Carlos Castresana, jefe de la CICIG, indicó que toda persona que «infringe la ley tendrá que responder por su conducta ante los Tribunales de Justicia y aunque esa es una realidad excepcional, más cuando se trata de personas de esa categorí­a o de ese poder polí­tico, económico, social, de la naturaleza que sea», señaló en la conferencia de prensa.

Por su parte, Amí­lcar Velásquez Zárate, fiscal general y jefe del MP, indicó que desde hoy, dí­a de su captura, se tienen 40 dí­as para formalizar la extradición. Sin embargo, será el sistema de justicia del paí­s que decida qué demandas debe resolver primero el ex presidente Portillo, ya que tiene distintos procesos pendientes.

De acuerdo con Velásquez, la propuesta para agilizar la extradición, podrí­a ser efectiva si el sindicado admite los delitos por los que se le acusa en este paí­s, para que posteriormente sea remitido a donde es solicitado.

Como parte del proceso de captura, se manifestó que fue a través del sistema de escuchas telefónicas que se pudo establecer la ubicación del ex mandatario, y que, tras cuatro dí­as de su búsqueda por todo el paí­s, se logró la captura; también resaltaron que el capturado no se opuso a la detención.

Portillo tiene una orden de extradición, solicitada por Estados Unidos, por estar sindicado de conspiración para el lavado de dinero.