El pasado 2 de mayo se anunció sobre la implementación de las escuchas telefónicas que ayudarí­an en casos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros; tal como se dio a conocer, este vespertino constató que existe dificultad para sacar y recibir llamadas en algunos centros carcelarios.

«Ya no podemos recibir ni sacar llamadas, ahora ya no podemos comunicarnos con nadie allá afuera», afirma una privada de libertad recluida en el centro carcelario de Santa Teresa, ubicado en la zona 18.

«Para que te lo voy a negar, antes sí­ podí­amos utilizar los teléfonos libremente, pero ahora nada», dice otra mujer que guarda prisión en esa cárcel.

Hace algunos dí­as este vespertino constató que la modalidad funciona en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18, de igual forma en la cárcel de mujeres de Santa Teresa.

Recientemente el fiscal general Amí­lcar Velásquez Zárate, en compañí­a del presidente de la República, ílvaro Colom y Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), anunciaron que la medida iniciarí­a a funcionar el 2 de mayo, con el fin de contrarrestar varios delitos latentes.

La disposición está contemplada en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que se aprobó en julio del 2006 y funciona con el apoyo técnico de la CICIG, el costo de ese equipo fue de Q10 millones.

Según se dio a conocer seis serán los juzgadores que interceptarán las llamadas, ellos fueron capacitados en Puerto Rico y Canadá.

De acuerdo con la Fundación Myrna Mack, más del 80 por ciento de secuestros se realizan desde las cárceles del paí­s; además también ha denunciado que las extorsiones provienen desde los penales.

Las autoridades de la Policí­a Nacional Civil (PNC) confirman esta versión, además señalan que los asesinatos contra pilotos del transporte público se planifican desde los centros de detención, pues tienen identificado a uno de los lí­deres intelectuales.