EL fondo de los discursos y planes de gobierno son cada vez menos decisivos para ganar una elección, mientras que las bolsas con alimentos, las jornadas médicas, las actividades sociales y los bonos se convierten en elementos fundamentales para conseguir votos. Así es como el clientelismo se convierte en el arma fundamental de los partidos políticos, aun cuando faltan tres años para los próximos comicios.

Los altos índices de pobreza y extrema pobreza en los que subsisten millones de personas han provocado que varios países de Latinoamérica impulsen políticas de asistencia social que buscan un desarrollo sostenible del ser humano. Sin embargo, el clientelismo político ha contaminado su objetivo y Guatemala no ha escapado a ese fenómeno; muestra de ello es el interés de los partidos políticos en impulsar sus propios “programas sociales” con el objetivo de conseguir adeptos.

No obstante, en la mayoría de esos casos, lejos de brindar una cobertura social, los partidos se limitan a ser mecanismos asistencialistas en donde a cambio de víveres, jornadas aisladas de salud, y bonos, esperan ganarse el voto de quienes la reciben. Conocer el botín electoral que representan, ha hecho que los políticos pierdan el norte del espíritu de los programas, y se concentren en la captación de  votos. Esta visión simplista, condena a los proyectos a no incluir procesos que a largo plazo superen la pobreza y el subdesarrollo.

“Los programas de asistencia social tienen una razón fundamental particularmente en aquellas sociedades tan inequitativas como la guatemalteca. Lo que realizan los propios partidos no debiese llamarse programas de asistencia, lo que realizan las agrupaciones puede ser beneficencia social y es confundido con los programas de asistencia social, para generar clientelismo político y captar beneficios electorales durante un proceso”, explicó el analista Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones para los Derechos Humanos (CIIDH).

Para Santos, los programas deberían ser políticas de Estado, contar con un presupuesto adecuado y con mecanismos paralelos que permitan a los beneficiarios reducir la dependencia de las ayudas para salir de la pobreza, a través de programas productivos autosostenibles. Al ser políticas, no deben ser entregados por funcionarios para evitar que dependan de una figura en particular.

LOS ORÍGENES
Los programas sociales no nacieron en Guatemala; el modelo implementado por el gobierno de Álvaro Colom fue adoptado por la experiencia de varios países de la región, pero principalmente de Brasil. Mi  Bono seguro conocido originalmente como Mi Familia Progresa e identificado técnicamente como un programa de transferencias condicionadas, ha sido un programa que ha ganado terreno en varios países.

Según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “Programas de Transferencias Condicionadas”, la entrega de dinero a cambio de que los padres lleven a sus hijos a la escuela y a los centros de salud, ha sido implementada en 18 países. Según el análisis, “los programas de transferencias condicionadas representan un importante avance en el campo de protección social en Latinoamérica y el Caribe, ya que proveen transferencias de ingreso y facilitan el acceso a servicios sociales a sectores pobres que tradicionalmente habían sido excluidos”.

“Las transferencias condicionadas son una política pública interesante que bien usada pueden ayudar a salir de la pobreza, esto teniendo controles estrictos. Lamentablemente por la necesidad económica de la población esto ha sido muy mal utilizado con intereses clientelares; eso ha ocurrido aquí y en otros países y por eso hay que buscar la forma de mejorarlos”, opina la diputada Nineth Montenegro.

Para el presidente de la Comisión por la Transparencia, Amílcar Pop, el problema que ha surgido es la falta de fiscalización: “Hay una lógica de resistencia a la fiscalización y la transparencia, y el reto de los programas es que dejen de ser clientelares”.

El problema no radica únicamente en los programas institucionalizados del Estado, sino también en los proyectos de los partidos políticos, que carecen de programación,  son oportunistas y desnaturalizan el sentido de la asistencia social. “Son un riesgo, ya que al ser visto como clientelar, pierden su naturaleza original y dejan de ser temporales, y se  convierten en un programa permanente de corrupción”, señala Pop.

Para el congresista, estos programas no desaparecerán ya que difícilmente un gobierno decidirá eliminarlos. Jorge Santos del CIIDH señala, por ejemplo, que el Ejecutivo decidió mantenerlos, no porque creyera en ellos, sino por el riesgo que representaba eliminarlos.

En la misma línea se encuentran las agrupaciones políticas, que desde ya realizan jornadas políticas para la entrega de bolsas con alimentos o desarrollan jornadas médicas, pero el objetivo principal no es de procurar medidas que ayuden en el largo plazo, sino más bien asistir a los necesitados para captar su apoyo para las elecciones, coinciden los entrevistados.

COMPLEMENTOS FUNDAMENTALES
El diputado de la UNE, Orlando Blanco, reconoce los vacíos que quedaron en la implementación de los programas sociales en el Gobierno pasado que sirvieron como plataforma política de la ex primera dama quien se enfrascó en una disputa legal para evitar alguna transparencia en los programas. Sin embargo, lo atribuye a las constantes críticas y bloqueos que mantuvo la oposición.

“Los programas buscan compensar la falta de un ingreso económico de las familias pobres; el error fue no terminar de institucionalizarlos y eso generó desorden y cierta desconfianza de la oposición, que se encargó de bloquearlos. Con el nuevo Gobierno hemos visto incapacidad, pese a que se creó la creación del Ministerio (de Desarrollo Social)”.

El congresista acepta la necesidad que haya complementariedad, pero señala que eso es un proceso que no se logra de la noche a la mañana sino que se realiza en fases. “Programas como Mi Familia progresa y Bolsa Solidaria son de primera generación, por lo que deben ir evolucionando a segunda y tercera generación, los de segunda tratan de fortalecer capacidades para enfrentar mercado laboral y los de tercera hablamos de subsidios para fomentar la productividad”.

Señala que pasar a la segunda fase requiere de garantizar que funcionen los de primera generación. “Nosotros creíamos que los programas deberían de durar como mínimo 12 años de implementación para detectar resultados”.

Aunque esta administración logró la creación del Ministerio de Desarrollo Social se ve cuesta arriba que se incluyan procesos para salir de la pobreza, de manera que los programas sociales parecen estar condenados a quedarse como un beneficio electoral y no como una política de Estado que garantice que las personas en extrema pobreza mejoren su nivel de vida.

Sobre la institucionalidad y sostenibilidad de los programas, el informe de CEPAL advierte “la dependencia de los ciclos electorales, la falta de apoyo político y financiero, y el escaso arraigo en la institucionalidad pública han contribuido a acrecentar la fragmentación de la política social y a reforzar su falta de efectividad”.

Al respecto, los entrevistados coinciden en que el  mal uso que hacen los partidos políticos de la asistencia social y el debilitamiento de los programas sociales en el Gobierno no debe ser una limitante para comprender la necesidad de cobertura social de la población y la urgencia de complementarla con programas de largo plazo, autosostenibles y financieramente factibles.