Angélica, la niña ecuatoriana de 11 años cuyo caso conmovió a Bélgica, y su madre, fueron trasladadas hoy de mañana a la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas con miras a su expulsión hacia Quito al atardecer, indicó la Oficina Belga de Extranjeros.
A pesar de los numerosos pedidos de clemencia, incluyendo a la esposa belga del presidente ecuatoriano Rafael Correa y de varias decenas de manifestantes congregados ante el centro cerrado donde las dos ecuatorianas estaban detenidas desde el 30 de junio, el veredicto de expulsión por residencia ilegal será aplicado, precisó a la AFP la agregada de prensa de dicha oficina, Karen Vandeweghe.
«Está previsto que ellas embarquen esta tarde a las 18H50 a bordo de un avión hacia Quito vía Amsterdam con cuatro funcionarios belgas, incluyendo a un sicólogo», precisó esta funcionaria.
«Espero que Bélgica dará marcha atrás, porque es verdaderamente un caso terrible», había declarado el domingo al canal de televisión privado RTL-TVI Anne Malherbe, la esposa del presidente ecuatoriano, luego de visitar a Angélica Cajamarca y a su madre Ana en el centro cerrado situado en un suburbio de Bruselas, a poca distancia del aeropuerto.
El mismo Rafael Correa, durante un viaje privado a Bélgica, visitó a las dos ecuatorianas el 17 de julio e intentó infructuosamente de interceder en su favor.
Angélica y su madre fueron detenidas durante un control policial en la calle. La Oficina de Extranjeros destaca que ellas jamás presentaron una solicitud de asilo ni de regularización, y que como la mayoría de los 8.000 ecuatorianos que viven en Bélgica, se encontraban allí en forma totalmente ilegal.
Es el caso del padre de Angélica, quien también se encuentra en situación irregular, pero que fue dejado en libertad. Uno de los tres niños de la pareja, el hermano menor de Angélica, de cinco años, tiene la nacionalidad belga.
Este caso, que fue cubierto ampliamente por los medios de comunicación belgas, puso en evidencia la reclusión de menores de edad, durante semanas e incluso meses, en centros cerrados, denunciada desde hace años en Bélgica como contraria a la Convención Internacional de los Derechos Infantiles.