Después de haber librado la batalla en contra del reconocimiento unilateral del Estado de Belice que hizo Serrano y que culminó con el establecimiento de relaciones exteriores entre ese país y Guatemala, poco había que hacer o decir respecto a la antañona controversia territorial entre la Gran Bretaña y nuestro país. De hecho, ese reconocimiento apenas si despertó unas cuantas voces advirtiendo el carácter irreversible de la medida y la mayoría de la población calló dando una especie de carta blanca al gobierno de Serrano y a la misma Corte de Constitucionalidad que avaló la acción aunque con el voto muy bien razonado en contra de algunos de sus magistrados.
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Hoy nos enfrentamos a una realidad política derivada de aquel acto que es insoslayable. Belice forma parte del sistema de Naciones Unidas y del de los Estados Americanos y convive con Guatemala en todos los ámbitos de las relaciones exteriores. Como guinda del pastel, la última acción realizada por el gobierno de Portillo fue un revés muy grande para las pretensiones de nuestro país de lograr algún arreglo territorial que compensara el reclamo de Guatemala porque resultó que el experto nombrado para negociar en nombre de Guatemala terminó defendiendo la tesis de Belice.
Ayer se anunció en Washington y luego en Guatemala y Belice que ambos países firmarán en la OEA un acuerdo de compromiso para someter el diferendo a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, aunque no hay detalles de en qué carácter se someterá el asunto. Pero siendo que lo que resuelva la Corte es no sólo obligatorio para las partes sino que además inapelable, es claro que tras la firma del acuerdo de compromiso el asunto deberá ser sometido a una Consulta Popular para cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República.
Personalmente creo que este camino es el más correcto y adecuado porque tenemos que dirimir al final el problema de la controversia por el territorio de Belice. Por supuesto que Guatemala todavía tendría que hacer valer alguna reclamación territorial, aunque hay que entender que no existe la menor posibilidad de mantener el ancestral reclamo de que la totalidad de ese territorio tenía que ser parte integral de la República de Guatemala. Habrá que ver si la Cancillería, al aceptar la propuesta del Secretario General de la OEA, preparó ya un equipo legal competente, sea con profesionales guatemaltecos o extranjeros, que sepan plantear el caso.
Pero lo más importante es entender que desde la resolución de Serrano el capítulo de Belice prácticamente quedó cerrado y que los guatemaltecos tenemos que buscar las fórmulas de cooperación con ese vecino país para beneficio de ambas poblaciones. Aferrarnos a una reclamación que nunca fue bien planteada y a la que de hecho renunciamos cuando como Nación aceptamos lo que dispuso Serrano Elías, sería torpe y una verdadera pérdida de tiempo.
Lo que conviene ahora es que el Gobierno prepare bien su postura ante la Corte y que le explique correctamente todas las opciones a la población para que, cumpliendo con las formas legales, se pueda hacer una consulta popular en la que avalemos la decisión de ir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir, al fin y de manera definitiva, la añeja controversia.