---

El Acuerdo Ministerial 126-2000, suscrito por las carteras de Gobernación y Defensa el 18 de junio de 2010, indica que «las instalaciones de una base o unidad militar que se encuentre ubicada en la Capital podrán ser utilizadas por el Sistema Penitenciario (SP), para recluir a las personas privadas de libertad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, o porque su vida o integridad personal se encuentra en peligro».

De esa cuenta, la normativa abre la posibilidad para que se traslade a sindicados -de casos de alto impacto- del Preventivo para Varones de la zona 18 a la Base Militar Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17; la Brigada de Policí­a Militar Guardia de Honor, en la zona 10 y el Cuartel General de Matamoros, ubicado en la zona 1.

Aunque hasta el momento sólo se ha utilizado con esa función el cuartel Matamoros, Nery Morales, vocero del Ministerio de Gobernación, refiere que los próximos traslados se realizarán a solicitud de la Fiscalí­a Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene a su cargo procesos de alto impacto.

«Esto va a depender de las solicitudes que haga la Fiscalí­a Especial a los Tribunales, que lleva los casos de alto impacto», precisó Morales.

LOS INQUILINOS

Los primeros inquilinos del Cuartel General de Matamoros fueron los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés Paiz, sindicados por su presunta complicidad en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.

Después de permanecer por más de seis meses prófugos de la justicia, los hermanos se entregaron a las autoridades el pasado 28 de junio, coincidentemente, tres dí­as después de publicarse el Acuerdo entre Gobernación y la Defensa, para recluir a privados de libertad en las bases o unidades militares.

El tercer beneficiado fue el ex asesor presidencial durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), Napoleón Rojas, a quien se sindica del desví­o de Q30 millones de fondos públicos; sin embargo, su paso por Matamoros fue breve, pues una hora después de su ubicación en la base militar, se ordenó su traslado al Preventivo.

Esto, porque Rojas es militar retirado, lo que podrí­a dar lugar a complicaciones en la administración de la base de las milicias.

El 7 de julio se entregó a la justicia Diego Moreno Botrán, sindicado de haber participado en una campaña de desprestigio en contra de Carlos Castresana, jefe de la CICIG, como parte de un montaje para beneficiar a los Valdés Paiz.

Verónica Galicia, titular de juzgado Décimo del Ramo Penal, le notificó que era buscado por el delito de encubrimiento propio, luego de encontrar documentación en varios allanamientos, que lo involucraban con una campaña de desprestigio contra el representante del ente internacional.

Galicia envió a Botrán al Cuartel de Matamoros, argumentando que en el Preventivo de la zona 18 su vida corrí­a riesgo, porque su familia ha sido perseguida por delincuentes.

Ese mismo dí­a, pero en horas de la noche, fue trasladado del Preventivo para Varones de la zona 18 a ese Cuartel, el ex presidente Alfonso Portillo, capturado en enero pasado en Punta de Palma, Izabal, por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

El traslado del ex mandatario se efectuó, de acuerdo con una solicitud de la Fiscalí­a Especial, que pedí­a el cambio de lugar de reclusión, por la existencia de un supuesto plan para asesinarlo.

Según trascendió, un grupo de pandilleros realizarí­a un motí­n en un dí­a de visita; éstos tení­an previsto destruir paredes y pasillos de la cárcel hasta llegar a la celda de Portillo para matarlo.

MAL NECESARIO

Sobre el uso de unidades y bases militares para la reclusión de privados de libertad, representantes de organizaciones civiles manifestaron su preocupación frente a varios aspectos, que les hacen considerar «inadecuada» la utilización de instalaciones castrenses en la detención de civiles, aunque están conscientes de que la situación «caótica» de las prisiones en el paí­s obliga a implementar este tipo de medidas.

Los entrevistados coinciden en que es «inconstitucional» recluir a los procesados en las instalaciones militares, además señalan que la medida enví­a un mensaje negativo a la sociedad, sobre la diferencia que se hace entre un reo de «primera y segunda categorí­a».

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), cree que la medida es excepcional pero inconstitucional, puesto que es el SP, una entidad civil, el encargado para resguardar a los privados de libertad.

«Es inconstitucional. La Constitución establece que el SP es de carácter civil y por lo tanto, estamos tomando una medida excepcional pero riñendo con la Constitución. Por otra parte, no tenemos ninguna garantí­a de que en las bases militares sí­ se va a preservar la vida de las personas», indica el experto.

Además, señala que el problema se origina ante la falta de una prisión de máxima seguridad, la cual, según el titular de la CICIG, Carlos Castresana, deberí­a ser una prioridad para las autoridades penitenciarias.

Según Asturias, no existen centros de prisión preventiva «por la falta de voluntad polí­tica desde hace años, pues la comunidad internacional ha apoyado para llevar a cabo un proyecto de este tipo, pero nadie se ha preocupado por su implementación.

El profesional indica que una medida adecuada en esta situación, es que las bases pasen a formar parte del poder civil, es decir, que la prisión preventiva que se desee utilizar, sea controlada por Gobernación.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), refiere que es motivo de preocupación el uso de los centros militares para retener a civiles, por lo que también considera «inconstitucional» la normativa, aunque advierte que está consciente de que los centros carcelarios atraviesan por una situación «caótica», por el control que mantienen los privados de libertad en los mismos.

«Nosotros hemos reiterado que puede ser inconstitucional el hecho que usen instalaciones no apropiadas para mantener privados de libertad que están siendo procesados porque para eso existen, según la ley, los centros penitenciarios», precisa.

«Es cierto, hay que reconocer que las cárceles se encuentran en una situación caótica por lo que intentan justificar la medida, pero realmente se debe de empezar con un proceso de recuperación de los centros carcelarios que están en poder de los reos, de la delincuencia; no se debe argumentar de que para resguardar la vida de las personas los van a pasar a cuarteles», afirma.

Otro aspecto que destaca Polanco, es que las personas detenidas en los cuarteles o bases militares pueden ser tratadas con un trato «preferencial», y en lugar de purgar la pena por su conducta podrí­an estar recibiendo un «premio en lugar de castigo».

«Pareciera que hay reos de primera y de segunda. Hay que tomar en cuenta que todos deben ser tratados igual y que todos corren riesgo, o de lo contrario, que trasladen prácticamente a todos los que están siendo objeto de intimidación en las cárceles», afirma.

Helen Mack, comisionada para la Reforma Policial, por su parte, opina que es comprensible el traslado de los reos a las bases militares, por el riesgo que representa para algunos, pero reitera la importancia de crear una cárcel de máxima seguridad.

«Desafortunadamente, el contrato de la cárcel de máxima seguridad que se supone que debí­a servir para esta clase de personas, fue un contrato que tuvo corrupción; para personas que están riesgo por la clase de impacto polí­tico es comprensible ese perí­metro, tiene cierto sentido, pero por eso es importante exigir una cárcel con los estándares internacionales necesarios», indica.

Pero tras su inconformidad, por el carácter «inconstitucional de la normativa, los analistas consultados coinciden en que se requiere de la depuración y modernización tanto de la administración del SP, como de sus instalaciones.