Alrededor de 60 mil dólares mensuales podrían estar recibiendo entre el director de migración Enrique Degenhart y el ministro de Gobernación Carlos Menocal, según denunció esta mañana la diputada Roxana Baldetti ante el Ministerio Público (MP).
ecoronado@lahora.com.gt
La legisladora denunció que por lo menos entran al país de manera ilegal 60 personas, aunque aparentemente con toda la papelería en orden y para ello tienen que pagar a los funcionarios por lo menos 10 mil dólares.
Pero cuando por las necesidades del caso es necesario apresurar los trámites de los documentos que por lo general dura meses, el costo del ingreso puede variar hasta 20 mil dólares.
La diputada señaló que dentro del tema de seguridad en el país, la migración está completamente descuidada. Menocal es señalado como jefe de la Dirección de Migración, porque es el jefe del director y solicitan la investigación por cuatro delitos.
Estos son: ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.
TRATA DE PERSONAS
También se les vincula a los funcionarios por trata de personas, especialmente de mujeres que provienen de Cuba a las cuales se les facilita el ingreso. Sin embargo, para presentar la denuncia eran necesarias las declaraciones de las afectadas, pero éstas prefirieron no hacerlo por temor.
«Lamentablemente hay delito que perseguir, pero como no lo puedo probar porque las señoras no quieren apoyar en eso, preferí excluirlo y presentarlo luego en otra denuncia para evitar que denegaran ésta», informó la diputada.
Las féminas, según la diputada trabajan en burdeles de la capital y del interior del país. Este mecanismo de ingreso de personas de manera ilegal corresponde a una mafia que funciona desde hace años, sin embargo en los últimos meses se ha incrementado, señaló la denunciante.
Baldetti defiende que con esto se puede poner un alto al ingreso de coreanos y chinos en el país. En los folios presentados ante el MP se solicita que los expedientes que tiene la Dirección de Migración sean corroborados con los documentos presentados, en los cuales se puede evidenciar el modo de operación.
«Lo que queremos poner en evidencia es la mafia que existe en migración», dijo la parlamentaria, quien también informó que pidieron que la investigación sea trasladada a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), «porque son aparatos clandestinos que funcionan dentro del Estado y esto es el mandato que le corresponde».