El presidente de Bolivia Evo Morales y los nueve prefectos del paí­s, entre ellos cinco férreos opositores, avanzaron en un acuerdo para desactivar una aguda crisis polí­tica en una reunión de casi 12 horas entre ayer y hoy y que continuará la semana próxima.

En la reunión, realizada en el Palacio presidencial, oficialistas y opositores determinaron dejar en manos de equipos técnicos la evaluación detallada de los temas en los que los desacuerdos son mayores, como la nueva Constitución propuesta por el oficialismo, el recorte de un ingreso a los departamentos y el proceso autonómico que demandan cuatro regiones.

«Hemos encontrado un principio de acuerdo en base a seis puntos que volveremos a analizar el próximo lunes en La Paz», informó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana al final de la agotadora reunión.

El funcionario explicó que el Gobierno y los prefectos decidieron buscar un pacto final que priorice «la unidad nacional, el rol del Estado en la economí­a, el apoyo al proceso de cambio (impulsado por el mandatario indí­gena) y la necesidad de seguir profundizando el proceso democrático con el desarrollo de las autonomí­as».

De su parte, el prefecto de la próspera Santa Cruz, Rubén Costas, considerado la cabeza visible de la oposición, confirmó que «se comienzan a dar las pautas para un gran acuerdo nacional» y opinó que «en este camino se tiene que avanzar con responsabilidad».

Sobre la mecánica en la búsqueda del acuerdo final, el prefecto opositor de la central Cochabamba, Manfred Reyes, informó que se decidió conformar «una gran comisión para evaluar los temas fundamentales de la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos».

«Hemos dejado abierta la posibilidad de revisar el proceso constitucional, revisar el recorte (a los departamentos) del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las autonomí­as», resumió el prefecto de la gasí­fera Tarija, Mario Cossí­o.

Las regiones rebeldes rechazan la nueva Constitución de corte indigenista y estadista que impulsa el presidente Morales y piden que el Gobierno les restituya la parte de sus presupuestos públicos anuales que el Gobierno pretende utilizar para financiar un bono para los ancianos.

El diálogo Gobierno-prefectos se instaló en un intento de concertar una salida a la confrontación que se ha radicalizado las últimas semanas y que amenaza con desbordar en actos violentos.

La reunión bajó el tono de la confrontación y se desarrolló entre pedidos de pacificar el paí­s en procura de un gran pacto nacional «para construir un paí­s sin odios, imitando a Sudáfrica», como lo propuso el prefecto Costas.

«Tiene que haber un desarme espiritual, repetir lo que hizo (el lí­der Nelson) Mandela en Sudáfrica, pues se necesita el perdón, para construir un paí­s sin odios», afirmó el lí­der del departamento de Santa Cruz, que junto a sus homólogos y organizaciones civiles de otras cuatro provincias son la más fuerte oposición al gobierno de La Paz.

A mediados de diciembre el oficialismo aprobó sin debate y sin la oposición un proyecto de Constitución, que es considerada por la derecha y por las regiones como ilegí­tima.

Los gobernadores de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija -que suman la mayor parte de la riqueza del paí­s- respondieron declarando una autonomí­a de facto, no reconocida por el Gobierno central, que los acusa de ser «secesionistas».

En la cita de La Paz participaron los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossí­o (Tarija), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando), Manfred Reyes (Cochabamba) y José Luí­s Paredes (La Paz), los oficialistas Mario Virreira (Potosí­) y Alberto Aguilar (Oruro) y el interino Ariel Iriarte (Chuquisaca), que suple al titular, que escapó a Perú por la violencia polí­tica en su región.