El nombramiento de gobernadores departamentales ha sido viciado por incumplimiento de la ley, con la complicidad de funcionarios superiores de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, y el extraño silencio de quienes por mandato legal tienen la capacidad de proponer candidatos.
EN DOS OCASIONES la elección de candidatos de gobernador departamental de Sacatepéquez y el nombramiento, este último, a cargo del Presidente de la República, no se observó fielmente la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, decreto 11-2002.
En primer lugar, está claro que son los representantes sectoriales no gubernamentales en dicho Consejo, los únicos que tienen el derecho de elegir y proponer una terna de candidatos al Presidente, para que éste a su vez nombre a uno de esa lista. Recuerdo que cuando Berger nombró a Francisco Girón, el entonces secretario Ejecutivo de la Presidencia, Eduardo González Castillo, argumentó a favor de una supuesta democratización, permitiendo que se presentara una extensa lista de candidatos, lo cual violaba la ley, que establece que al mandatario se le debe presentar una terna (artículo 10, inc. «k»). Curiosamente, el nombramiento recayó en un activista de la campaña del partido oficial.
POR SEGUNDA VEZ no se cumplió la norma para nombrar al sucesor de Girón. Y lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de otros cinco gobernadores, recientemente, en igual número de departamentos, donde algunos ciudadanos han externado su malestar, porque es nada menos el primer magistrado de la nación, el que está violando la ley.
Lo que resulta sospechoso es que los dirigentes sociales, empresariales y universitarios, no gubernamentales, representados en los consejos departamentales de desarrollo no hayan protestado públicamente y presentado los recursos pertinentes para hacer que se respete la ley. Por ejemplo, en el caso de Sacatepéquez, yo nunca supe que delegados como Vicente Arranz, por las universidades, o Jeannette Cuéllar, por las ONG´s, rechazaran con firmeza un nombramiento anómalo. Y cuando esto ocurre, los representantes sectoriales se vuelven cómplices de irregularidades y de violaciones a las normas legales.
POR LO VISTO, Berger es reincidente en estas maniobras. Y es evidente que sus más cercanos colaboradores como Eduardo González Castillo, el subsecretario Ejecutivo Macario Oliva Muralles, y ahora Marcio Cuevas, han sido incapaces de oponerse a esos abusos de poder, encarnados en el Presidente de la República.
Los funcionarios públicos solo son depositarios de la ley, por lo que deben sujetarse a la misma en sus actuaciones; de lo contrario, como en el presente caso, la ciudadanía recibe un mensaje nada edificante, porque son precisamente los encargados de hacer que se respete la ley quienes las vulneran. Asimismo, las organizaciones sectoriales, con representación en los consejos de desarrollo debieran escoger con inteligencia a sus representantes y pedirles información de lo que ocurre adentro, en forma periódica, porque de otra manera, el conjunto de esas organizaciones es corresponsable de maniobras atentatorias contra el Estado de Derecho.
OTRA FALLA en el sistema de gobernadores es que tanto los proponentes de candidatos, como el Presidente (entidad nominadora), se han confabulado en contra la norma y los intereses de la población, al dejar de elegir y nombrar gobernador suplente, como la manda la ley.
Estos deslices y abusos de poder del Presidente, así como el silencio cómplice de los mencionados representantes en consejos departamentales de desarrollo, han tenido su repercusión negativa en la ejecución de obras. Recordemos que la falta de gobernador (pues no había, ni hay suplente) en Sololá, posterior a la tormenta Stan, se detuvo la inversión pública, lo que agudizó la situación de los afectados.
¿Seguirá reincidiendo Berger en sus últimos meses de gobierno?