Luego de que se conociera la noticia del deceso del Magistrado César Ricardo Crisóstomo Barrientos Pellecer, uno de sus colegas, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) descartó que su suicidio haya derivado de presiones relacionadas con su trabajo en el Organismo Judicial, pues consideró que de ser así, “lo habría denunciado”.

No obstante, el Magistrado sí denunció el acoso del que fue víctima antes de morir.

Barrientos Pellecer falleció el domingo 2 de marzo de 2014. La Fiscal Claudia Paz y Paz confirmó que su muerte correspondió a un suicidio y corroboró que de un disparo en la cabeza, el Magistrado se quitó la vida.

Para muchos el suicidio del jurista correspondió a asuntos personales y quizás familiares, pero según denuncias del togado, su muerte estaría relacionada a su trabajo en el Organismo Judicial.

A diferencia de lo que dijo otro integrante de la CSJ, el togado denunció los hechos que lo acorralaron, y hay pruebas de que accionó  en el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sin embargo, en la mayoría de casos los argumentos, las pruebas y las peticiones del togado no fueron escuchadas, y las respuestas de las instituciones a las que acudió, si no existieron, no fueron incidentes ni cambiaron su situación.

Llamadas con intimidaciones a su celular personal y al teléfono de su residencia, peticiones para que dejara el cargo como Magistrado, mensajes amenazándolo con que uno a uno sus hijos serían procesados, daños en la tumba de su madre y cartuchos en su automóvil, fueron solo algunas de las agresiones que denunció.

Cuatro años de acosos tumbaron al profesional del Derecho que luchó buena parte de su vida por mejorar el sistema de justicia guatemalteco, y que ahora le deja a las instituciones denuncias que quizá, de tener resultados diferentes, hubiesen cambiado esta historia.

El togado decidió morir antes que ceder a las presiones, pero previo a llegar a eso, denunció y buscó sin encontrar la justicia en la que creyó.

UNA BOLSA CON CARTUCHOS

El 6 de agosto de 2010 el magistrado Barrientos acudió al Ministerio Público. Llegó a denunciar que en su vehículo tipo picop apareció una bolsa de plástico conteniendo 44 cartuchos con leyenda “IMG 106.56” en la base.

El caso fue asignado a la Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos del MP, con el número de expediente M0012/2010/86136 y lo conoció específicamente la agencia Dos de dicha Fiscalía, que el 20 de noviembre de 2012, más de dos años después, le contestó.

“Dentro de las investigaciones practicadas por esta Agencia no fue posible establecer el tiempo en el que fueron dejados tales cartuchos y por lo mismo tampoco es factible establecer la identidad del propietario así como la procedencia y legalidad de los mismos y en esa virtud, se desestima la presente por no poderse proceder”, respondió la Fiscalía.

De esa cuenta el caso se cerró “en virtud que no se puede proceder, hasta que nuevos elementos de convicción hagan posible la reanudación de la presente investigación, o bien por decisión de Juez Competente la presente deba continuar”, firmó la fiscal a cargo de las pesquisas.

Esa fue la primera denuncia del Magistrado, que para esa fecha llevaba once meses como Presidente de la Cámara Penal de la CSJ, mientras que sus ideas y proyectos para hacer la justicia una realidad en Guatemala, fueron incomodando a sectores que cada vez apretaban con mayor fuerza.

DERECHOS HUMANOS Y MAYOR RIESGO

El 12 de diciembre de 2009 la Cámara Penal resolvió el reconocimiento y la obligatoria ejecución de las sentencias dictadas contra el Estado de Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno.

También ordenó la reapertura de esos procesos para determinar la existencia de los hechos acusados y establecer  un debido proceso, la responsabilidad penal y la pena a imponer.

En un memorial enviado el 16 de noviembre de 2012, a Francisco Dall’Anese, entonces jefe de la CICIG, el magistrado Barrientos indicó que tal decisión dio cumplimiento a la obligación internacional de la averiguación de la verdad, la reparación de daños y la garantía de no repetición de hechos por esa naturaleza.

Eso despertó los casos de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno que “estaban en el país irregularmente suspendidos o archivados”, según Barrientos.

Para el momento en que el Magistrado envió la misiva a Dall’Anese, los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo llevaban ya tres años de funcionamiento; ese mismo año se inauguró la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Ese era el contexto y esos eran los temas que preocupaban al jurista, puesto que las medidas fortalecieron el sector justicia, pero al mismo tiempo provocaron un incremento de las amenazas y limitaciones que buscaban afectar el funcionamiento independiente de la justicia penal, aseguran fuentes judiciales.

En ese sentido, en la carta a Dall’Anese, el togado le dijo que era determinante, “para salvaguardar la independencia judicial y proteger de amenazas, coacciones e intimidaciones a los jueces y magistrados de mayor riesgo”, que la CICIG realizara un informe temático en el que se analizara e identificara si dichas intimidaciones eran  impulsadas por grupos paralelos o estructura ilegales.

El jurista le pedía al ente internacional que determinara los fines, el origen, los autores, el objeto, las modalidades y las fuentes de financiación de estas agresiones, así como qué papel jugaban abogados de las partes procesadas penalmente.

También le pidió a la Comisión que valorara la posible relación entre estos grupos y algunos dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, así como algunos auxiliares judiciales de los Juzgados y Tribunales de Mayor Riesgo.

Asimismo, le solicitó a Dall’Anese que en el informe determinara si existía una estructura clandestina o ilegal organizada para desarrollar las acciones descritas, cuál era la lógica de operación y si estas amenazas también se extendían a la vida y dignidad de los jueces.

Además, pidió que se determinara la existencia de incidencia de estas estructuras paralelas en los procesos en Comisiones de Postulación de magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.

También solicitó que la CICIG identificara la presencia de un proceso que pretendía descalificar a los jueces independientes, que en sus fallos cumplían con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.

“Si por esta razón se les criminaliza con prácticas similares a las utilizadas contra los promotores de derechos humanos y si ello se encamina a promover por matices ideológicos la depuración de quienes ejercen la función judicial independiente en el país”, era una cuestión que el Magistrado buscaba dilucidar.

El jurista también requería saber si el Estado cumplía con garantizar la independencia judicial, así como la estabilidad y permanencia de jueces en el cargo, y garantizar el derecho de las víctimas de acceso a la justicia.

Y por último solicitó que en el informe la CICIG recomendara al Estado la adopción de políticas públicas para garantizar la independencia judicial y la objetividad de la acción penal incluyendo propuestas de reformas legislativas, reglamentarias o administrativas necesarias en Guatemala para tal fin.

Una copia de la misiva la recibieron Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas; los entonces  presidentes de la CIDH; Alberto Brunori, representante en Guatemala de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh); Richard Barathe, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Claudia Paz y Paz, Jefa del MP.

Dos meses después, la CICIG le respondió a Barrientos que la investigación de su petición fue disgregada en nueve ejes, atendiendo a cada una de sus solicitudes.

En una entrevista con La Hora, Iván Velásquez Gómez, actual jefe de la CICIG, afirmó que a finales de 2013 habló con el Magistrado sobre ese tema en particular, y aunque no se continuó con la elaboración de dicho informe temático, sí se buscaba iniciar una investigación con los aportes que el togado pudiera brindar.

“Realmente la gran preocupación que él tenía especialmente respecto de la seguridad de los jueces de mayor riesgo era la necesidad de realizar acciones en favor de esos funcionarios judiciales más expuestos al peligro, a la retaliación y de temas de corrupción judicial”, dijo Velásquez.

Según explicó, ambos tenían proyectado desarrollar una actividad en este año, principalmente entre los meses de febrero y marzo: “Había dado algunos elementos de valoración y de iniciación de actividad en ese sentido; había una información que me decía que estaba recogiendo”.

Esto porque el Comisionado pudo reconocer que Barrientos tenía tres preocupaciones fundamentales: la persecución respecto de los jueces honestos y capaces que identificaba en todo el mapa nacional, la corrupción judicial y el fortalecimiento y seguridad de los jueces de mayor riesgo. 

“Por lo menos desde la colaboración de él, desafortunadamente quedaron truncadas, pero nosotros continuamos con algo de eso, sin poder afirmar precisamente que es la continuación de lo que la Comisión hubiera podido venir adelantando en el pasado, con el escrito entregado por el doctor Barrientos al Comisionado Dall’Anese”, señaló.

Eso significa que al no haber pasado nada con dicha misiva, la CICIG retomará las investigaciones: “En todo caso el interés nuestro es continuar en esa dirección”, concluyó Velásquez.

ACORRALAMIENTO

Era el 29 de agosto de 2013, nueve meses después de la carta a la CICIG. El magistrado Barrientos se encontraba en medio de una situación que ya había denunciado, pero que enardeció.

Ese día solicitó a la CIDH medidas cautelares urgentes, puesto que algunos de los hechos que había evidenciado en su comunicación con la CICIG lo llevaban a un callejón sin salida. El togado temía por su vida y por la de su familia.

Dos meses antes de esto, durante un operativo en Mazatenango, Suchitepéquez, su hijo, César Barrientos Pellecer Aguirre fue capturado junto a ocho personas más. Se le sindicó de ser parte de una red de trata de personas.

Unos meses antes, entre marzo y mayo del mismo año, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, un nivel arriba de su despacho, se llevó a cabo un proceso histórico, que evidenció que la sociedad guatemalteca aún está fuertemente polarizada: el juicio por genocidio contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

En su solicitud de medidas cautelares a la CIDH, Barrientos recordó la decisión que la Cámara tomó el 12 de diciembre de 2009: “La obligatoria ejecución de las sentencias de la CIDH dictadas contra el Estado de Guatemala en los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”.

“La reactivación de los casos y el cumplimiento del control judicial, causó que los acusados, sus defensores y ciertos sectores de la sociedad guatemalteca con incidencia en el poder político y con espacios de poder en instituciones del Estado, no solo se opusieran por las vías legales a la decisión anterior, sino también pusieron en marcha actividades de descrédito, intimidación de la judicatura, independiente, que se agudizaron durante el procesamiento del general Efraín Ríos Montt y continúan a la fecha, llegando a plantear el problema como ideológico, a declarar como enemigos y a la guerra a jueces y defensores de derechos humanos”, subrayó Barrientos en su petición a la CIDH.

En agosto de 2013 la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los jueces del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, quienes condenaron a ochenta años de cárcel a Ríos Montt.

El togado, según manifestó en la misiva, se sentía como una víctima de los grupos de incidencia política que implementaron una campaña mediática con el propósito de desprestigiar, afectar, atemorizar y condicionar a los jueces y fiscales para obligarlos a separarse de los casos que conocen para impedir el juzgamiento de los mismos, paralizar la investigación, persecución y sanción de los delitos graves.

“Dentro de quienes han participado públicamente en la campaña de desprestigio que se denuncia y que atenta contra la honra y dignidad del peticionante y de los jueces que conocen procesos de mayor riesgo, figuran exmilitares, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial, así como abogados que defienden a exmilitares, quienes públicamente solicitaron la renuncia del peticionante, al cargo de Magistrado de la CSJ. Incluso también fabrican imputaciones como lo demuestra el antejuicio seguido en contra de la Fiscal General y mi persona”, apuntó Barrientos.

Además, le señaló a la CIDH que desde el 2011 recibió amenazas e intimidaciones directas o vía telefónica: “Incluso dos veces han causado daños a la tumba de mi señora madre, en fechas relacionadas con eventos importantes para evidenciar odio y ánimo de venganza, una de las amenazas indicadora de lo que me esperaba por afectar intereses de esos grupos”.
   
Igual de peligroso consideró el hecho de que el expresidente Alfonso Portillo lo declarara como uno de sus enemigos principales y más como responsable de su situación jurídica.

“Los hechos aquí denunciados, forman parte del contexto estructural de impunidad en que se ha tratado de mantener casos de gravedad en el país y las intenciones de cooptación del poder judicial, hacen necesaria como única vía para garantizar la independencia judicial, mi seguridad, la vida, la dignidad e integridad mía, de mi familia, las medidas cautelares que pueda otorgar la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó Barrientos en su petición.

Por otro lado, en otra denuncia realizada en el Ministerio Público a principios del 2013 el togado denunciaba las constantes amenazas telefónicas que recibía.

Se intentó conocer una respuesta de la CIDH en relación a la petición urgente del Magistrado, pero no respondieron la solicitud hecha por correo electrónico a su oficina de prensa. 

EL NARCO QUE SALIÓ ANTES

El 27 de febrero de 2013, cuando fungía como presidente de la Cámara Penal, el magistrado Barrientos denunció una serie de hechos anómalos en la tramitación del proceso penal contra de Edgar Ubaldo Castañeda Grajeda y Mario René Ortiz Terraza, dos hombres que fueron capturados el 29 de abril de 2007 cuando conducían un camión donde se encontraron 738 kilogramos de cocaína.

A Castañeda y Ortiz el Ministerio Público los acusó de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito. El juicio inició por ese delito. Sin embargo el 2 de octubre del 2009, el Tribunal de Sentencia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa los declaró culpables de facilitación de medios.

Dicho delito es menor en relación al que la Fiscalía acusó. El Tribunal los sentenció a las penas mínimas previstas para tal ilícito; cinco años de prisión y una multa de diez mil quetzales.

El MP presentó un amparo ante la Sala Cuarta de Apelaciones, que le enmendó la plana al Tribunal y sentenció a Castañeda y Ortiz por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, a penas de prisión de 18 años, y el pago de trescientos mil cada uno en concepto de multa.

La defensa apeló y el caso llegó a la Cámara Penal de la CSJ. El 27 de noviembre del 2012, los magistrados confirmaron la sentencia de 18 años de cárcel; sin embargo, justo cuando querían notificar su decisión se conoció que los procesados ya habían salido de la cárcel.

El 4 de julio del 2011 Castañeda y Ortiz obtuvieron su libertad por cumplimiento total de la pena; la orden fue girada por el Juzgado Primero de Ejecución Penal, que estaba a cargo del juez Javier Eduardo Sotomora Chacón.

Un informe y una ampliación del mismo, realizados por la Supervisión General de Tribunales concluyó que en este proceso se evidenciaron anomalías en la tramitación de la libertad de los sindicados, puesto que no cumplieron con los cinco años de prisión, ni tampoco pagaron la multa.

La Cámara ordenó el inicio de procesos administrativos disciplinarios contra el oficial encargado del proceso, la secretaria del juzgado Primero de Ejecución, así como el juez Sotomora.

De esa cuenta Barrientos solicitó que se investigaran los posibles delitos en las anomalías suscitadas durante la tramitación del expediente y las órdenes de libertad, y que al ser individualizados los posibles responsables se iniciara la persecución penal en su contra.

La Oficina de Prensa del MP informó que actualmente la Fiscalía de Delitos Administrativos  se encuentra investigando este caso; el juez Sotomora Chacón, la secretaria Glenda Julietta Duque Martínez y la oficial Gabriela Melissa Fernández Osorio son investigados por el delito de abuso de autoridad.

Hasta el momento se conoce que Castañeda fue recapturado, pero Ortiz no.

UNA GUERRA PSICOLÓGICA

El 27 de agosto del año 2013, el magistrado Barrientos presentó una denuncia con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Allí solicitó que se gestionaran medidas cautelares, para que el Estado protegiera su vida, integridad y dignidad, así como la de su familia. También pidió medidas de seguridad perimetral en su residencia y domicilio en San Francisco Zapotitlán, en Suchitepéquez, donde murió.

En esa institución Barrientos detalló cómo fue objeto de presiones, amenazas y persecuciones políticas, iniciadas a través de una guerra que calificó como “psicológica”.

“Se presenta a esta institución en virtud que está siendo afectado en su integridad física y moral, y su seguridad personal y familiar, perseguido políticamente por grupos paralelos del Estado, como consecuencia del ejercicio de su cargo como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Presidente de la Cámara Penal, concretamente por el ejercicio independiente e imparcial de la judicatura”, anotó el oficial que recibió su denuncia.

Abajo, el magistrado manifestó que “se ha generado una guerra psicológica en su contra, presiones y amenazas que constituyen una persecución generalizada no solo en contra de su vida, su integridad física y moral, y dignidad e intimidad sino también en contra de su familia”.

Según denunció Barrientos, este tipo de persecución derivó del cumplimiento de las sentencias de la CIDH, al emitirse resoluciones que afectaron los intereses de grupos de poder con incidencia en el gobierno, “no se descarta que se realicen estas presiones incluso con estrategias y técnicas propias de inteligencia militar”, anotó.

“Esto incide en la “declaración de guerra” hecha a los jueces y juezas independientes por parte de la llamada Fundación Contra el Terrorismo, derivada del procesamiento de personas vinculadas con violaciones de derechos humanos del pasado”, declaró Barrientos en su denuncia.

Dentro de la amenazas que manifestó estar recibiendo, figuró el hecho de que personas desconocidas trasladan información que evidencian la intención de afectar su reputación y sus derechos humanos en general; insinuándole y amenazándolo de que no encontraría trabajo y que sus hijos serían procesados.

LA VIDA DE SU HIJO

El mismo 27 de agosto del año 2013, Barrientos presentó otra denuncia en la PDH. Esta vez preocupado por la integridad de su hijo César Barrientos Aguirre, quien fue capturado por supuestamente estar vinculado a una red de trata de personas.

El jurista solicitó al Procurador que le diera seguimiento al proceso judicial y verificara que las autoridades del Sistema Penitenciario continuaran prestando y garantizando a futuro, las medidas de resguardo de la vida familiar.

“Las primeras informaciones sobre la detención se produjeron por funcionarios ajenos al órgano acusador del Estado, y de la función jurisdiccional, quienes manifestaron conocimiento de la investigación, lo que implica la posible afectación de la autonomía y objetividad del Ministerio Público”, informó en su denuncia.

Barrientos reconocía que la Cámara Penal resolvió la responsabilidad penal de personas que cometieron delitos graves y gravísimos en Guatemala, y que como resultado se encontraban cumpliendo condena en los centros carcelarios del país. El jurista temía que si su hijo era enviado a un centro de detención su vida podía estar en grave riesgo, como consecuencia de su trabajo como Magistrado del poder judicial.

En noviembre del 2013 la Fiscalía de Derechos Humanos le notificó que sus denuncias presentadas en la PDH habían sido asignadas a ellos, y que buscaban una entrevista con el Magistrado para que ratificara o ampliara la misma.

Barrientos seguía desesperado y presionado por su situación, y todo apunta que las diligencias no cambiaron su situación, por lo que se quitó la vida hace casi un mes.