Los hechos que ocurrieron en Barillas, Huehuetenango, llaman la atención por diferentes situaciones que se aglutinan alrededor de ese pequeño lugar en el occidente del país. De hecho, la puesta en vigencia del estado de Sitio a nivel local ha provocado diversas reacciones que motivan analizarse con detenimiento.
El primer elemento se refiere al marco legal de sustento. La Ley de Orden Público fue emitida en el año 1965, como un mecanismo que apoyara la lucha contrainsurgente de aquellos años, por lo que sus motivaciones y sus diferentes gradaciones, responden a una lógica vinculada a la lucha contra la guerrilla, por lo que su vigencia y uso actual constituye la continuidad de un instrumento jurídico que no guarda relación con la realidad actual.
El segundo elemento se refiere al uso de dicho mecanismo. Este ha sido una constante durante los gobiernos de Berger, Colom y ahora Pérez, pero aplicado principalmente a nivel local; de hecho, durante el período democrático fuera del quiebre institucional provocado por el golpe de Estado de Jorge Serrano, el estado de excepción no se ha aplicado a nivel nacional, pero sí en espacios locales más reducidos y que presentan focos de malestar y movilización social por diferentes motivos y circunstancias.
El tercer factor se relaciona con el motivo. La movilización social que ocurrió en Barillas se centra en la molestia de la población por la construcción de una hidroeléctrica en el lugar, expediente que también ha sido recurrente por diferentes poblaciones, para expresar su negativa ante dichos proyectos, con mayor fuerza contra las mineras, y ahora contra la construcción de hidroeléctricas.
El cuarto factor se refiere al manejo de información. Ciertamente, este ambiente contrario a proyectos hidroeléctricos puede parecer cuestionable en su primera impresión, pero resulta que ni la población cercana al lugar ha sido informada con precisión sobre las desventajas y ventajas de dicha inversión, así como tampoco se le ha notificado si la población se verá afectada y en qué forma, así como cómo podría beneficiarse de los resultados del mismo. También es conveniente que a los desarrolladores de dichos proyectos se les informe de lo sensible del tejido social con respecto este tipo de inversiones, para que ellos agoten los mecanismos de diálogo que permitan permear el ambiente y así reducir las tensiones, la mala información y la manipulación de grupos interesados.
Por supuesto que el Gobierno debe jugar un papel primordial en este esfuerzo de transmitir información a ambas partes para contribuir a crear un ambiente de distensión y de menor conflictividad social. Sin embargo, los gobiernos de Berger y Colom actuaron de espaldas a la población en este tipo de proyectos e impusieron por la fuerza los mismos, con el argumento que es necesario propiciar la inversión, lo cual es cierto, pero no aplastando a las comunidades e imponiendo por la fuerza sus proyectos.
Este nuevo suceso parece que empezó con la misma tónica de imponer proyectos por la fuerza, con el agravante que hubo destrozos de propiedad pública y privada por parte de la población local, pero el uso de mecanismos represivos en el marco del estado de excepción, tampoco se dejó esperar. Igualmente, hubo una persona asesinada, hecho lamentable que debe ser investigado, como se actuó con prontitud en contra de la población.
Es conveniente retomar la discusión sobre la realidad nacional y la situación conflictiva alrededor de proyectos de tipo extractivo como las minerías o de tipo de generación eléctrica como las hidroeléctricas, buscando romper con el uso de la fuerza e imponiendo la razón y el diálogo, como formas racionales de resolver problemáticas sociales que requieren de un trabajo más directo y eficiente por parte de las instituciones de gobierno y escuchar las objeciones de sus pobladores.
Reiterar el uso de la represión en el marco de fundamentos legales emitidos como una formalización de la lucha contrainsurgente, hace ya cuarenta y siete años y en una realidad totalmente distinta, resulta contraproducente y reitera el mecanismo de la fuerza sobre el diálogo. El presidente Otto Pérez al llegar al lugar de los hechos puede plantear la necesidad de formas más humanas de resolver desacuerdos y de atender llamados de la población local sin afectar la inversión privada.
El uso de la represión muestra una de las grandes falencias de la democracia, retuerce el espíritu de ésta como forma de convivencia social y plantea dolorosamente que no ha conseguido privilegiar el diálogo y la razón con respecto de la fuerza y la reiteración absurda de la violencia.