Los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) tienen presupuestados Q1,871.7 millones en el Programa de Inversión Física y Transferencia de Capital e Inversión Financiera -conocido también como Listado Geográfico de Obras- para desarrollar proyectos e iniciativas de desarrollo local, pero en siete meses solo han desembolsado el 27.74 por ciento de esos recursos, lo que según expertos, compromete la calidad de las obras y genera dudas sobre la transparencia.

SNIP reporta obras pagadas con 0% de avance físico

Otras obras, reportan 100% de avance físico y cero% de avance financiero

Necesidades de la gente y de los departamentos, se truncan por el deseo de hacer negocios

Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), hasta el 31 de julio la ejecución presupuestaria de los Codedes ascendió a Q534 millones 454 mil 514.42, lo que representa casi la tercera parte de los Q1,871 millones 719 mil 307 que fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2013.

El programa de inversión consta de cientos de proyectos y obras para el desarrollo comunitario, entre los que se cuentan iniciativas para mejorar el acceso al agua y la sanidad, la educación, la salud, los caminos rurales y la seguridad local, pero que hasta ahora no han sido ejecutados ni siquiera en un 30 por ciento.

Los consejos comunitarios de desarrollo (Cocodes), luego los consejos municipales de desarrollo (Comudes) y por último los Codedes, son los encargados de planificar la mayoría de obras para 2013 y, a la vez, son los responsables de la ejecución, como parte de los planes estatales de descentralización del desarrollo.

De esa forma, se formula un presupuesto para estas instancias que se incluye dentro de la asignación del Listado Geográfico de Obras destinado a entidades locales, que asciende Q6,402 millones 998 mil 620; los recursos de los Cocodes representan cerca del 29 por ciento de los fondos.

Es por esa razón que la elaboración del Listado genera interés entre los gobernantes -alcaldes, gobernadores departamentales y diputados-, pero también es el motivo por el que el conjunto de obras para inversión física ha tomado un rumbo clientelar y mercantil.  Al ser los Codedes los ejecutores de buena parte del Listado Geográfico de Obras, realizar proyectos de inversión puede llegar a ser muy rentable y favorable para los políticos, ya sea para ganar una reelección o para generar una comisión económica.

Esto debido a que son los poderes locales los que solicitan las obras y los diputados los que se encargan de aprobar el Listado Geográfico de Obras, que está comprendido dentro del presupuesto anual del Estado; es en el Congreso donde dicho listado de obras es modificado, a veces sin argumentos técnicos. El objetivo es llevar más obras a su departamento  sin tomar en cuenta el número de la población o situación de pobreza, sino con una finalidad electoral y económica.

De esta forma se omite lo más importante del Programa de Inversión Física y Transferencia de Capital e Inversión Financiera que es la concentración de todas las necesidades que presentan los pobladores de un municipio, las cuales se recogen de primera mano mediante la estructura de  consejos de desarrollo.

EL POCO AVANCE

Según el reporte de SCEP, hasta el 31 de julio los Codedes que presentan más baja ejecución de recursos financieros son: Chiquimula (11.10%), Izabal (17.21%), Totonicapán (18.36%), Huehuetenango (18.74%), Quiché (19.18%) y Zacapa (20.75%).

Los demás consejos presentan porcentajes superiores de ejecución, pero no alcanzan ni siquiera el 40 por ciento de desembolso, a excepción de Escuintla, que reporta una ejecución de 48.61%.

De acuerdo a Germán Velázquez, secretario de la SCEP, los retrasos en el avance de los proyectos de inversión pública obedecen a que las municipalidades presentan debilidades en la direcciones de planificación que impiden ejecutar las obras.

En varios casos se han encontrado errores en los planos de los proyectos y no concuerdan con los reportes técnicos de la obra; esta también es la principal causa por la que algunas obras presentan mala calidad, detalló.

El economista Carlos Martínez, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, estima que el atraso se debe a factores y decisiones internas de los consejos de desarrollo, ya que al realizar cambio de gobierno se sustituye al personal y los nuevos representantes no siempre conocen los procesos que se deben realizar en materia de inversión pública del Estado.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), estima que los pocos avances en la ejecución de obras de parte de los Consejos de Desarrollo se está demostrando en los “focos de opacidad” que supone la ineficiencia de las unidades ejecutoras.

Ésta es un indicador claro de incapacidad de la estructura del Estado guatemalteco para realizar proyectos de inversión pública, opina.

REPROGRAMACIÓN DE OBRAS

Martínez advirtió que el panorama de inversión puede cambiar en los próximos meses, ya que las instituciones suelen acelerar la ejecución financiera en el segundo semestre del año, considerando que los informes son un referente para la asignación presupuestaria del próximo año, aunque estas “carreras” para ejecutar pueden poner en riesgo la calidad de la obra.

Barrientos, por su parte, dijo la aceleración en la ejecución afecta más  en las obras que lleva más de seis meses construirlas, ya que en el intento de terminarla el mismo año fiscal sacrifica la calidad.  El representante del ICEFI aseguró que este retraso también genera que la mayoría de obras sean reprogramadas para el siguiente ejercicio fiscal.

Luis Catalán, subsecretario de Inversión de la Secretaría de Planificación de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), explicó que el retraso se debe a que el año pasado no se cumplió con la recaudación que se tenía prevista y que por esa razón se tuvo que reprogramar los presupuestos para este año y, además, sacrificar la pronta realización de las nuevas obras.

INCUMPLIMENTO A LA LEY

Luego de un monitoreo realizado por La Hora en los informes de Segeplan, se pudo verificar que el avance financiero y físico en una buena cantidad de los proyectos programados por los Codedes equivale al cero por ciento, exceptuando unos pocos casos.

Esto se hizo mediante el cumplimiento del artículo 54 de la normativa del Presupuesto 2013, el cual establece que los Codedes deben de reportar los avances en la inversión pública a Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas, para que se pueda realizar una reprogramación de acuerdo a las metas logradas por las unidades ejecutoras.

Al ingresar al Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP) de los proyectos en ejecución para 2013 se encontraron casos en el cual el avance financiero era 100 por ciento y que el avance físico aún se encontraba en cero por ciento; esto significa que se pagaron las obras, aunque no fueran ejecutadas en su totalidad.

También se pudo ubicar casos contrarios donde la obra ya estaba terminada y que presentaba 100 por ciento en su estructura y 0 por ciento el desembolso.  Esto incumple el artículo 73 de la Ley Orgánica del Presupuesto, donde se establece una  “suspensión de desembolsos”.

La normativa indica que “Ministerio de Finanzas Públicas puede suspender la autorización de desembolsos con cargo a asignaciones presupuestarias previstas con recursos internos como complemento de préstamos externos, si después de evaluar el avance físico y financiero de los proyectos se establece que la utilización de los recursos no está acorde con la programación y con las cláusulas de los convenios respectivos o con los documentos complementarios que para el efecto sean firmados”.

El secretario de la SCEP dijo que todas las bitácoras deben de cuadrar y que habrá sanciones para los proyectos que presenten dichas irregularidades, y que existe una sanción para los administradores de los recursos que incurren en estas prácticas.

Velázquez indicó que tampoco la SCEP tiene la capacidad de coordinar y supervisar todas las obras que se realizan en el país y que por ahora sólo pueden  abarcar el 30 por ciento de todos los proyectos que se construyen.

De acuerdo al analista de Ipnusac, lo ideal es que la ejecución financiera vaya al mismo ritmo con la física.

Sería explicable que la ejecución física se adelante y que se atrase la ejecución financiera, pero que suceda lo contrario a esto es inexplicable, expresó Martínez. “Eso ya no responde a un ciclo transparente de la ejecución del presupuesto, son fenómenos propios de corrupción”, concluyó.

El informe anual de auditoría de la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) reportó 22 denuncias penales y 186 sanciones pecuniarias en contra de los Consejos de Departamentales de Desarrollo por mala calidad de obras e incumplimiento de las metas.