Expertos en derechos humanos han denunciado las ejecuciones extrajudiciales como una práctica constante en Guatemala, a ese fenómeno se suma el «clamor» de algunos sectores de la sociedad que abogan por la aplicación de la pena de muerte.

Actualmente es el Congreso de la República el que tiene en sus manos el tema de la aplicación de la pena de muerte, la cual se encuentra en un limbo jurí­dico desde 2001 cuando el ex presidente Alfonso Portillo le retiró al Ejecutivo la facultad de decidir sobre el recurso de gracia.

Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales también son un tema que actualmente flota en la atmósfera de la opinión pública ya que actualmente se han emitido una serie de órdenes de captura contra altos ex funcionarios y agentes de la PNC que integrarí­an una red dedicada al asesinato de reos.

En Guatemala la impunidad ha rozado el ciento por ciento en los casos investigados por las entidades de justicia, ante estas condiciones ¿es factible la aplicación de la pena de muerte?, ¿son las ejecuciones extrajudiciales una práctica que reemplaza el vací­o legal de la aplicación de la pena capital?

MUERTES

A criterio de Javier Monterroso, analista en temas jurí­dicos, la principal motivación de los partidos polí­ticos que reactivaron el tema de la aprobación de la pena de muerte es la campaña electoral anticipada, y con ese tema ganar votos e impulsar propuestas populistas que no buscan resolver la situación de inseguridad del paí­s.

El analista añadió que existe una relación í­ntima entre los temas de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales: «El hecho que se contemplen, pero no se aplique la pena de muerte en Guatemala, conlleva a cierto nivel de justificación para algunos sectores. Incluso, alcanza un discurso cotidiano de funcionarios de justicia y seguridad», comenta Monterroso.

Sin embargo, Monterroso destacó que esa justificación es falsa ya que la pena capital es un recurso impuesto en una sentencia judicial que lleva un proceso, una defensa; mientras que las ejecuciones extrajudiciales son un asesinato arbitrario.

Monterroso añadió que los sectores que demandan la aplicación de la pena capital son el sector de las ví­ctimas que no han sido atendidas adecuadamente por el sistema de justicia, el polí­tico y partidista que sólo busca votos, y el conservador conformado por iglesias evangélicas.

IMPUNIDAD

César Barrientos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, opina que «el poder judicial atiende a una posición de indiferencia frente al tema de la impunidad y desde ahí­ es que se origina la crisis en la que se encuentra el paí­s y que lleva a un grueso número de pobladores a creer que la justicia por mano propia aporta una solución».

Al preguntarle al entrevistado sobre qué es lo que crea la impunidad en el paí­s, este respondió: «lo que pasa es que tenemos miedo, frustración, dolor e impotencia. Como no hay nada que nos haga ver hacia el futuro, que nos permita ver que el pacto social puede ser posible entonces vemos hacia el pasado, donde la violencia producí­a cierto orden pero fue por motivos de la guerra y confrontación», explica.

El magistrado añade que no existe una cultura de sometimiento a la ley e impera en cambio una cultura de privilegios clientelar y que ha hecho prevalecer los derechos sobre las responsabilidades: «El delito no se combate con el delito; la ley es el instrumento que debe guiar la actuación. Aunque se crea por buenos propósitos en las acciones de justicia por mano propia, éstas siempre pasan a lo discrecional que lleva a la arbitrariedad y al abuso y a creerse que uno puede ser su propio juez, el que crea y ejecuta la ley a su propia manera».

Optimista Barrientos, dice estar convencido que en medio de la crisis en la que se encuentra el paí­s, la sociedad tendrá la capacidad de reestructurar su vida y su Estado para transitar en el camino del respeto, convivencia y la paz, «pero para eso debemos hacerlo sólo en la ley y quien la incumpla debe ser sometido a la misma», comenta.