Mientras el presidente Colom pedía a los partidos políticos que le apoyaran para dotar de más recursos a las fuerzas de seguridad, el intenso cabildeo generado por la aprobación de los impuestos que propuso el ministerio de Finanzas ha generado en el Congreso un sentimiento de rechazo especial hacia el Impuesto de Solidaridad que está llamado a sustituir al de apoyo a los acuerdos de paz que actualmente es pieza fundamental de los ingresos fiscales y cuya existencia terminará a finales de este año.
Es obvio que todos los guatemaltecos clamamos por más seguridad y exigimos que se den garantías a los ciudadanos para que puedan no sólo gozar de sus bienes, sino vivir pacíficamente. También entendemos que para ello hace falta no sólo la voluntad política sino también recursos económicos para dotar a las fuerzas policiales. Pero siguen pesando varios factores que hacen a la gente desconfiada y suspicaz, puesto que no hay evidencia concreta de que estemos en un proceso de combate abierto a la corrupción y en el caso de la PNC, si bien los cambios parecen positivos, todavía falta que con hechos se demuestre que no se trata sólo de meterle más dinero a una estructura corrupta y comprometida con el crimen organizado.
Porque uno de los problemas que tiene que ver el gobierno es que urge realizar reformas más profundas porque de lo contrario, inyectar recursos a instituciones como la PNC puede ser, al fin de cuentas, que sirva únicamente para darle más dinero justamente a los que están trabajando al servicio del crimen organizado. Un mejoramiento de las finanzas de las instituciones de seguridad tiene que ir de la mano de su profunda depuración.
Y en términos generarles, el talón de Aquiles de toda propuesta de reforma fiscal sigue siendo la desconfianza ciudadana en cuanto a la forma en que se van a utilizar los recursos, porque hoy en día tenemos razones para sospechar que puede haber mal manejo y, lo peor, para estar seguros de que si eso ocurre no habrá castigo, como se está viendo con la tardanza para actuar en el caso de los 82 millones del Congreso. En realidad mientras no se procese a los sinvergí¼enzas es inaudito que esperen que los ciudadanos paguen más impuestos y por ello es que la reforma fiscal tiene que ser parte de una reforma profunda del Estado que incluya, desde luego, el fin de la impunidad.
Los diputados están ahora en posición débil para reclamar a los ciudadanos que paguen más cuando ellos mismos permitieron el despilfarro que hizo Meyer y compañía.