El proceso para extraditar al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo a Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero, avanzó luego de que la Cancillería remitiera un documento a la Fiscalía, mientras la defensa prepara recursos para tratar de impedirla.
La Cancillería dijo que remitió a la Fiscalía General un documento en que México avala la extradición del ex mandatario a Estados Unidos. Ese documento era necesario porque las autoridades mexicanas entregaron a Portillo en 2008 a Guatemala, luego de darle refugio, para que lo procesara por otro delito.
La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Andrea Furlán, explicó a la AFP que el documento mexicano fue recibido la semana pasada y entregado ahora a la Fiscalía.
La solicitud de extradición del ex gobernante, quien está detenido desde el 26 de enero, llegó a Guatemala a finales de febrero, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un expediente con pruebas que lo involucrarían en el lavado de más de 70 millones de dólares a través de bancos norteamericanos.
El juez Isaías Figueroa, a cargo del proceso, fijó para el 17 de marzo una audiencia con el fin de escuchar los argumentos a favor y en contra de la extradición de Portillo (2000-2004).
Figueroa explicó que en la audiencia participarán la Fiscalía especial adscrita a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una entidad creada por la ONU para mejorar el cuestionado sistema de investigación y justicia del país, donde el 98% de los crímenes quedaban sin castigo.
El abogado Telésforo Guerra, defensor de Portillo, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la petición estadounidense, con la intención de frenar la extradición.
El abogado alega que su cliente debe ser beneficiado por el tratado de extradición vigente entre Guatemala y México, el cual impide que una persona que haya sido extraditada por un delito en particular, sea juzgada por otros delitos en un tercer país.
«El derecho internacional no permite al Estado que cede a una persona ampliar las peticiones de extradición como lo hizo México, en forma abusiva y arbitraria, al igual que el Ministerio Público de Guatemala», afirmó Guerra a medios locales.
«Todo lo que se ha hecho es ilegal, irregular e inconstitucional. Ni Estados Unidos puede solicitar la extradición de Portillo, ni México tiene potestad de ampliar la petición» de extradición, aseguró Guerra.
La justicia estadounidense acusa al ex mandatario de utilizar bancos norteamericanos para desviar fondos del erario guatemalteco durante su mandato, las cuales fueron a parar a otras cuentas en Europa y el Caribe.
El ex gobernante, que fue deportado de México en octubre de 2008 después de permanecer cuatro años, refugiado, en ese país, permanecía en libertad en Guatemala tras el pago de una fianza de 125 mil dólares.