El jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, presidirá mañana su primer consejo de ministros en Nápoles, en el sur del país, con el fin de demostrar su voluntad de resolver la crisis de basuras en esta región, en una reunión en la que también se adoptarán medidas contra la inmigración ilegal.
«Con el dramático problema de las basuras, Berlusconi se juega la credibilidad de su gobierno», sostiene en un editorial hoy el diario Il Corriere della Sera, que admite que la «imagen internacional del país se encuentra horriblemente desfigurada».
Si bien la situación de las basuras ha mejorado en las últimas 24 horas y las calles del centro de Nápoles han sido limpiadas, los barrios periféricos están sumergidos en montañas de desechos.
«Nadie tiene la varita mágica, el problema es serio. La población espera mucho y no puedo decepcionarla», afirmó Berlusconi la víspera de su viaje a Nápoles, una ciudad administrada por la izquierda y que padece cíclicamente desde hace 14 años la crisis de las basuras.
Según el diario económico Il Sole-24 Ore, el gobierno conservador anunciará mañana una serie de medidas para acortar los trámites para construir varios incineradoras, a lo que se opone la población debido a que contaminan el terreno y el ambiente por la falta de control y los abusos.
El gobierno está estudiando también la posibilidad de emplear terrenos militares como vertederos y nombrar un secretario de Estado especial para ocuparse sólo del fenómeno de las basuras.
Nueve manifestaciones han sido convocadas para mañana debido a la visita de Berlusconi, entre ellas una organizada por la Asamblea Regional de los Inmigrantes, para protestar por las nuevas medidas contra la criminalidad y la inmigración clandestina que serán adoptadas ese día.
Los ministros se disponen a dar luz verde a un paquete de medidas urgentes, entre ellas una que limita a dos años la permanencia en la cárcel de los indocumentados tras lo cual serán expulsados, en vez de los actuales 10 años.
La inmigración ilegal será considerada además como una circunstancia agravante en caso de que el indocumentado sea detenido por otros delitos, según la prensa italiana.
El delito de inmigración ilegal, que divide al gobierno de derecha, deberá ser sometido en cambio a la aprobación del Parlamento.
El ministro del Interior, Roberto Maroni, exponente de la xenófoba Liga Norte, aseguró que el paquete de seguridad que será aprobado mañana entrará en vigor en julio.
El Partido Democrático de oposición se opone a la introducción del delito de inmigración ilegal que considera «dañino e inútil», así como las organizaciones humanitarias católicas que la tachan de «inconstitucional».
Un clima antiinmigrante ronda en varias regiones del país, en particular contra los gitanos, por lo que el Parlamento Europeo convocó para hoy un debate extraordinario sobre la situación de la comunidad gitana en Italia y en la Unión Europea.