Reactivación de la Violencia Contra Operadores de Justicia, es el último análisis que la Fundación Mirna Mack ha elaborado para dar a conocer a la opinión pública, que la impunidad sigue prevaleciendo en el país.
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En términos generales, queda claro que las instituciones de justicia no están comprometidas con el esclarecimiento y la sanción de los hechos de violencia que afectan a sus integrantes, y que el Estado, a través de las fuerzas civiles de seguridad, se limita a brindar servicios de guardaespaldas, expone parte del documento.
La fundación Mack, da cuenta que en una reunión sostenida con algunas organizaciones sociales el pasado 14 de octubre, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que ante el incremento en la incidencia de la violencia contra operadores de justicia, su despacho implementará procedimientos especiales para investigar los hechos y dar protección a los afectados.
Los datos, los casos y las temáticas
En los últimos ocho años, la situación de violencia contra los operadores de justicia ha reflejado una tendencia de incremento, más de 20 casos reportados por el Ministerio Público (MP) en 2001; 60 en 2002; 89 en 2003; 85 casos en 2004; mientras el año más alto fue en 2005, con 218 casos.
En 2006 fueron reportados 124 casos; 125 en 2007 y sólo en el primer semestre de 2008 se han reportado 65 en contra de operadores de justicia, ilustra la estadística elaborada por esa institución defensora de los Derechos Humanos.
Fenómeno cíclico
Así lo llama la Fundación Mack, pues son notorias las altas y las bajas en la incidencia de hechos de violencia, por ejemplo, hubo casi 220 casos en 2005, año en el que abundaron los asesinatos y los atentados contra jueces y fiscales, luego descendió y en el período siguiente empezó a subir nuevamente, apuntan.
Los actos de amenaza, coacción, intimidación, hostigamiento y atentados han estado dirigidos principalmente contra operadores de justicia, que están vinculados a casos de alto impacto, en algunos casos han cobrado la vida de personas, agrega el informe.
Casos que preocupan
El conjunto de escándalos que involucra a ex funcionarios, en cuyo contexto afectó y sobresale el asesinato de Fausto René Maldonado, juez del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango, quien denunció acciones de corrupción en los tribunales de Quetzaltenango y en el Instituto de la Defensa Pública Penal.
Siempre por corrupción, está el caso de Napoleón Gutiérrez, magistrado presidente de la Sala Primera de Apelaciones, quien recibió amenazas el 4 de julio del 2008. Gutiérrez actuaba como juez pesquisidor en el proceso de antejuicio contra el presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer, sindicado por anomalías en el manejo de Q82,8 millones del presupuesto del Organismo Legislativo.
Entre los casos con temáticas de conflictividad histórica agraria, sobresale el asesinato el 8 de mayo pasado contra José Vidal Barrillas Monzón, presidente de la Sala Undécima de Apelaciones con sede en el departamento de Retalhuleu.
El magistrado tenía a su cargo casos complejos relacionados con la acción de propietarios de fincas contra campesinos, incluyendo el asesinato de tres campesinos, la desaparición de una persona y hechos de violencia entre los quejosos y fuerzas de seguridad.
Más casos
Constantes amenazas contra el juez Eduardo Cojulún en mayo de 2008, quien presidió las audiencias de rendición de testimonios sobre el genocidio en Guatemala, información que fue remitida a la Audiencia Nacional de España, donde el juez Santiago Pedraz lleva una causa contra militares guatemaltecos.
Cojulún ha recomendado al MP actuar de oficio para esclarecer casos de genocidio y violación de derechos humanos. Asimismo, este juez presidió el tribunal de sentencia que en el 2001 condenó a prisión a un coronel, a un capitán, a un sargento y a un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi.
Se suman situaciones en las que los operadores de justicia llevan casos penales vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. Entre estos se encuentran el asesinato del fiscal distrital de Chiquimula, Rudy Rocael Pineda, el 20 de mayo de 2008.
Este fiscal tenía a su cargo procesos vinculados con delincuencia organizada y casos que implicaban algún tipo de comportamiento delincuencial por parte de agentes policiales.
También se cuenta el asesinato del auxiliar fiscal Juan Carlos Martínez, el 14 de julio, quien tenía a su cargo la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, hecho ocurrido en febrero de 2007, es parte de lo más relevante del estudio de la fundación Mack.