El estancamiento en la agenda legislativa impide al Congreso ratificar la ampliación del Estado de Calamidad decretado en ocho municipios afectados por el terremoto ocurrido el 7 de noviembre pasado.

En el artículo 6 la Ley de Orden Público refiere, el Ejecutivo podrá a través de un acuerdo gubernativo decretar Estado de Calamidad, pero deberá ser ratificado por el Congreso; solo así el Estado podría realizar acciones que dicha Ley permite, como el realizar  compras por excepción, como es el caso por la reconstrucción a causa del terremoto.

Debido a que el Congreso de la República se encuentra en proceso de interpelación desde el 22 de enero, los congresistas argumentan que por esta razón no se ha podido ratificar el Estado de Calamidad, el cual venció en el mes de diciembre pasado, luego que el 13 de noviembre el Organismo legislativo lo ratificará por 30 días.

Que no exista una ratificación de parte del Congreso le impide al Ejecutivo seguir realizando obras por Estado de excepción. El proceso indica que los acuerdos gubernativos emitidos por el Ejecutivo deben se dictaminados en el Congreso, en este caso es la Comisión de Gobernación la que tiene a su cargo emitir el dictamen de estos, el último en llegar al Congreso fue el que se emitió el 5 de abril, pero  aún no ha sido dictaminado por falta de firmas el acuerdo gubernativo del uno de marzo.

DOS PROBLEMAS
De acuerdo a este tema el diputado del Partido Patriota y presidente de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Juan José Porras, el que no exista un Estado de Calamidad ratificado por el Congreso, no le debe de permitir al Ejecutivo realizar compras a excepción para la reconstrucción, pero que no siga reconstruyendo los destrozos del terremoto también hace caer a dicho poder del Estado en otra ilegalidad, ya que el mandatario, Otto Pérez Molina, no estaría cumpliendo con sus deberes.

El diputado agrega que si el Estado realiza una acción respaldado por el Estado de Calamidad podría justificarse, debido a que el Congreso se encuentra en un impase, ya que no existe otra forma y no se pueden dejar a medias el proceso de reconstrucción, explicó Porras.

Por su parte la Contraloría General de Cuentas de la Nación indicó ayer, mediante la directora de auditoria gubernamental, Elizabeth Pacaja, que cualquier convenio o acuerdo que se suscriban o establezcan fuera del periodo de Estado de Calamidad son sujetos a sanciones.

INVESTIGARÁN DENUNCIAS
El diputado Amílcar Pop anunció que iniciará investigación sobre denuncias realizadas por pobladores del departamento de San Marcos, donde han indicado actos anómalos de los temas de reconstrucción, ya que según comentó Pop, las materias que se comprarían para dicho lugar se estarían usando en otros que no se encuentran adentro del Decreto de Calamidad.