En la enseñanza de las doctrinas económicas del más radical libre mercado se insiste en que el motor del desarrollo es el ánimo del lucro porque el mismo es generador de las iniciativas individuales para hacer negocios que, tarde o temprano, terminan beneficiando no sólo a quien los realiza, sino a otras personas que perciben el derrame provocado por una mayor actividad económica. Mientras menos regulaciones y controles existan para esa búsqueda incesante de lucro, mejor estarán los individuos y la suma de ese bienestar de la persona se traducirá en bienestar de las naciones.

En Guatemala vivimos en un Estado que funciona como una gran corporación generadora de grandes negocios y que impulsa la avidez por el lucro. La norma constitucional que establece que el interés general está sobre el interés particular sale sobrando porque vivimos en un sistema en el que todo lo que se hace es con la finalidad de promover negocios jugosos en los que el aporte del Estado es fundamental para la generación de riqueza de todos los que disponen de los contactos para convertirse en proveedores o contratistas del Estado.
 Las políticas públicas no se deciden con base en las necesidades de la población ni muchos menos sobre las consideraciones que tienen que ver con el interés general y su preeminencia sobre el particular. Las decisiones del Estado se toman con criterios que tienen que ver con reparto de utilidades entre los políticos de turno y quienes financiaron su esfuerzo por llegar al poder. No hay otra clase de consideración a la hora de asumir compromisos en nombre del Estado.
 El sistema de salud, por ejemplo, es importante porque permite masivas compras de medicamentos a precios exorbitantes que reparten lucrativas utilidades entre los proveedores y los responsables de la adquisición. Los contratos abiertos contemplan, por lo menos y en el mejor de los escenarios, precios que son los que utilizan como referencia las farmacias que luego operan rebajas hasta de 40% en el valor de las medicinas, rebaja de la que nunca se beneficia el Estado, vale decir, el contribuyente guatemalteco.
 Pero ello es apenas un ejemplo porque a donde uno voltea la vista se da cuenta que en Educación es más importante el contrato para la impresión de libros que la calidad de la enseñanza. En los hospitales cuenta más el negocio de las medicinas y suministros que las políticas de salud pública. En seguridad el negocio está en comprar armas, la licitación de la comida de los presos y el combustible para el Ejército, aunque la tasa de criminalidad siga por las nubes. Y si eso pasa con aspectos tan sensibles, imagine Energía y Minas o Comunicaciones, donde la voracidad es aún mayor.

Minutero:
Por mucho que sea el lucro
no se lo llevarán al sepulcro;
pero mientras llega el momento
bien que brincan de contentos