Ejecutivo cuestiona decisión de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, la cual busca reducir el presupuesto sugerido para el funcionamiento del Ministerio Público (MP).
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La disminución presupuestaria de Q108 millones que enfrentaría el año entrante el presupuesto del MP fue descalificada por el presidente de la república, í“scar Berger, por considerar que la medida pone en riesgo el proyecto de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual se prevé funcione plenamente a principios del año entrante.
El mandatario aseguró que el Organismo Legislativo tiene la obligación de garantizar los recursos económicos que el MP necesita para la contratación de personal que será capacitado por la comisión internacional, la que será dirigida por el español Carlos Castresana.
Las declaraciones de Berger surgen un día después que el fiscal general de la Nación, Juan Luis Florido, sostuviera que de no ser aprobados los recursos recortados a la propuesta presentada por el Ministerio de Finanzas, la cual contemplaba Q686 millones destinados para el MP, se vería comprometido el trabajo en conjunto que esa institución debe realizar con los investigadores de la CICIG.
Los efectos que ocasionaría la reducción presupuestaria, de no ser corregida, según el Fiscal General, serían la incapacidad del MP para realizar múltiples contrataciones que se tenían contempladas para el año entrante.
En este punto Berger aseguró que para exigirle eficiencia al MP es necesario dotarlo de los fondos que sean necesarios. Dijo que no se le puede reducir los recursos al ente investigador del país, corrigiendo que en todo caso se debería incrementar el presupuesto. Agregó que la CICIG es un compromiso no sólo del Gobierno y del Congreso que aprobó el funcionamiento de la comisión, sino de todos los guatemaltecos en la lucha contra la impunidad.
No descarta las plazas fantasmas
El Presidente también se refirió a los hallazgos que presentó el Informe de Inventario de la Gestión Humana, realizado por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (Copre), el cual identificó que en la administración actual existen más de cuatro mil empleados públicos registrados con más de una plaza.
El informe registra además ciertas irregularidades en cuanto al registro que mantienen algunos ministerios y secretarías de gobierno, en donde se encontró que hay empleados que ostentan incluso hasta once puestos.
Berger manifestó al respecto que «es posible que existan plazas fantasmas», no obstante expresó que con el nuevo informe se podrá realizar una investigación minuciosa de los casos que presenten irregularidades, lo cual de encontrar trabajadores públicos que han violado la ley serían procesados ante los tribunales de justicia.
De igual forma instó a la nueva administración a darle seguimiento al tema e insistir en la necesidad de aprobar la Ley del Servicio Civil, la cual ya fue presentada ante el Congreso.