Michelle Bachelet dejó la presidencia de Chile hace cuatro años con una popularidad superior al 80% y ahora es gran favorita para recuperarla. Pero no todas son rosas: Si no logra un triunfo aplastante en los comicios del domingo, le costará mucho sacar adelante las reformas que propone para reducir la desigualdad.
Su victoria se da casi por segura. Le lleva 30 puntos porcentuales a su principal rival, la representante de la derecha Evelyn Matthei, según la mayoría de las encuestas, y es posible que gane en la primera vuelta, con más del 50% de los votos. El Centro de Estudios Públicos, la encuestadora más respetada en el mercado, dijo que Bachelet tenía el 47% de las preferencias a fines de octubre, contra el 14% de Matthei. De los otros siete candidatos, ninguno recibiría más del 10%.
Si nadie obtiene la mitad más uno de los votos el domingo, habrá una segunda vuelta entre los dos más votados el 15 de diciembre.
Bachelet tendrá muchos problemas para cumplir sus promesas si no consigue una mayoría del 66% en el Senado. Esa es la cifra necesaria para introducir reformas constitucionales o cambios a leyes importantes como los que plantea la dirigente socialista, incluidos una reforma tributaria y otra educativa. Pero nunca ha habido un gobierno con el 66% de las bancas en el Senado.
El domingo también se elegirán a los 120 diputados –con un 80% que va a la reelección–, a 20 de los 38 senadores y a 278 consejeros regionales.
En caso de ser necesaria una segunda vuelta, seguramente enfrentaría a Bachelet y Matthei, irónicamente dos conocidas de la infancia, ya que ambas son hijas de generales de la fuerza aérea y en algún momento fueron vecinas. El padre de la ex presidente, el general Alberto Bachelet, murió víctima de torturas bajo la dictadura militar de 1973-1980, mientras que el de Matthei, el general Fernando Matthei, fue prominente figura de ese régimen 1973-1990.
Matthei representa a una derecha que fue el sustento político de la dictadura de Augusto Pinochet y que está empeñada en frenar los cambios propuestos por Bachelet.
«La derecha se va a arrinconar y van a tratar de defender lo que ellos entienden su obra», declaró a la Associated Press el analista y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Bernardo Navarrete, aludiendo al fuerte crecimiento económico del país en las últimas décadas.
Bachelet, una médica pediatra de 62 años, dice que su principal objetivo es «enfrentar la desigualdad, para que los beneficios del desarrollo sean percibidos por todos». A pesar de sus progresos en el campo económico, la brecha entre ricos y pobres en Chile es una de las más grandes del mundo, según dijo este año pasado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
La OCDE indicó que sus países miembros los ingresos medios del 10% más rico son nueve veces más grandes que los del 10% más pobre. Pero en Chile son 25 veces más grandes.
La ex presidenta propone modificaciones constitucionales, tributarias y educacionales, además de la despenalización del aborto terapéutico en casos de violación de la madre, cuando peligra su vida y si el feto no puede sobrevivir. Habla de fortalecer los sindicatos y se ha pronunciado a favor del matrimonio homosexual, aunque en su programa sólo aparece la intención de promover un debate sobre el tema.
Todas estas propuestas generan enorme rechazo en la derecha, que pronostica «movilizaciones más radicales, por las promesas que no va a poder cumplir», según dijo a la Associated Press el ejecutivo Eduardo Pinto.
El país viene de un período de grandes movilizaciones estudiantiles durante el gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien tuvo que ceder y aumentar las becas y créditos estudiantiles, y terminar con el sistema de préstamos bancarios a 6,5% de interés a los universitarios, que al concluir sus estudios quedaban con una mochila a 20 o más años.
Los estudiantes reclaman una educación pública, gratuita y de calidad, y el fin del lucro en las universidades privadas y públicas que reciben aportes del estado. Exigen asimismo que las becas otorgadas cubran el gasto mensual total.
Bachelet se propone satisfacer muchas de esas demandas, pero para hacerlo primero debe conseguir la aprobación de una reforma tributaria que contempla un aumento gradual de cinco puntos en los impuestos a las empresas. Recaudaría unos 8.200 millones de dólares (tres puntos del PIB) para financiar su reforma educacional y en seis años lograría una enseñanza gratuita en todos los niveles, eliminando el sistema de educación con copago (una parte la pone el estado y la otra los padres) y devolviendo la administración de las escuelas públicas y subvencionadas desde las municipalidades al estado, como ocurría antes de la dictadura. Dice que durante su gobierno de cuatro años (2014-2018) alcanzaría una cobertura del 70% de los estudiantes más vulnerables.
Nazario Poblete, un transportista de 65 años, está indeciso si votar por Matthei o Bachelet, o simplemente no acudir a las urnas, porque «es el mismo barco con otro capitán».
Parte de programa de Bachelet es rechazado por la Iglesia Católica, que exhortó a los feligreses a decirle no al aborto y al matrimonio homosexual, y a defender la vida y la familia.
Bachelet presenta la misma coalición que la llevó al gobierno en el 2006, con tres partidos de centroizquierda –Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata– y uno centrista, el Demócrata Cristiano, a los que se suma ahora el Partido Comunista. La vieja alianza Concertación, que gobernó 20 años hasta la victoria de Piñera, fue rebautizada Nueva Mayoría.
El gran interrogante es «es cómo se va a comportar el Partido Comunista», según el analista Navarrete, quien pronostica que esa agrupación «va a estar en las dos veredas: en el gobierno y en la calle».
Los comunistas controlan los gremios más poderosos, incluida la Central Unitaria de Trabajadores, la mayor central sindical chilena, asoman como un socio complicado. Muchos analistas pronostican roces, sobre todo entre comunistas y demócrata cristianos.
Bárbara Figueroa, la líder comunista de la Central, se mostró complacida con el programa laboral de Bachelet, aunque advirtió que «debemos ver el alcance de esos anuncios, tiempos y contenidos, y en eso nosotros no seremos actores de la vereda del frente».
Otro dolor de cabeza para Bachelet podrían ser los estudiantes, que en el 2006 paralizaron todo el sistema de enseñanza secundario. Bachelet resolvió la crisis incorporándolos a unas comisiones encargadas de estudiar los problemas y proponer soluciones, pero la iniciativa no arrojó grandes resultados y los estudiantes se sintieron defraudados.
Ya crecidos y muchos aún en la universidad, esos mismos estudiantes le ocasionaron graves problemas a Piñera, 2010-2014, que debió ceder tras multitudinarias marchas en 2011 y con casi todas las universidades paralizadas. El 2014 no se vislumbra demasiado diferente.
«Nosotros no vamos a dejar de movilizarnos hasta que las promesas se concreten», dijo Naschla Aburman, recién electa presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, en alusión a la exigencia de una educación pública gratuita y de calidad.
Andrés Fielbaum, presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, advirtió que «si los estudiantes no estamos considerados para una reforma educativa, seguiremos protestando en las calles, y se los haremos saber desde el primer día a Bachelet, que la reforma educativa se construye con nosotros».
A medida que se acercaban las elecciones, Bachelet suavizó un poco su mensaje y trató de reducir las expectativas de cambio a corto plazo.
«La gente entiende que los gobiernos no pueden, al día dos, empezar a tener resultados dramáticamente distintos», advirtió a comienzos de noviembre.
El primer gobierno de Bachelet fue criticado por un fallido proyecto de crear un sistema de transporte masivo y por su lenta respuesta al terremoto seguido de un tsunami en el 2010.
Al dejar el poder, no obstante, tenía la aprobación del 84% de la población y sigue siendo muy popular, sobre todo entre los pobres.