La vigencia del convenio que da vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que puso al Congreso de la República ante la disyuntiva de aprobarlo de urgencia nacional, so pena de ser señalado mediáticamente como un organismo del Estado que apaña la impunidad y que protege a los grupos del crimen organizado, es aun cuesta arriba, porque si bien el Ejecutivo le ganó el pulso al Legislativo, la batalla final será librada en la Corte de Constitucionalidad (CC).
En plena efervescencia electoral, las principales fuerzas políticas se vieron envueltas en una presión nacional e internacional que las obligó a aprobar ese instrumento legal so pena de que quien no lo hiciera sería señalado de apañar el crimen organizado y afectado políticamente, situación que abrió paso para que sin mayor discusión, la mayoría parlamentaria diera el sí.
Los partidos políticos FRG, Unionistas y Movimiento Reformador, señalaron que la CC no fue contundente, cuando opinó acerca de la constitucionalidad del convenio, por lo que se justificaba plenamente que el proyecto de ley de la CICIG fuera trasladado a la comisión de Derechos Humanos, la única comisión del Congreso de la República que tiene rango constitucional y que ninguno de los bloques legislativos domina, habida cuenta que la misma se integra por un representante de cada una de las facciones políticas, representadas en el Legislativo.
Se rompió acuerdo en la Instancia de jefes de bloque
Ese fue precisamente el compromiso que los partidos políticos habían asumido en la Instancia de jefes de bloque para abrir su discusión, pero que no fue honrado por UNE, herido aún por el escándalo de la semana pasada, cuando uno de sus diputados, César Fajardo, el segundo al mando después de ílvaro Colom, secretario general, firmó el dictamen que improbaba la CICIG, quien posteriormente fue obligado a retirar su firma, so pena de expulsarlo de las filas del partido que encabeza las encuestas.
Fue el bloque oficial a través del diputado Jorge Méndez Herbruger, quien mocionó para que se alterara el orden del día y se dispensara el dictamen de la comisión de Derechos Humanos, tal como lo había dispuesto el Pleno, para aprobar de urgencia nacional, en una sola lectura, el convenio de la CICIG, que apenas la semana pasada la comisión de Relaciones Exteriores lo había dictaminado desfavorablemente por adolecer inconstitucionalidades, según la presidenta de esa comisión, Zury Ríos Sosa.
El dictamen desfavorable fue rechazado por 115 diputados y solo 22, todos del FRG, sostuvieron su posición. Los unionistas a través de su jefe de bancada, Pablo Duarte, habían advertido que se retirarían del hemiciclo, tal como lo cumplieron, si se rompía el compromiso asumido en la Instancia de jefes de bloque, respecto a abrir la discusión del tema en la comisión de Derechos Humanos y que el proyecto sufriera su trámite ordinario de aprobación en tres lecturas.
FRG intentó dilatar la sesión
Después de escuchar la lectura del dictamen desfavorable, el FRG, a través de su jefe de bancada, Arístides Crespo Villegas, en cumplimiento estricto a lo establecido en la Ley de Régimen Interior, exigió que los diputados que no firmaron el dictamen, Eduardo Meyer, Jorge Méndez, entre otros, explicaran al Pleno los motivos. En un santiamén, explicaron su posición ambos legisladores e inmediatamente el proyecto de decreto se sometió a votación.
El diputado Jorge Ríos Castillo, también del FRG, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores, razonó su voto a favor del dictamen desfavorable, afirmando que la CC, solamente se había referido sobre la constitucionalidad de la CICIG, pero que la misma corte señalaba que esta comisión internacional debía sujetarse a los preceptos constitucionales y al demás ordenamiento jurídico interno del país, y que el Congreso debía realizar los cambios pertinentes, porque tal como está redactado el convenio viola flagrantemente la Constitución Política.
Unionismo ve golpe de Estado al Estado guatemalteco
El diputado Mariano Rayo, señaló que la bancada unionista votó en contra del dictamen desfavorable, porque esperaba que el proyecto fuera realmente discutido en la comisión de Derechos Humanos. Instituciones como Cedecon, alertaron que el Congreso de la República debía legislar, toda vez que existen elementos sustantivos, en el sentido que si ese acuerdo va a funcionar en la forma en que está redactado puede representar al final un golpe de Estado al Estado de Guatemala, subrayó el legislador.
La diputada Zury Ríos, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, afirmó que tal como está redactado el convenio de la CICIG «vemos a una secretaría general de la ONU, mediante un aparato burocrático, que pretende compartir, si no dirigir, funciones de Procuraduría de Justicia y Cancillería dentro de un Estado miembro». «Quienes no lo saben, tal como está redactada dicho convenio, pueden allanar cualquier casa, finca y ocultar testimonios acusatorios de quien lo acusa, a voluntad de la CICIG».
«Me llama la atención las voces que aquí hemos escuchado en contra del imperialismo yanqui, de la ocupación extranjera, de los americanos y europeos, pero que hoy hacen comparsa con WOLA y Amnistía Internacional», subrayó la diputada Ríos Sosa, en defensa del dictamen desfavorable en contra de la CICIG que la semana pasada evacuó la comisión que preside.
La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, del FRG, señaló que ningún país de los 198 en el mundo tiene una CICIG. Guatemala sería como un conejillo de laboratorio
«Quien se siente limpio, sin jabón se baña»
El diputado Manuel Castillo Medrano, también levantó su voz en apoyo a la CICIG. Dijo que cuando uno no se siente capaz hay que pedir ayuda. ¿Qué perdemos?, se preguntó, ya que el financiamiento de la CICIG no le va a costar un solo centavo a Guatemala, sino a la cooperación internacional. Además, «Quién se siente limpio, sin jabón se baña», sentenció el legislador, quien instó a sus colegas aprobar la ley de una sola vez
Fueron pocas las voces que adversaron el Convenio de la CICIG, porque el resto de bloques legislativos apoyaron incondicionalmente el proyecto. La diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, en respuesta a los comentarios que la CICIG viola la soberanía nacional, el estado de derecho, señaló que no se puede hablar de estado de derecho, cuando a diario son asesinadas tres mujeres, y que de lo que va del año, han sido asesinados 491 guatemaltecos, incluyendo dos menores de edad.
El Ministerio Público ha sido inutilizado y es evidente que sus 300 investigadores, 100 de ellos en la Policía Nacional Civil (PNC), son insuficientes para investigar, amén de la corruptela que impera en el seno de la Policía y las grandes limitaciones del Organismo Judicial con un presupuesto insuficiente para administrar justicia en el país. Por eso, afirmó que apoya la instalación de la CICIG en Guatemala, que es un apoyo temporal de la comunidad internacional con expertos y recursos propios.
Quienes se oponen tienen miedo que la justicia les llegue
La diputada Anabella De León, del Partido Patriota, dijo que Guatemala clama transparencia y justicia, porque no es posible que diariamente se quite la vida de manera violenta a 26 guatemaltecos. Es necesario el establecimiento de la CICIG, porque el Estado de Guatemala no está cumpliendo con su obligación constitucional que es garantizar la vida de los guatemaltecos, puntualizó la diputada De León, quien dijo que su partido, apoyaba el convenio, porque la CC ya había opinado favorablemente a la instalación de la comisión.
Quienes se oponen a la CICIG tienen nombre y apellido y están retorciendo la opinión de la CC. Contradecir lo que dice la CC es poner más pretextos para dilatar la instalación de la comisión en un país como Guatemala, perfecto para el crimen y solo denota miedo que la justicia les llegue algún día, señaló en su intervención la diputada De León.
Como ejemplo, de la ineficiencia del Ministerio Público, recordó el asesinato de los tres diputados salvadoreños, cuyos asesinos, miembros de la Policía Nacional Civil, en tiempo récord fueron capturados, pero que en menos de 48 horas fueron asesinados en una cárcel de máxima seguridad para ocultar la identidad de los autores intelectuales.
El resto de las intervenciones de los diputados fueron en ese sentido, justificando plenamente la necesidad urgente de instalar esta comisión, aunque algunos legisladores, como Alfredo De León, dijeron que la misma no resolverá el problema de la impunidad en Guatemala, aunque la apoyaba porque consideraba que coadyuva a combatir el flagelo de la impunidad, enquistada en las estructuras de gobierno.