El Organismo Ejecutivo pretende reformar el artículo 8 del Código Civil, que establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años; con ello, se pretende que adolescentes puedan llevar un proceso penal, ya que, actualmente, son inimputables de delitos.

El Artículo 8 del Código Civil establece que las personas mayores de edad son las que cumplen 18 años. Sin embargo, la reforma que propone el presidente Otto Pérez Molina consiste en bajar la edad para la mayoría de edad a los doce años; de esa manera, todos los mayores a esa edad pueden enfrentar procesos penales y cumplir condenas, en caso de ser sido vencidos en juicio.

Esta iniciativa fue presentada por Otto Pérez Molina cuando se desempeñó como diputado en 2005, y podría retomarse y presentarla ahora como iniciativa, en su calidad de Presidente de la República.

La Agencia Guatemala de Noticias (AGN), órgano oficial de difusión, presentó la información, luego de que la semana pasada dos adolescentes fueran capturados en Huehuetenango, luego de que presuntamente le provocaran la muerte a un niño de once años. En caso de que fueran encontrados como los responsables del hecho, no podrán ser condenados, tan solo ser enviados a una correccional de menores para recibir atención por un máximo de seis años.

Según la publicación, la propuesta permite juzgar a los adolescentes, dependiendo de la gravedad del delito que cometan, con el objetivo de evitar que delincuentes utilicen a niños y adolescentes para cometer actos anómalos, aprovechando la condición de inimputabilidad.

En el Código Penal, se establece que los menores de edad son inimputables; sin embargo, en este decreto no se especifica la edad. Es en el mencionado artículo del Código Civil que se menciona que la mayoría de edad se alcanza hasta los 18 años. En caso de reformarse este artículo, y bajar la edad para alcanzar la mayoría de edad, el Código Penal continuaría sin alteraciones, considerando a los menores de doce años como inimputables, y los adolescentes podrían ser condenados.

No debe confundirse con la normativa de la Constitución Política de la República, que establece que son ciudadanos los guatemaltecos con 18 años o más. En este caso, ciudadanía y mayoría de edad serían dos criterios distintos; si se aprueba la propuesta, la ciudadanía se alcanzaría a los 18 años, mientras que la mayoría de edad a los 14.

En la Carta Magna, el Artículo 20 dice que los menores de edad que transgredan la ley son inimputables.  Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral propia para la niñez y la juventud. Con la reforma al Código Civil, no se tendría tampoco problemas con esta normativa constitucional.

En la Constitución, se establece que “los menores, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado.  Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos.  Una ley específica regulará esta materia”, y con el cambio en la mayoría de edad, esto sólo regularía a los menores de doce años.

Cabe resaltar que aunque se sortee el problema de la imputabilidad de los adolescentes que hoy día rige, el cambio de criterio en la mayoría de edad, de 18 a 12 años, si provocaría algunos desajustes en otras áreas del Código Civil. Por ejemplo, los adolescentes mayores de doce años podrían contraer nupcias sin necesidad de tener permiso de sus padres, o bien podrían ingresar al mercado laboral formal sin necesidad de carta firmada del representante legal.

Asimismo, en el tema de transacciones de compra-venta, o los criterios para establecer la potestad paterna, se verían afectados, a menos que también se realicen reformas en este aspecto.

De acuerdo con la fuente, el objetivo de la iniciativa no es reducir la cantidad de años para ser considerado adulto, sino facilitar a las autoridades judiciales emitir condenas dependiendo de la gravedad del delito y comprensión del menor de edad, del daño ocasionado.

Pérez Molina también indicó que busca coordinar con el Congreso la iniciativa 3189, la cual se enfoca en prevenir, controlar y erradicar las pandillas, otras agrupaciones ilícitas y delincuencia organizada.

EN CONTRA

Sandino Asturias, analista de seguridad y director del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), opinó que está en contra de este anuncio o propuesta emitida por el Organismo Ejecutivo.

“Las propuestas que siempre tenemos de grupos conservadores, es la Ley Antimaras o bajar la edad punible a 12 años; esto es una vieja idea del Partido Patriota (PP), por supuesto que estamos en contra”, refirió Asturias.

A decir del entrevistado, con estos proyectos se violarían todos los Convenios Internacionales de la Niñez.  Según indica, El Salvador es uno de los países que ha tomado decisiones parecidas a las que anuncian en Guatemala, pero los resultados han sido fallidos, pues con esto únicamente se criminaliza a la niñez.

El director del CEG destacó la importancia de buscar una política de prevención del delito e inversión en salud, educación y condiciones dignas para la niñez y la adolescencia.

Eleonora Muralles, de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), apostó por la atención adecuada a la niñez, a través de las oportunidades y la prevención, pues es evidente que los menores de edad que cometen delitos, viven en condiciones precarias, “la calle es su hogar”, dijo.

HECHOS RECIENTES

Ayer se registró un motín en el correccional Etapa II, tras molestias de los adolescentes en conflicto con la ley por la alimentación que se les brinda.

La semana pasada, dos adolescentes fueron detenidos en Huehuetenango, por introducir la manguera de un compresor de aire a un niño de 11 años, que posteriormente murió.

En abril de 2010, un niño de 13 años, mató a una vendedora de pollo, en la zona 5.  El crimen fue frente a las hijas de la víctima.

En marzo de 2009, jóvenes en conflicto con la ley, recluidos en Etapa II, mataron y arrancaron el corazón a uno de sus catedráticos.