El ex candidato a las primarias de la Gana, Manuel Eduardo González Castillo, fue excluido de la lista de solicitudes de captura emitidas por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, luego que el Ministerio Público considerara que no existe responsabilidad en él en las transferencias monetarias que llevaron a la quiebra del Bancafé, S.A., mientras tanto pidió apoyo a la INTERPOL para localizar a ejecutivos del banco.
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De nuevo, la búsqueda de banqueros por parte del Ministerio Público se ha vuelto infructuosa. El ente investigador solicitó la captura de siete ejecutivos del desaparecido Banco del Café, S.A. (Bancafé), y otra en contra de uno de los personeros de Vipasa; sin embargo, por fuga de información, de nuevo los allanamientos de búsqueda de estas personas fueron negativas.
El juez séptimo de instancia penal autorizó ayer en horas de la tarde la detención de Eduardo Manuel González González, Ingo Henrich Haberland Haesloop, Celeste Aída Soto Vettorazzi, Eduardo Antonio Palomo Mahr, Jorge Alfredo González Castillo, Mayra Eliza Russell Boschiroff de Haberland, Ariel Estuardo Camargo Fernández (ejecutivos del Bancafé), resolución que alcanza a la representante legal de Vipasa, María del Rosario González Rodas.
El jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Jorge Luis Donado, comentó que a los sindicados se les investiga por la autorización de un crédito de Q 30 millones que recibió José Fernández, de la empresa Vipasa, fondos que después fueron depositados en una financiera offshore (fuera de plaza) propiedad de la entidad bancaria.
El fiscal de la investigación explicó que en la petición hecha en los tribunales de justicia no aparece el nombre de Manuel Eduardo González González, ex secretario ejecutivo de la Presidencia, porque a consideración del ente investigador éste no habría firmado el acta de autorización del préstamo del dinero que fue transferido a Vipasa.
Donado explicó que ahora se continúa con la investigación de los miembros del consejo de administración, representantes legales y gerentes generales, para determinar si se puede deducir algún tipo de responsabilidad penal por el hecho del cierre de operaciones del Bancafé.
Los allanamientos en busca de los ahora prófugos de la justicia, según información del MP, se realizaron en inmuebles donde se consideraba estaba la residencia de los ejecutivos de la entidad bancaria, pero estos ya no se encontraban en el lugar.
El 20 de octubre de 2006 la Junta Monetaria tomó la decisión de cerrar en definitiva las operaciones del Bancafé al considerar que se había violado la Ley de Bancos.
Por lo menos tres demandas contra los personeros de Bancafé y más de 50 amparos presentados por los inversionistas se tramitan en los diferentes juzgados de la Torre Tribunales y en la Corte Suprema de Justicia.
En el Juzgado Séptimo de Instancia Penal también se tramita el proceso judicial en contra de Guillermo Díaz Castellanos, ílvaro Maldonado Velásquez y Jorge Mario Argueta, integrantes del Comité de Crédito del Bancafé, que desde el 22 de diciembre recién pasado guardan prisión preventiva hasta que se esclarezca su situación jurídica.