La denuncia formulada ayer por el partido Lider sobre planes para privatizar la empresa Portuaria Quetzal no es cosa para tomar a la ligera. Esos planes vienen desde el gobierno anterior y han continuado en el actual, aunque las autoridades de la portuaria se apresuraron a negar que exista intención alguna de concesionar el puerto más allá de lo que ya se hizo con los azucareros del país.

Lo cierto del caso es que existen documentos que demuestran cuán avanzado va el proceso de negociación y que ya hay una empresa no sólo interesada sino poniendo condiciones para lograr una concesión de treinta años.

En teoría, se trata de justificar la acción por la necesidad de ampliar el puerto que se ha quedado a la zaga en relación con su competencia salvadoreña y para lograrlo se piensa en un inversionista extranjero que ponga el dinero, haga los trabajos y durante treinta años tenga el control del puerto.
 
 En esta época de privatizaciones y de las llamadas “alianzas público privadas”, no es de extrañar que haya avanzado tanto la negociación y en Guatemala, tomando en cuenta cómo se hicieron privatizaciones como las de Aviateca, la empresa telefónica y la Empresa Eléctrica, además de la fallida del ferrocarril, no nos debe extrañar que todo sea a escondidas, a espaldas del pueblo para darnos al final la noticia de que ya se finiquitó el negocio. Al fin y al cabo, si la costumbre es fuente de derecho, dentro de poco dirán que acostumbrados como estamos a que nos roben descaradamente el patrimonio nacional, debe legitimarse el despojo realizado de manera silenciosa, a hurtadillas y sin que la población (legítima propietaria de los bienes enajenados) se entere.
 
 Es lamentable admitir y reconocer que ni siquiera la publicidad de esos negocios oficiales permite su correcta fiscalización porque en términos generales los guatemaltecos nos volvimos indiferentes ante el despojo y lo aceptamos como parte de lo inevitable de la vida. Si el gobierno de Pérez Molina quiere privatizar el Puerto Quetzal, lo hará sin mayor oposición y de la manera que quieran hacerlo.
 
 Puede que haya disputas entre grupos del mismo Gobierno para ver quién hace el negocio y se dice que el proyecto más avanzado fue el que dejó el gobierno anterior y que ha sido abrazado por la gente del Ministerio de Comunicaciones que tiene enorme poder e influencia. Si ese negocio se frena, no será para transparentar las cosas, sino para que sea otro grupo de interés el que aproveche la “necesidad” de ampliar el puerto. ¿Quién, con las luces que nos dejaron Aviateca, Guatel y la EEGSA, puede perderse? Y, finalmente, vendrá otro “parte sin novedad”.

Minutero:
Sin armar un gran entuerto 
preparan la concesión 
y tras alguna comisión 
habrán de entregar el puerto