El público ya aplaudí­a antes de que Rick Perry, gobernador de Texas y posible candidato a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, empezara a responder si le inquietaban las 234 ejecuciones bajo su mandato en ese Estado.

“¿Alguna vez le ha inquietado la idea de que cualquiera de ellos pudiera haber sido inocente?”, insistí­a el moderador del debate.

Antes de la segunda ronda de aplausos, Perry insistió en que Texas ofrecí­a garantí­as para que todos los que cometieran “los crí­menes más odiosos” contra los niños, los agentes policiales y los ciudadanos de Texas se enfrentaran a la pena de muerte.

“Creo que los americanos entienden la justicia y, en la mayorí­a de los casos, se muestran a favor de la pena capital”, declaraba Perry. Sus declaraciones en esta y en otras materias se apoyan en posturas cada vez más populares ante el fortalecimiento del ala derecha más extremista en la polí­tica de Estados Unidos, el Tea Party.

El electorado estadounidense está acostumbrado a este extremismo en el Partido Republicano en las elecciones primarias. Pero la caí­da de la popularidad de Obama le permitirí­a al candidato ganador mantenerlo para su programa ante las elecciones presidenciales.

El desastre actual de la economí­a estadounidense y del resto del mundo encuentra sus raí­ces en el eslogan de Margaret Thatcher, icono del neoliberalismo: “Ya no hay sociedad, sólo individuos y familias”. Se trataba de que el Estado se mantuviera al margen de la economí­a, motor de servicios e infraestructuras para hacer efectivo el derecho a una educación y sanidad públicas, gratuitas y universales. Por eso sorprenden los frutos que ha dado en la intención de voto el ensañamiento con Obama. La estrategia de oposición de los Republicanos, basada en el desgobierno para precipitar la caí­da del presidente, deja al descubierto la debilidad de sistemas basados en el bipartidismo.

Tanto Perry como su adversaria Republicana, Michelle Bachmann, se proponen eliminar la reforma sanitaria que consiguió Obama y quitarle al gobierno federal todas las competencias en materia de salud y educación, lo que eliminarí­a las pocas barreras que quedan para su privatización total. Consideran anticonstitucional que el gobierno federal intervenga en lo que, según ellos, compete a cada Estado. Prometen el endurecimiento de las leyes estatales que de por sí­ criminalizan al inmigrante. Niegan el cambio climático (Perry afirma que se trata de un negocio inventado por cientí­ficos; en Iowa, sólo el 21% de los votantes creen en el calentamiento del planeta) y ridiculizan con una creciente naturalidad las teorí­as de Darwin.

Pero no limitan sus ataques a sus adversarios del Partido Demócrata, sino que han criticado también a los halcones de su partido que gobernaron de 2000 a 2008 y que cambiaron el panorama mundial con sus reacciones al 11-S. Estos neoliberales han criticado el intervencionismo del plan de rescate a la banca que puso en marcha George W. Bush, como si ellos hubieran tomado medidas distintas.

En materia de polí­tica exterior, pretenden mantener abierta la prisión de Guantánamo y continuar con la construcción del muro en la frontera con México. Han criticado la intervención en Libia por el gasto que le ha supuesto al gobierno y porque lo ocurrido ahí­ â€œno concierne a Estados Unidos”. Desde la Segunda Guerra Mundial no se le escuchaba a ningún polí­tico estadounidense defender el aislacionismo estadounidense en materia de polí­tica exterior como lo defienden ahora los Republicanos.

Obama busca movilizar al electorado que lo llevó a la presidencia, desencantado por la imagen de indecisión constante que ha dado y por el equipo continuista que ha formado en cuanto a las polí­ticas económicas de su antecesor. Su fracaso a la hora de cerrar Guantánamo, Bagram y otros centros de detención arbitraria contribuyen a esa desilusión. Como también el estancamiento en contiendas militares que han fracasado, aunque él no las ideó.

Sin un nuevo programa capaz de ilusionar a ese electorado, Obama corre el riesgo de una abstención masiva y de millones de votos de castigo que afectarí­an no sólo a los más de 300 millones de estadounidenses, sino a miles de millones de personas en todo el mundo que se ven afectados por las decisiones que se toman en Washington.