Berger y los Acuerdos de Paz: De una realidad a otra – Hemeroteca

Un hombre camina entre retratos de personas asesinadas o desaparecidas durante el conflicto armado interno, durante una protesta para demandar justicia y exigir al Estado enjuiciar a militares acusados de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.

Han pasado once años desde que se firmó la Paz ?Firme y Duradera?, once años desde que el enfrentamiento entre hermanos fue aplacado y el derramamiento de sangre cesó… O en realidad no ha sido así, en realidad la paz firmada detuvo nada más el conflicto armado, más no detuvo las injusticias sociales, frenó el combate más no el sufrimiento de los guatemaltecos.

Carlos Duarte
lahora@lahora.com.gt

Los retratos de víctimas del conflicto armado interno se ven reflejados en los lentes de un hombre durante una protesta en demanda de justicia. Durante la actual administración se conocieron de casos de limpieza social y de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, muy similares a los ocurridos durante la guerra. Un grupo de soldados se ven alineados antes del inicio de las celebraciones del Día del Ejército. A pesar de ser una de las obligaciones del Estado luego de la firma de los Acuerdos de Paz, la reducción del ejército no ha sido efectiva. Un soldado contempla a una mujer que llora desconsolada durante un desalojo de una comunidad que invadió terrenos en el Petén. El ejército lejos de ser reducido ha aumentado sus filas y su presupuesto, con la excusa de que por los actuales índices de violencia es una fuerza necesaria. Una mujer llora junto a su hijo, luego que su esposo fuera detenido y llevado junto con otros a un destacamento militar para ser interrogados, luego de un operativo para desalojar una comunidad en Petén. Las tácticas utilizadas durante dichos desalojos hace recordar, con temor y tristeza, los días más oscuros del conflicto armado. Fuerzas militares antimotines se enfrentan con miembros de la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S., durante el desfile del Día del Ejército. A pesar del pasado sangriento de la institución armada de este país, aún se celebra cada 30 de junio como el Día del Ejército.

El gobierno de í“scar Berger se acerca a su final, el final de la era en donde ?se respetaron los derechos humanos?. Por lo menos esto es lo que afirma el mandatario y su gabinete, a pesar de que la realidad que sufre la población es otra a la realidad de Berger.

Anualmente la cifra de muertos por diversas causas ha aumentado, hasta convertirse en el último año de Berger en más de 6,000. Los asesinatos de mujeres también han aumentado desde el 2000, con un repunte durante los 4 últimos años. Aproximadamente 4,000 mujeres han sido asesinadas desde inicios de esta década, con un saldo final de 536 feminicidios este año. La impunidad en el país registra niveles exagerados. Una persona es capaz de cometer un crimen, y porcentajes registran que tiene el 97 por ciento de probabilidades de no ser culpado por dicho crimen.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, evidenciadas desde la muerte de los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano, el caso Gallito y la Granja Penal de Pavón, fueron de los principales dolores de cabeza de la administración que finaliza. También los desalojos violentos de fincas y granjas ocupadas por campesinos fueron una de las principales características de este gobierno.

A pesar de todo esto hay quienes creen que se ha logrado crear «Una sociedad diferente». Es lo que en opinión de Gustavo Porras, signatario de los Acuerdos de Paz, se ha ido construyendo en los últimos 11 años. El fin de la violencia y persecución política, consolidación de la democracia y una apertura de la libre expresión del pensamiento son algunos de los ejemplos citados.

Pero no solamente en el aspecto de seguridad y justicia hay críticas. El tema agrario sigue sin ser atendido, a esto se suma la poca eficacia de los proyectos de reconciliación, en donde existe un programa de resarcimiento que no funciona, mientras que se ha acelerado el pago de los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (ex PAC) y los procesos iniciados por violación de derechos humanos durante la guerra contra militares no avanza en los tribunales.

Otro de los puntos de rezago es el nivel de inversión social, el cual sigue siendo uno de los más bajos de la región, lo que sigue causando que Guatemala concentre los peores indicadores de calidad de vida del continente, superado sólo por Haití.

Y por último el tema tributario es uno de los enormes lastres que muestra el proceso, en donde apenas se ha alcanzado un 12 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual impide dotar al Estado de los recursos económicos que estén acordes a las necesidades que demandan los problemas que vive la sociedad guatemalteca.