La Iglesia católica belga se halla cada vez más contra las cuerdas, presionada para que rinda cuentas por el escándalo de pedofilia en la que se ha visto implicada, tras la publicación de más de un centenar de testimonios de víctimas de abusos sexuales.
«Esto no ha hecho más que empezar», previene Gabriel Ringlet, escritor, sacerdote «progresista» y una de las figuras católicas más influyentes en Bélgica, al explicar que la Iglesia se enfrenta a una larga y penosa labor si pretende remendar su imagen.
La publicación el viernes de más de un centenar de testimonios de víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos, ocurridos en los últimos 50 años y recogidos en un informe elaborado por una comisión interna de la Iglesia, conmocionó al país y suscitó «el dolor» del papa Benedicto XVI.
Elaborado por una comisión interna que recibió casi medio millar de demandas por pedofilia en seis meses, el informe reveló además el suicidio de 13 de las víctimas y denunció la pasividad de la jerarquía católica ante los abusos.
La Iglesia belga prometió el lunes «aprender las lecciones del pasado», afirmando que de ahora en adelante escuchará mejor a las víctimas y creará para éstas un centro de reconocimiento y reconciliación.
Pero el gesto se adivina insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de casos de pedofilia prescribieron desde el punto de vista penal, por lo que a la Iglesia se le podrían reclamar otras formas de compensación.
El primer problema al que se enfrenta son los 91 sacerdotes pedófilos todavía en vida e identificados en el informe.
El obispo de la ciudad de Tournai, Guy Harpigny, avanzó el martes que pedirá a «todos los obispos que elaboren la lista de sacerdotes incriminados y los alentará a reclamar para cada uno de ellos un proceso canónico».
El ex obispo de Brujas Roger Vangheluwe fue el primero y hasta ahora el único religioso en dimitir de su cargo en abril por haber abusado durante años de su sobrino menor.
Muchas voces reclaman ahora que el ex obispo sea «dispensado» de sus obligaciones religiosas, un procedimiento muy largo y especial, reservado para los delitos graves y que sólo el Papa tiene la potestad de ordenar.
Según algunos obispos belgas, el Vaticano podría abrir en breve ese proceso.
Paralelamente, la investigación judicial sigue su curso, pese al frenazo que supuso a principios de mes la decisión de un tribunal de invalidar los documentos confiscados durante unos registros en el seno de la Iglesia.
Las pesquisas podrían desembocar en juicios civiles para los casos que todavía no prescribieron y eventualmente, en indemnizaciones para las víctimas.
En Estados Unidos, algunas diócesis se declararon en bancarrota tras haber tenido que abonar millones de dólares a las víctimas de sacerdotes pedófilos.
«Si reconocemos nuestra responsabilidad, pese a que no ocupábamos nuestro cargo en el momento de los hechos, corremos el riesgo de enfrentarnos a demandas de indemnizaciones masivas», reconoció el obispo Harpigny.
Por su parte, el mundo político belga, muy crítico con la Iglesia por este escándalo, debatirá a partir del viernes el informe sobre los abusos sexuales ante una comisión parlamentaria.
Varios partidos reclaman además establecer una «comisión de investigación parlamentaria» que disponga de los mismos poderes que un juez de instrucción.
Para el obispo de Tournai, la Iglesia belga «necesitará 25 años para recuperarse» de la controversia.