A pesar de la aparente desventaja, el Gobierno de Guatemala seguirá adelante con el proceso de consulta popular para definir si el país delega en la Corte Internacional de Justicia el reclamo territorial sobre parte de Belice.
Según el diario oficial, el presidente Otto Pérez Molina afirmó que Guatemala honrará su compromiso de llevar a cabo la consulta popular simultánea con Belice, en el mes de octubre próximo, aun cuando Guatemala parece quedar en desventaja con ese país, debido a las recientes modificaciones de su Ley Electoral, que establecen que para validar una consulta de ese tipo, debe participar por lo menos el 60 por ciento de los ciudadanos empadronados y el 51 por ciento debe avalar la petición.
Guatemala y Belice consensuaron el año pasado realizar una consulta popular simultánea el 6 de octubre de 2013, con el fin de definir si los pueblos de ambas naciones deciden que la Corte Internacional de Justicia encuentre una solución sobre cerca de la mitad del actual territorio de Belice sobre el que Guatemala reclama soberanía.
Pérez Molina está dispuesto a llevar adelante la consulta, porque “debemos respetar los acuerdos internacionales firmados por Guatemala”, indica la publicación oficial. En ese sentido, agrega que “no vamos a quedar como un país irresponsable, que firma un acuerdo y después, como encontramos problemas, ya no lo cumplimos”.
“Debemos honrar la palabra y, en este caso, los documentos que han sido firmados», comentó el funcionario.
MILLONARIA CONSULTA
En Guatemala, la preparación de la Consulta Popular costaría aproximadamente Q260 millones, y según el mandatario se deberán hacer transferencias para trasladar los recursos al Tribunal Supremo Electoral, encargado del evento consultivo.
“El presupuesto se le transferirá al Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo mes a mes y que nos las darán a conocer a través de un flujo de caja que ya solicité», dijo el mandatario.
Pérez Molina solicitó al canciller Fernando Carrera un informe sobre los funcionarios que gestionaron los acuerdos alcanzados con Belice para la realización de la consulta, pero que habrían dejado de lado, de manera irresponsable, las modificaciones legales a lo interno de ese país.
Según el Canciller Carrera, el informe sobre los responsables que firmaron los acuerdos en el gobierno anterior, se entregará al mandatario guatemalteco en el plazo solicitado o posiblemente cuando regrese de su viaje por España y El Vaticano de la próxima semana.
El gobernante indica que aunque haya opiniones o sugerencias con respecto al tema, las instrucciones y fechas están establecidas en el acuerdo que se firmó entre ambos países en 2008, y se debe cumplir por las partes involucradas.
Según Geidy de Matta, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, es necesario encontrar solución al diferendo territorial, pero para el país, las limitantes serían financieras. “Es un tema histórico que debe resolverse (…) y como Estado se tiene que enfrentar”, afirmó.