Para nadie ha sido un secreto que en las comisiones de postulación hay negociaciones bajo la mesa que empezaron aún antes de que las mismas quedaran integradas, puesto que desde el Gobierno hasta el crimen organizado, pasando por los grupos privados de interés, abundan los que quieren influir en la decisión final para colocar sus peones tanto en la Corte Suprema de Justicia como en las Salas de Apelaciones. Quien crea que ese proceso discurre con absoluta transparencia y sin influencias nefastas de los más tenebrosos poderes anda por los cerros de íšbeda.
Por ello es que las declaraciones del doctor Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, no pueden considerarse como algo inusitado, sino simplemente un reflejo de la preocupación que priva en muchos sectores y que dio origen, precisamente, a la necesidad de normar el trabajo de las comisiones de postulación, entendiendo desde luego el viejo aforismo de que hecha la ley, hecha la trampa.
El asunto va más allá de los nombres que puedan citarse, aunque es importante que los mismos salgan a relucir, puesto que es indudable que existe un enorme interés de los grupos de presión por lograr que sus intereses queden debidamente protegidos por quienes puedan ser sus abogados en las más altas instancias de la administración de justicia. Sobre todo porque ahora está visto que el trabajo de la CICIG empieza a rendir algunos frutos y por supuesto que eso tiene con la camisa levantada a quienes han hecho de la impunidad su panacea.
Los arreglos bajo la mesa existen y los conocen los miembros de las comisiones. Los dos rectores que han mostrado su indignación por la afirmación de Castresana los saben perfectamente, a menos que sean realmente tontos de capirote para no darse cuenta de lo que está pasando frente a ellos, por lo que su rechazo suena a tapadera de lo que en verdad está sucediendo en el seno de las postuladoras.
Cuando el doctor Castresana dijo el milagro sin decir el santo, los comisionados de postulación entendieron perfectamente de qué estaba hablando y por quiénes lo estaba diciendo porque no ha sido sutil la maniobra ni lo han sido las negociaciones bajo la mesa. Es pública la relación que hay en algunos bufetes con abogados que se distinguen por trabajar para el crimen organizado, para genocidas y para contrabandistas o falsificadores de marcas y se sabe cómo estos bufetes juegan ahora un papel de gran importancia a la hora de determinar cómo se deberán integrar los más altos tribunales de la República.