Da cólera que en un momento como el actual en el que al Estado no le alcancen sus ingresos, no se comprenda que hacer una consulta popular sobre Belice, en la forma en que se convino las preguntas, es violatorio de la Constitución y que, además, no se tendrá grandes probabilidades de recuperar territorio, islas o beneficios en el área marí­tima; que se está actuando como palomilla ciega, que el gobierno y la Cancillerí­a, para empezar, van a gastar Q10 millones, que no le sobran, en adquirir «bienes, suministros y servicios» exonerados de todo trámite.

 

Qué bienes puede adquirir la Cancillerí­a: teléfonos, plantas telefónicas, eléctricas, automóviles, como ya lo han hecho en el pasado cuando se les ha permitido comprar sin normas, regulaciones y licitación. ¿Qué suministros?: cenas, banquetes, cócteles, licores, vinos, como también ya lo han hecho cuando han tenido la oportunidad de gastar sin supervisión y control. En cuanto a servicios, se referirán a servicios profesionales o a pasajes, hoteles y horas extras. En todo caso, independientemente de lo que vayan a adquirir con esos millones, el gasto es innecesario, inconveniente y estéril.

 

Si empezamos con esa ruta equivocada, preguntemos cuánto costará una consulta popular y utilizando como parámetro lo que costó la última elección general, una consulta popular por lo menos nos costará la mitad de lo que se gastó en esa elección, lo que obliga a presupuestar unos Q150 millones a trasladar al Tribunal Supremo Electoral. Si esa cifra es equivocada y exagerada, que bueno serí­a que lo aclare quien tenga un dato más preciso.

 

Vuelvo a señalar: es más barato comprar el territorio en disputa, como Estados Unidos hizo con Luisiana y Alaska, proponiéndole a los actuales habitantes del territorio en disputa que se les dará en propiedad particular la extensión que demuestren que legí­timamente poseen o que han ocupado desde hace diez años. El resto del territorio ya propiedad del Estado de Guatemala servirí­a también para entregárselo en propiedad particular al pueblo quekchí­, que es el que ancestralmente vive en Alta Verapaz, Petén y Belice.

 

Lo planteado serí­a menos oneroso, garantizarí­a recuperar el territorio en disputa sin ningún riesgo y Guatemala recobrarí­a la soberaní­a sobre ésta área que sin ningún sustento legal, sin ser nunca parte de la concesión que España le otorgó a Inglaterra para cortar madera y no para que la ocupara, usurpara y a través del tiempo la poblara con personas que trajeron de la India, del Oriente Medio y de las islas del Caribe durante el imperio inglés.

 

En todo caso, retomando lo que cuesta una consulta, lo que para empezar la Cancillerí­a quiere gastar más los millones que seguramente va agregar en sus gastos para preparar el tema a presentar en la Corte Internacional de Justicia, los expertos abogados, los asesores, los múltiples viajes del ministro, viceministros, técnicos y expertos, el Gobierno actual debe indicar de dónde pretende obtener todos esos recursos y lograr que no sean un gasto estéril, especialmente en este momento que, cada dí­a más, el Estado es deficitario en sus ingresos tributarios.