El gobierno del presidente Evo Morales, que el fin de semana anunció la suspensión de las actividades de la DEA (Oficina Antidrogas de EE.UU.) en Bolivia, le comunicó que debe abandonar el país y que tiene tres meses para hacerlo, tras acusarla de apoyar un golpe de Estado.
«La nota formal donde se ratifica la solicitud del presidente de que la DEA tiene que abandonar el país ya ha sido entregada» el sábado, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, citado hoy por el matutino La Razón.
Morales decidió suspender todas las operaciones de la DEA porque -según él- personal de esa organización habría apoyado y financiado un «golpe civil-prefectural» en septiembre, con protestas en cinco de las nueve regiones del país que dejaron 19 muertos.
Choquehuanca afirmó que Bolivia tiene un convenio con Estados Unidos que prevé que «en caso de que algún país decida cancelar (el acuerdo), entonces tendría tres meses de plazo para abandonar el país».
La DEA -que negó en un comunicado desde Washington una labor política en Bolivia y calificó de «falsas y absurdas» las acusaciones del mandatario boliviano- oficialmente realizaba labores de inteligencia y donaba equipos para la lucha contra las drogas, a través de su brazo económico la NAS.
Asimismo Estados Unidos financiaba el mantenimiento y las operaciones de al menos una flotilla de helicópteros Huey antidrogas y una unidad naval, estimándose que el apoyo global estadounidense al país para estas actividades bordeaba los 32 millones de dólares al año.
El gobierno boliviano acotó hoy que asumirá el control y manejo de todo el equipo antidrogas donado por Estados Unidos a la unidad de élite Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
«Todo el equipamiento que existe dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, desde movilidades, puede ser armamento y todos los activos, pasan a manos del Estado nacional», afirmó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, principal responsable local de la lucha antidrogas y dirigente cocalero.
También dijo que se desconoce el trabajo que realizaban en Bolivia unos 35 agentes de la DEA.
El domingo pasado el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, señaló que tras la decisión del presidente para suspender todas las acciones de la oficina de la DEA, ya no tiene razón de ser la presencia de este personal.
Para el régimen de La Paz, un nuevo presidente en el país del norte permitiría reconducir las relaciones bilaterales y la ayuda antinarcóticos.
Mientras el gobierno reafirmaba la decisión para poner fin a las labores de la DEA que comenzaron a mediados de la década del 80, sectores de oposición abundaban sus críticas a la decisión de Morales.
El jefe del partido de oposición y ex presidente de derecha Jorge Quiroga (2002-03) lo acusó de impulsar una política «neoliberal cocalera: libre producción, sin control, sin fiscalización, sin forma de combatir, sin un rol del Estado, cuando la coca excedentaria se destina a la (fabricación de) cocaína».
El nuevo incidente por el papel de la DEA se produce en medio de la peor crisis diplomática entre La Paz y Washington, luego de que Morales decidiera en septiembre expulsar al embajador Philip Goldberg, acusado de conspirar contra su gobierno junto a la derecha local.
Campesinos cocaleros del Chapare (centro boliviano), la cuna política del mandatario, también expulsaron del lugar al programa de apoyo norteamericano USAID.