Las restricciones ordenadas en Perú a la «píldora del día después» generaron airadas protestas en Lima y pusieron al desnudo la sensibilidad en un tema capital en América Latina donde grupos conservadores, con la Iglesia Católica a la cabeza, presionan para prohibir o limitar su distribución.
A fines de octubre, el Tribunal Constitucional (TC) peruano ordenó cesar la distribución gratuita de dicha píldora por considerar que no existe certeza de si sus efectos son abortivos o no.
El Tribunal aceptó de este modo la demanda presentada por «Sin Componenda», una ONG católica que se califica preocupada por el «avance del deterioro moral de la sociedad» y que en su página internet señala tener como miembros honorarios a Yavhé, al Espíritu Santo y a María del Perpetuo Socorro.
La decisión del TC recibió duras críticas de parte de grupos feministas y de las autoridades de Salud.
Este domingo 11 ex ministros de salud más autoridades médicas firmaron un documento para decir que el fallo del tribunal vulnera los derechos de las mujeres.
«Para frenar el aborto en el Perú en caso de violación o de embarazos no deseados se necesita la píldora del día siguiente», dijo recientemente el ministro de Salud, Oscar Ugarte.
Las protestas contra la decisión del TC se dieron justo en un momento en que grupos conservadores, liderados por el ministro de Defensa, Rafael Rey -un reconocido miembro del Opus Dei- también se oponen al aborto para casos de violación o malformaciones del feto.
Grupos pro derechos de las mujeres han salido a las calles bajo la consigna de «saquen sus rosarios de nuestros ovarios».
La situación de la Pastilla del Día Siguiente (PDD) en América Latina varía de país a país.
En México el gobierno aprobó en 2004 su venta en farmacias, y a partir de 2005 forma parte de la canasta básica de medicamentos gratuitos que se otorgan en unos 19 mil hospitales públicos. Los opositores argumentan que el gobierno no ha demostrado que no sea abortivo.
En Argentina, la PDD puede comprarse en farmacias, y desde marzo de 2007 es distribuida a través de un programa del ministerio de Salud en hospitales y centros de atención en forma gratuita.
La Iglesia católica, culto mayoritario en el país, se ha opuesto a la distribución de la píldora por considerarla abortiva.
En Venezuela se vende libremente la PDD desde 2000, y en la actualidad es comúnmente publicitada en consultorios médicos.
En Chile se ha librado una larga batalla para obtener su distribución universal tras los recursos legales planteados por grupos ultraconservadores.
Primero prohibida, luego autorizada bajo restricciones y a un costo de 15 dólares por unidad, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se autorizó el reparto de la PDD a toda mujer mayor de 14 años en los centros públicos de salud.
La medida le valió a Bachelet una dura disputa con la Iglesia Católica.
Un dictamen inapelable del TC en abril de 2008 prohibió el reparto en los centros públicos, aunque lo mantuvo en las farmacias privadas.
En Bolivia, en tanto, la píldora es comercializada libremente en las farmacias desde 2004, aunque el gobierno autoriza su uso sólo en casos de violación o sospecha de que uno de los métodos anticonceptivos tradicionales falló. Se consigue a un costo de entre 6 y 8,5 dólares la unidad.
La Iglesia católica pide ocasionalmente al gobierno que prohíba su utilización.
En Colombia, desde agosto de 2001 es permitida la venta de la PDD bajo fórmula médica.
Recientemente, el Consejo de Estado, una de las altas cortes colombianas, declaró legal su uso, al rechazar una petición de un ciudadano que buscaba su prohibición.
En Paraguay, el ministerio de Salud aprueba la PDD para situaciones de emergencia, específicamente para casos de violaciones, dijo la ministra de esa cartera, Esperanza Martínez.
No hay restricción en la venta al público pero «no hay una conciencia de las mujeres» de que la pueden usar, señala.
Iris tuvo siete abortos, el primero a los 22 años, y Tania, a sus 19, suma cuatro. Cuba, donde esa práctica es gratuita y legal desde 1965, producirá y distribuirá en 2010 la «píldora del día después» como un anticonceptivo que ayude a bajar los 85 mil abortos anuales.
Fuera de toda polémica como la que suscita en Perú, el Levonorgestrel empezó a usarse en Cuba progresivamente hace un año y, según prevé el Ministerio de Salud (MINSAP), podrá adquirirse en 2010 en todas las farmacias del país, sin receta médica.
La gragea, que cuesta de 7 a 15 dólares en países como Ecuador, Bolivia y Chile, se producirá en un inicio para 225 mil dosis al año a un precio de venta de unos cuatro centavos de dólar, precisó el presidente de la Comisión de Salud Sexual y Planificación Familiar, Miguel Sosa.
«Eso será muy bueno, pero falta promover el sexo responsable. De joven no me protegía y no quería truncarme la vida, o se me olvidaba tomar regularmente las anticonceptivas y la situación no estaba para tener niños, vivía en un casa de un cuarto», dice Iris, de 50 años, con una hija de 17.
Unas 2,6 de 3,3 millones de cubanas en edad fértil son sexualmente activas y de ellas un 25% (650.000) no usa anticonceptivos, 200.000 porque prevén embarazarse, 100.000 son infértiles y el resto es vulnerable a embarazos no deseados.
«Esas mujeres se la están jugando. A ese sector ayudará la disponibilidad de la píldora», dijo Sosa, según el cual una de cada cuatro con embarazos no deseados son menores de 20 años.
En un país precoz, donde según estudios los hombres comienzan su vida sexual a los 13 años y las mujeres a los 14, se acude al aborto muchas veces como un método anticonceptivo más.
Tania, empleada de turismo que vive en el oeste de La Habana, empezó a los 15 años y hace seis meses tuvo su cuarto aborto. «Es un derecho de las mujeres no traer hijos al mundo a pasar trabajo, pero es cierto que se abusa», opina Ana Menéndez, docente de 37 años, quien tiene dos niños y cinco interrupciones.
Cuba, primer país del continente en despenalizar el aborto y el único de América Latina donde se practica sin restricciones -hasta las 10 semanas-, lo defiende como un logro de la mujer y una medida que redujo muertes maternas.
«Una de cada dos de esas muertes era por aborto en condiciones de clandestinidad inseguras antes de que se legalizara», apuntó Sosa, presidente de la Sociedad Cubana de Desarrollo de la Familia.
Pero el aborto, advierte, lleva riesgos por lo que se impulsa un plan para sustituir la vía quirúrgica por la medicamentosa -un 40% se hacen con Misoprostol y se espera llegar a 80% en cinco años-, y bajar el número de interrupciones.
En países como Perú el debate lo atiza la duda de si la píldora es abortiva, pero Sosa insiste en que es anticonceptivo y asegura que en la provincia de Holguín, la primera donde se distribuyó, el aborto bajó en un 22%.
«Usarla evita abortos. Se nos acusa de ser un país «abortero», pero estamos trabajando para disminuir el aborto, sin hipocresías, sin esconder el problema. En los 90 teníamos 120 mil al año y bajamos en esta década a 85 mil», comentó.
Sin ventilarse en público, es tema de confrontación entre el gobierno y la Iglesia, que denuncia el aborto como un grave problema social en la isla comunista, de población mayoritariamente no católicos y ateos.
«Esa píldora es abortiva. La Iglesia recomienda no usarla, en defensa de la vida. Pero aquí se hacen cosas con que uno no está de acuerdo», lamenta monseñor Dionisio García, presidente de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia cree que la píldora estimula el sexo irresponsable; pero las autoridades de Salud insisten en que incluso, al bajar los abortos y los riesgos de sus secuelas, aumentará la fertalidad en un país envejecido como Cuba.