Se nos tiene que caer la cara de vergí¼enza por el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y del piloto de uno de ellos, pero mucho más aún al saber que los autores de ese crimen fueron agentes de la Policía Nacional Civil, lo que nos confirma sin lugar a dudas que existen en el país escuadrones de la muerte y que operan con absoluta impunidad. De no haber sido diputados del Parlacen las víctimas, el caso hubiera quedado como uno más de los que oficialmente las autoridades reportan como «pleito» entre pandillas del crimen organizado y parte sin novedad.
Es impresionante la cantidad de asesinatos que ocurren en el país con características tan similares a las del cometido contra estos salvadoreños; cuerpos calcinados en el interior de vehículos que son incendiados y luego las autoridades simplemente atribuyen los hechos a diferencias entre narcotraficantes, robacarros o secuestradores en disputas por el botín generado por las acciones ilícitas supuestamente cometidas. Ayer mismo el Presidente de la República, al explicar la participación de agentes de la PNC en el crimen, dijo que podía tratarse de problemas vinculados con esas expresiones del crimen organizado.
Lo cierto del caso es que nuestros cuerpos de seguridad urgen de una depuración efectiva y que se ha alentado, aunque sea de manera aparentemente extraoficial, la limpia social ejecutada por agentes del Estado que no tienen empacho alguno para eliminar a los supuestos delincuentes. No de otra forma puede explicarse que un grupo de lo más selecto de la fuerza policial actuara con esa saña, sangre fría y confianza en la impunidad en contra de cuatro personas que fueron literalmente ejecutadas. El móvil del crimen puede permanecer en el misterio aún y los agentes no van a contribuir en mucho con declaraciones que impliquen a cuadros superiores, pero la verdad es que como ciudadanos vivimos un estado absoluto de indefensión porque si nuestros guardianes, los encargados de proporcionarnos seguridad, son los criminales que andan matando a diestra y siniestra, la verdad es que estamos en crítica condición.
Importante es señalar que el Gobierno en este caso adoptó una postura correcta; en otros tiempos, tras una plancha con implicaciones internacionales como el asesinato de los diputados, lo que hubieran hecho las autoridades es mandar a eliminar a los responsables para dejar el crimen «por averiguar» y borrar todo vestigio que implicara a agentes del Estado. En este caso es un precio alto el bochorno que tenemos que sufrir, pero absolutamente necesario. Y ojalá que al transparentarse la existencia de escuadrones de la muerte funcionando en el seno de nuestra fuerza pública, se adopten medidas para combatirlos y terminar con ese absurdo de limpieza social que no es sino prostituir al aparato de seguridad del Estado que ya está suficientemente penetrado por poderes ocultos como para que políticas equivocadas de combate al crimen terminen por hundirlo más.