Cuba se someterá el 5 de febrero al examen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con un nuevo presidente en Estados Unidos y un informe que estima «abarcador», pero que la disidencia interna calificó de «autojustificativo».
En la Comisión de Derechos Humanos, que desapareció en 2005, Estados Unidos presentó o promovió numerosas resoluciones condenatorias de Cuba, que impusieron un relator especial, que la isla nunca aceptó. Esa figura fue suprimida por el Consejo poco después de su creación en 2006.
La llegada de Barack Obama a la Casa Blanca el pasado martes y su disposición al diálogo, tiene a las autoridades de la isla a la expectativa de la política que seguirá.
«Esperamos que (el examen) no se vea ensombrecido por los lastres del pasado», dijo este domingo al diario Juventud Rebelde María del Carmen Herrera, subdirectora de Asuntos Multilaterales de la cancillería local.
Cuba «no aceptará validez alguna a cualquier juicio de valor que se sustente en documentos elaborados por los mecanismos especiales anticubanos, establecidos en virtud de resoluciones impuestas por Estados Unidos a la antigua Comisión de Derechos Humanos», se afirma en la introducción al informe nacional.
Sin embargo, la disidencia interna no tiene esperanzas de que el texto cubano sea objetado.
«Será aprobado sin objeciones porque el Consejo está bajo el control de un grupo de gobiernos violadores» entre los cuales «Cuba tiene un alto papel de liderazgo», dijo a la AFP el activista Elizardo Sánchez, quien encabeza la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
La presentación de un informe nacional por unas tres horas, es obligación de todos los Estados, a razón de 16 por sesión del Consejo. En tres sesiones 48 han pasado ya la prueba y recibido recomendaciones, unas 30 como promedio.
La isla estará representada por la ministra de Justicia, María Esther Reus, y el vicecanciller primero, Bruno Rodríguez, y la troika de países que acompañará la isla para facilitar la presentación, seleccionada por sorteo previo según el mecanismo establecido, está conformada por Uruguay, Gabón y Bosnia Herzegovina.
«Cuba asiste al Examen Periódico Universal en defensa de la verdad. Estamos abiertos al diálogo y brindaremos la información y aclaraciones necesarias. Sólo exigimos respeto», enfatizó Herrera.
La isla presentó su informe al Consejo el 31 de octubre, en enero lo entregó al cuerpo diplomático acreditado y lo publicó en sitios digitales oficiales.
En ese texto de 20 páginas aseguró que «la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, ha sido un grave obstáculo al pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de cubanas y cubanos».
El gobierno sostiene que la confección del informe «involucró a numerosos ministerios e instituciones gubernamentales y/o estatales, al Parlamento, a más de 300 organizaciones no gubernamentales y a otras entidades pertinentes», pero la disidencia asegura que se hizo «a puertas cerradas», sin consultar a la sociedad civil.
«Cuba tiene un digno historial, ejecutado por la Revolución, en materia de promoción y protección de los derechos humanos para todas las cubanas y cubanos», aseguró Herrera.
Pero Sánchez sostiene que la situación de los derechos civiles y políticos en Cuba es «muy desfavorable», con «alrededor de 210 presos políticos».
«El mejoramiento de esa situación no depende de organismos como el Consejo, sino de una mínima voluntad política» oficial para acatar sus propias leyes y las reglas internacionales, estimó
MARíA DEL CARMEN HERRERA
subdirectora de Asuntos Multilaterales