El gobierno de Raúl Castro lanzó una batida contra el gigantesco mercado negro que se alimenta de robos al Estado, pero los cubanos son duchos en inventar para sobrevivir a diario y se las siguen ingeniado para burlar los controles: en Cuba casi todo se resuelve «por la izquierda».

«Esto no hay quien lo pare. Con mi vecino se puede «resolver» desde picadillo de carne, zapatos, muebles… hasta caja de muerto», dice un ama de casa de 45 años, vecina del barrio 10 de Octubre.

Julio dejó de trabajar para el Estado y lleva ya varios años fabricando los cigarrillos «Criollos». De la fábrica oficial alguien le saca los sellos y empaques, y elabora los suyos para colocarlos, en complicidad con el dependiente, en tiendas estatales.

Ariana vende en la perfumerí­a estatal adulteraciones de Carolina Herrera, Gucci o Givenchy. «Lo importante es que cuando se hace el arqueo de la caja no sobre dinero», explica.

Nelson dejó su empleo de técnico dental y, ahora de barman, «resuelve» las cajas de cerveza que «se caen del camión» -robadas- y las vende en el bar donde trabaja, primero las suyas luego las del Estado.

«Cada vez que hay una obra social, los vecinos arreglan sus casas con material del Estado. El techo de la mí­a salió de la construcción de un consultorio médico en frente. O sea, resolví­», contó un taxista, de Centro Habana.

Pero Raúl Castro, que asumió la presidencia en febrero ante la enfermedad de su hermano Fidel, está empeñado en combatir las ilegalidades, que dejan millonarias pérdidas en una economí­a controlada en más de 90% por el Estado.

En el último mes, la Policí­a cerró 82 almacenes, 72 fábricas y 31 talleres clandestinos en La Habana, cuya materia prima provení­a sobre todo del robo a empresas estatales.

Habí­a de todo como en botica: platos, vasos, cazuelas, accesorios del cabello, tirantes de sostén, champú, vaselina, detergente, juguetes, jabones, bolí­grafos, fideos, frazadas de piso, hilo, varillas de soldar, tabaco, carretillas y hasta equipos de computación.

Uno de los talleres, de muebles en maderas preciosas, operaba en los bajos de un centro estatal. Muchos funcionan en casas, las más grandes en las afueras de la ciudad.

La ofensiva involucra policí­as, agentes del ministerio del Interior, ex combatientes y los Comité de Defensa de la Revolución: el «Grupo Operativo de Enfrentamiento al Delito».

«Â¡Olví­date de eso!. La gente se asusta; pero después se le coge el golpe. Se hace la ley y también la trampa», confió un licenciado en matemáticas de 30 años, que vende chorizos, quesos y enlatados en oficinas del barrio Vedado.

Dice ser «la tercera mano» en la cadena de su negocio y hacerlo porque el salario promedio, que ronda los 400 pesos (17 dólares), no alcanza para nada aunque tiene educación y salud gratis, y alimentos subsidiados.

Un mecánico de 36 años, que tiene su taller ilegal en el populoso Marianao, explica la movida: «Uno se recoge. Se cierra por estos dí­as mientras el operativo, pero luego se vuelve a abrir».

«Â¡Recojan la ropa que ahí­ viene la monada!», avisan los mismos vecinos a los negociantes ilegales cuando la patrulla ronda por la zona.

A fines de 2005, Fidel Castro, aún en el poder, alertó que la revolución podí­a autodestruirse por la corrupción. Empezó la cruzada contra el robo de combustible, pero dos años después, aún se «resuelve» gasolina en la calle.

«Fidel alertó del peligro (…). Tenemos el propósito de acorralar las ilegalidades hasta eliminarlas», dijo Guillermo Pérez, del gobierno provincial de La Habana.

Hay incluso juicios públicos. Jueces con su toga, fiscal, secretaria y policí­a bajan de una «guagua», un autobús convertido en tribunal ambulante, y aplican la ley en plena calle a quien agarran in fraganti.

El eufemismo oficial que hablaba de «faltantes» quedó superado por la magnitud del problema. Hace un mes, el vicepresidente Carlos Lage sentenció: «la primera tarea de un jefe es que no le roben».