciudad ayer, pero algunos grupos bloquearon tres carreteras principales.
El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, estará en Belo Horizonte mañana. El organismo rector del fútbol mundial indicó que la seguridad se aumentó debido a las protestas, pero no se sabe si habría algún cambio en Belo Horizonte por la presencia de Blatter.
La FIFA no respondió de inmediato a las llamadas de la AP.
«Favorezco las protestas», dijo hoy el delantero de la selección brasileña Fred. «La gente merece cosas mejores. Pero tienen que hacerse sin violencia y sin vandalismo. Ojalá las manifestaciones de mañana sean pacíficas, sin enfrentamientos con la Policía».
Los manifestantes han salido a las calles de ciudades en todo el país para quejarse por muchos problemas, incluyendo el alto costo de organizar el Mundial del próximo año y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.
Las protestas se han tornado violentas antes y durante varios partidos de la Confederaciones, entre ellos en Brasilia, Río, Salvador y Fortaleza.
El sábado, la Policía calculó que unas 60 mil personas se reunieron en una plaza en Belo Horizonte antes de marchar al estadio Mineirao antes del encuentro entre Japón y México. La Policía antimotines disparó balas de goma y lanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes.
El gobierno brasileño calcula que gastará unos 13 mil 300 millones de dólares en estadios, renovación de aeropuertos y otros proyectos de infraestructura para la Copa del Mundo, incluyendo unos 3 mil 500 millones en las 12 sedes de partidos.