El presidente de Sudán, Omar el Bechir, desafió hoy a Occidente, calificando de «criminales» a los dirigentes de Estados Unidos y Europa y llamando a los países africanos a retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), que la víspera emitió una orden de detención contra él.
«Los verdaderos criminales son los líderes de Estados Unidos y Europa», lanzó Bechir ante decenas de miles de personas reunidas en el centro de la capital sudanesa en una nueva expresión de apoyo popular al jefe de Estado.
Bechir, que llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1989, arremetió contra el «neocolonialismo» de la CPI y de las instituciones internacionales.
«Hace 20 años que estamos bajo la presión del neocolonialismo y de sus instrumentos como la CPI, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional», afirmó.
Los manifestantes abuchearon a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a los «judíos», así como al fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo.
«Ocampo y los judíos, hemos sido entrenados para enfrentarnos a gente como vosotros», gritaba la multitud, que enarbolaba carteles con el retrato del presidente sudanés.
La CPI emitió el miércoles un orden de arresto contra Bechir por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en la región sudanesa de Darfur (oeste), sacudida por una guerra civil que ha causado 300.000 muertos según la ONU y 10.000 según Sudán.
El presidente Bechir ha repetido en los últimos meses que la CPI es el resultado de un «complot 100% sionista» para desestabilizar Sudán.
Al mismo tiempo se reunía a puerta cerrada en su sede de Addis Abeba el Consejo de Paz y de Seguridad (CPS) de la Unión Africana, que ya condenó la orden de captura de Bechir y decidió presionar para que el caso sea suspendido.
En un discurso pronunciado ante los 15 Estados miembros del CPS, del que la AFP obtuvo una copia, el jefe de la delegación sudanesa pidió a los países africanos que abandonen la CPI.
Mohieldin Ahmed Salim llamó a «los Estados miembros amigos a retirarse del estatuto de Roma», el texto fundador de la Corte Penal Internacional.
Después de que Sudán ordenase el miércoles la expulsión de 10 organizaciones internacionales que proporcionan ayuda esencial a los cerca de 2,7 millones de desplazados por la guerra, Jartum adivirtió de que otras ONGs podrían ser obligadas a abandonar el país.
Médicos Sin Fronteras informó el jueves a la AFP de que el gobierno sudanés le ordenó que cese sus actividades en Darfur y Acción contra el Hambre, afirmó estar «bajo una orden de expulsión pedida por el gobierno sudanés», expresando su «viva preocupación sobre la suerte de millones de personas que dependen de la ayuda» internacional en la mayor operación humanitaria del mundo.
El viceministro sudanés de Justicia, Adel Daeim Zumrawi, aseguró sin embargo desde Ginebra que la expulsión de las organizaciones internacionales «no conducirá necesariamente a una penuria de alimentos» en los campos de desplazados.
Adel Daeim Zumrawi recordó por otra pate que Jartum no tiene intención de reconocer la orden de la CPI. «No formamos parte del estatuto de Roma, así que no estamos vinculados a la CPI», afirmó.
También en Ginebra, el presidente de la Asamblea General de la ONU, el nicaragí¼ense Miguel D»Escoto, afirmó «lamentar» la decisión de la CPI.
Mientras la comunidad internacional se muestra muy dividida sobre la pertinencia de juzgar a Bechir, aumentan los temores de inseguridad y agravamiento de la crisis en Darfur.
En una prueba de unanimidad fuera de lo corriente, los rebeldes de Darfur aplaudieron la decisión de la CPI. «Esta decisión envía un mesaje negativo a los rebeldes, de que el gobierno está bajo presión y de que deben proseguir las operaciones militares», afirmó el vicepresidente sudanés Ali Osman Taha.
La ejecución de la orden de detención emitida el miércoles por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente de Sudán, Omar el Bechir, será un camino sembrado de obstáculos jurídicos y políticos, según expertos en derecho internacional.
«La orden de captura podría ser muy difícil de ejecutar», previene Jan Kleffner, profesor de derecho internacional de la Universidad de Amsterdam, interrogado por la AFP.
Bechir, de 65 años, es objeto desde el miércoles de una orden de detención de la CPI por crímenes de guerra y contra la humanidad en la provincia sudanesa de Darfur (oeste).
Según cifras de la ONU, unas 300 milpersonas murieron en la guerra civil que sacude esa región desde 2003, 10 mil según Jartum.
El arresto de Bechir incumbe a los Estados, ya que la CPI no posee una fuerza de policía propia. Además, el presidente sudanés no puede ser juzgado en rebeldía y el gobierno ya se ha negado de plano a cumplir la orden.
«Esto acaba de empezar. Es muy complicado», afirma Goran Sluiter, especialista en la CPI en la Universidad de Amsterdam.
Para empezar, Sudán no ha ratificado el texto fundador del tribunal, el Estatuto de Roma, recuerda Sluiter. El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, fue encargado de investigar la situación en Darfur por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en 2005.
Esta estipula que «el gobierno sudanés y todas las otras partes del conflicto en Darfur deben cooperar plenamente con la corte y el fiscal».
«Pero ¿qué significa plena cooperación?», se interroga Sluiter. «Los aspectos legales de esta cuestión no se han desarrollado, desafortunadamente», lamenta.
Para la CPI, en cambio, las cosas están bien claras. «La obligación del gobierno sudanés de cooperar plenamente con la corte prevalece sobre cualquier otra obligación», dijeron el miércoles los jueces.
Teniendo muy presente que Sudán ya ha «sistemáticamente rechazado toda colaboración», en particular en la orden de arresto, emitida desde mayo de 2007, de dos altos responsables – uno de ellos el ministro Ahmed Harun -, los jueces amenazaron con recurrir al Consejo de Seguridad. El único recurso de que disponen, según los expertos.
El fiscal Moreno Ocampo también insistió el miércoles en que «no hay inmunidad para Omar el Bechir». «Podrá ser detenido desde el momento en que viaje en el espacio aéreo internacional», advirtió.
Para ello, hará falta el compromiso de otros Estados, especialmente de alguno de los 108 países que ratificaron el Estatuto de Roma. Pero hasta el texto fundador ofrece muchas posibilidades de esquivar la responsabilidad, según Sluiter.
Por ejemplo, les permite impugnar la orden de arresto aportando pruebas contrarias. También pueden recurrir al artículo 98, que exime a los Estados de intervenir si Bechir se encuentra en su territorio, poniendo por delante acuerdos bilaterales con Sudán que ofrecen la inmunidad al jefe de Estado.
«Las cosas no están claras» sobre este punto, subraya no obstante el especialista en derecho internacional Cedric Ryngaert, de la Universidad de Utrecht, previendo encendidos debates al respecto.
Por ahora, la orden de arresto constituye sobre todo «una prohibición de hecho de viajar» y «pondrá bajo presión» al presidente sudanés, según los expertos.
«Las posibilidades legales existen, pero, como suele pasar con la justicia internacional, es la política la que decide», observa Kleffner.