Con el fin de «modernizar» el programa Mi Familia Progresa y para evitar que se «politice», se anunció que a partir de marzo los beneficiados con las transferencias condicionadas usarán el Banrural y, bajo la Ley de Secreto Bancario, tendrán sus depósitos mensuales.

Durante el programa radial Despacho Presidencial, se dio a conocer que el programa Mi Familia Progresa, (MiFaPro), que tantas crí­ticas ha generado, será bancarizado, utilizando los servicios del Banco de Desarrollo Rural, (Banrural) y bajo la revisión de la Superintendencia de Bancos, (SIB).

Según informó Edgar Barquí­n, superintendente de Bancos, el Banrural ya cuenta con programas de computación que permiten la apertura de cuentas en masa, «lo importante de esto es que cada cuenta tiene un expediente con toda la información de los depositantes», dijo.

Sin embargo, se aseguró que cada cuentahabiente contará con las garantí­as de reserva bancaria establecidas en el Artí­culo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, con lo que dicha información queda protegida ante cualquier acto de fiscalización.

Información a la Contralorí­a

Sobre el nuevo obstáculo para obtener los datos de los beneficiados con el programa social, el ministro de Educación, Bienvenido Argueta, declaró que «nosotros le ofrecemos toda la información al Contralor General de Cuentas, él constituye el órgano del Estado fiscalizador y él tendrá la información como se le ha venido dando», aseguró.

Además, el titular del SIB agregó que constitucionalmente la Contralorí­a General de Cuentas, (CGC), es la única institución facultada para la fiscalización de los recursos públicos, además de indicar que, en materia bancaria, corresponde a la SIB hacer las pruebas de auditorí­a para verificar que se cumpla con las disposiciones de la Ley de Bancos y Grupos Financieros y otras disposiciones.

«Nuestro paí­s es Republicano y Democrático, nosotros estamos en Estado de Derecho y debemos respetar a las instituciones que tienen responsabilidades y en este caso no cualquier sector, no cualquier persona tiene la facultad de venir a hacer lo que se le dé la gana, es la Contralorí­a de Cuentas quien fiscaliza los recursos públicos y en cuanto al sistema financiero corresponde a la Superintendencia de Bancos, eso se debe respetar», declaró Barquí­n.

Mayor transparencia

Se mencionó también que al contar con una digitalización de la huella digital de las personas se «evitará la duplicidad de nombres», así­ como también se dará apertura a una mayor «transparencia», pues le «pone identidad a los rostros de la pobreza».

Al respecto, Carlos Menocal, conductor del programa aseguró que «la SIB se dará cuenta que en efecto hay rostros, hay cédulas, nombres y apellidos y con ello se evita la duplicidad de nombres, como se ha tratado de decir».

Luego de una investigación, Diario La Hora dio a conocer que existen más de 44 mil homónimos dentro del listado que se provee en la página de MiFaPro, al respecto, el mandatario aseguró que la CGC encontró «mí­nimos siete u ocho casos», de los cuales ya se ha presentado la denuncia respectiva.

El resto de nombres parecidos se debe, según Colom, a que en algunos municipios es «tradición» repetir los nombres. Por otro lado, aseguró que en los casos en que se han encontrado cédulas repetidas, el problema se debe a las municipalidades locales.