Bajo la lupa, los primeros dí­as de gobierno


Los primeros dí­as de gobierno de ílvaro Colom y Rafael Espada han estado marcados por el repunte de la violencia, pugnas internas en el partido oficial y presiones de diversos sectores.

Hace un mes ílvaro Colom y Rafael Espada juraron como Presidente y Vicepresidente de la República y en tan sólo 31 dí­as de hacer gobierno han enfrentado varias dificultades: el desorden en la mayorí­a de ministerios y una deuda millonaria heredada de la administración de í“scar Berger, la amenaza de paro de los maestros que obligó a dar marcha atrás el nombramiento del viceministro de Educación, Alfredo Tay Coyoy, pugnas a lo interno de la UNE por el poder y la muerte selectiva de varios pilotos y ayudantes del transporte urbano y extraurbano que trajo consigo la paralización del servicio en algunos sectores de la capital y varios departamentos del paí­s, provocando zozobra y temor entre la población.


Primero, fueron los dirigentes magisteriales quienes le ganaron el pulso al gobierno, luego, la muerte de los pilotos generada por sectores que «quieren desestabilizar al gobierno», según lo afirmó el Presidente, permitió que el tema de la inseguridad volviera al tapete y se conociera el repunte de la violencia mediante secuestros y extorsiones. Unido a lo anterior, la designación de la esposa del mandatario como coordinadora del Consejo de Cohesión Social ha motivado desgaste para el Gobierno, toda vez que diversos sectores consideran que con esa designación se cercenan las funciones del Vicepresidente de la República.

Además Colom y Rafael Espada han evidenciado grandes fallas en su comunicación, el segundo de a bordo debió salir a desmentir al mandatario, quien habí­a afirmado que hubo sobrevaloración en los trabajos del aeropuerto La Aurora.

Sin operadores polí­ticos

Mientras tanto, en el Organismo Legislativo se demostró que la UNE no cuenta con operadores polí­ticos de altura y cintura polí­tica que le permitan a la administración de ílvaro Colom consensuar sus distintas iniciativas; más bien, la disputa por el poder sacó a relucir las pugnas que a lo interno de la bancada oficial se libran. Nunca antes como en este gobierno, la discusión de un préstamo habí­a confrontado a tal punto a los distintos actores polí­ticos.

La designación como jefe de bancada del controversial diputado Mario Taracena y la decisión de Colom de rechazar el clientelismo electoral agudizó las hostilidades que obligaron al presidente Colom bajar de las alturas y personalmente buscar el apoyo de sus propios legisladores y de la oposición que se ha mostrado incluso más anuente a apoyarlo.

El show que protagonizó Taracena y el presidente del Congreso, Eduardo Meyer, cada quien por su lado, buscando el apoyo de uno de los préstamos, es algo digno de escribirlo para la memoria, porque simboliza lo que ahí­ está sucediendo.

De tal suerte, se evidencia la poca comunicación entre los representantes de la bancada oficial y el Ejecutivo. Hace un par de dí­as, se le atribuye a la esposa del mandatario haber movido los hilos para revocarle el contrato al conocido publicista Hugo Peña con quien habrí­a sostenido durante la campaña una agria discusión.

En campaña

Por su parte, la oposición encabezada por Otto Pérez ex candidato presidencial del Partido Patriota y Alejandro Giammattei, con la lí­nea disidente de la GANA, han aprovechado la coyuntura que generó la muerte violenta de varios pilotos del transporte urbano y extraurbano para salir al paso y plantear una agenda que permita frenar la violencia, la que incluye revisar la pena de muerte. Horas después, el Congreso de la República restituyó al Presidente la obligación de conocer el recurso de gracia para aplicar nuevamente la pena de muerte. Los legisladores son del criterio que se necesitan instrumentos para disuadir a los criminales; sin embargo, de no contar con una Policí­a Nacional Civil y un Ministerio que funcionen efectivamente; así­ como con tribunales que apliquen la ley, el problema no se resolverá.

Para que la investigación sea efectiva y que después de las capturas se logre la condena de los criminales, se requiere la contratación de por lo menos dos mil investigadores para la PNC, apoyar el Inacif, tecnificar a las instancias vinculadas con la justicia, que según el Fiscal General se traduce en una inversión mí­nima de Q300 millones. Conociendo la poca capacidad operativa del MP, el Presidente debió recurrir a la Comisión Internacional contra la Impunidad para pedirle investigue las muertes de los pilotos.

El gobierno de Colom empieza a caminar, pero este primer mes de gestión parece augurar una situación complicada. El mismo Presidente dijo que le parecí­an interminables los dí­as estos que enlutaron a más de 15 familias, cuyo jefe del hogar, piloto o ayudante del transporte urbano cayó abatido por manos asesinas.