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Mancuso aseguró en la audiencia pública que se realizó en el Palacio de Justicia de la ciudad colombiana de Medellí­n (noroeste), que su grupo de extrema derecha cobró un centavo de dólar por cada caja que exportaba Chiquita Brands, compañí­a bananera que se declaró culpable el mes anterior ante una corte de Estados unidos de haber realizado pagos a paramilitares.

Igualmente, señaló que empresas de trasporte colombianas como Copetrán pagaron mensualmente diez millones de pesos (unos 3.400 dólares) de «impuesto paramilitar» y que la pesquera Vikingos les pagaba en camarones, que luego eran vendidos por los ultraderechistas.

El ex paramilitar indicó que estaciones de gasolina, carboneras petroleras, y empresas de gaseosas y cervecerí­as pagaban a las AUC a cambio de seguridad para sus empresas y el trasporte de sus trabajadores.

Tras conocer las imputaciones de Mancuso la cervecerí­a Bavaria emitió un comunicado en el que desmintió las afirmaciones que el ex jefe de extrema derecha realizó contra la empresa.

«Bavaria no ha hecho pagos de ninguna clase a los grupos ilegales que operan en diferentes zonas de paí­s. Bavaria también confirma que no ha hecho pago de tal naturaleza a ninguno de sus distribuidores, sea que operen o no en las regiones afectadas por problemas de orden público», cita el reporte.

En este sentido, el presidente de la Asociación Colombiana de Empresarios (ANDI), Luis Carlos Villegas, afirmó que las empresas que Mancuso mencionó en su indagatoria «tienen toda las explicaciones» para defenderse de los señalamientos.

«Las empresas que han sido mencionadas son empresas con más de 100 años en el paí­s y el paí­s sabe cómo se han comportado, de manera que con seguridad hay una explicación de quienes han sido mencionados», declaró Villegas.

Mancuso concluyó este jueves su audiencia judicial tras tres dí­as de haber iniciado la diligencia, en la que inculpó a varios funcionarios del gobierno, legisladores, lí­deres polí­ticos, entre otros, de haber apoyado y financiado a las AUC.

Uno de los señalamientos más graves que realizó fue en contra del vicepresidente Francisco Santos, a quien acusó de haberle propuesto en el pasado crear el Bloque Capital de las AUC para contrarrestar las acciones de los grupos rebeldes en Bogotá.

Al respecto, Santos reiteró este jueves su rechazo a las acusaciones y pidió a la Fiscalí­a que investigue las sindicaciones que se realizaron en su contra.

Otro de los salpicados con las denuncias de Mancuso fue el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, de quien manifestó le pidió ayuda para derrocar el mandato del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998).

El ministro de Defensa también se defendió de la incriminación y aclaró que sí­ se reunió en dos ocasiones con Mancuso, pero fue para «para discutir la posibilidad de un proceso de paz integral que cobijara también a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y al ELN (Ejército de Liberación Nacional)» y que el ejecutivo tení­a conocimiento de dicho encuentro.

Además de las denuncias sobre los encuentros que sostuvo con el vicepresidente y el ministro de Defensa, el ex ultraderechista afirmó que tres ex altos mandos militares apoyaron la actuación de las desarmadas AUC y confesó que fue entrenado por el Ejército para combatir a la guerrilla.

El lí­der de extrema derecha comenzó a rendir cuenta por los delitos que cometió cuando dirigió a los grupos paramilitares desde el pasado 19 de diciembre.

En sus declaraciones ha revelado, entre otros aspectos, que participó en unos 87 hechos criminales, entre ellos masacres, secuestros y tráfico de armas, y que ordenó la muerte de unas 436 personas.

Mancuso, hijo de un inmigrante italiano, se desmovilizó en diciembre de 2004 en una zona fronteriza con Venezuela, donde operó el Bloque Catatumbo de las AUC.

Las AUC iniciaron el 1 de julio de 2004 negociaciones de paz con el gobierno del presidente ílvaro Uribe, en el marco de las cuales se desarmaron unos 31.000 hombres. Aún queda una escuadrilla disidente de los paramilitares por desmovilizarse.