Como se evidencia en la historia, Inglaterra a través de medidas de fuerza ha detentado numerosas colonias en el mundo, muchas de las cuales hoy son parte del Commonwealth. Actualmente, mantiene conflictos: el de Gibraltar, las Islas Malvinas e indirectamente el de Belice, cuyo territorio en disputa es producto de dos concesiones para corte de madera que le diera España y la usurpación abusiva que hiciera del río Sibún al río Sarstún a raíz de la independencia de Centroamérica y de Guatemala de España.

En ese territorio en disputa buena parte de la población es el traslado que Inglaterra efectuó de origen africano, caribeño, hindú y palestino, provenientes del  imperio inglés y una mínima parte, en el Distrito de Toledo, de origen queqchí.

Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos y de sus excolonias, logró -utilizando el concepto de la libre determinación de los pueblos- que se creara un Estado sin respetar los derechos de Guatemala en el territorio. Incluso, Belice con ayuda de malos guatemaltecos, “Tono y Edmund”,  maquinaron e intrigaron en un momento dado logrando que el presidente Jorge Serrano violara la soberanía e infringiera la Constitución de la República que claramente solo le permite al gobierno “promover relaciones sociales, económicas y culturales con la población de Belice”, que se establecieran relaciones diplomáticas, que por cierto no fueron avaladas por Álvaro Arzú pero sí firmadas por un viceministro de la época. Es más, ante una interpelación, Gonzalo Menéndez Park, sucesor de Arzú en la Cancillería, admitió que el establecer relaciones exteriores era un acto de gobierno, un acto político de Estado y no un acto social, económico o cultural.

Por todo ello y a pesar de las subsiguientes manipulaciones y equivocaciones, no debe de cometerse nuevamente un abuso o un error como el que el Congreso y el gobierno de Álvaro Colom cometió al considerar que podía someter a una consulta popular la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice, sobre territorios continentales e insulares y cualquier área marítima correspondiente a dichos territorios, sea sometido a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes”.

La redacción de la pregunta viola la norma constitucional contenida en el artículo 19 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución vigente, que categóricamente establece “el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta previsto en el artículo 173 de la Constitución”. ¿Acaso la pregunta que se pretende someter es un acuerdo definitivo? Por supuesto que no. Continuar con este proceder por el actual gobierno y de la Cancillería a cargo de Harold Caballeros, sería un baldón eterno en contra del presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del Canciller Caballeros. La consulta a realizarse el 6 de octubre de 2013 se debe abortar por ilegal e inadecuada, fuera que no tenemos los Q650 millones que Guatemala tendría que invertir en la consulta, dinero que hace falta en todos los programas sociales. ¡Cuidado, del honor a la traición hay un solo paso!” Veamos el caso de Judas, que después de ser un apóstol querido y respetado, pasó a ser una persona despreciada para el resto de la historia.