Las judicaturas de sentencia del paí­s están haciendo un esfuerzo por duplicar la emisión de resoluciones semanalmente gracias al proceso de oralización que se ha implementado con mayor énfasis en la actual administración de la justicia. Como una muestra de ello, el Tribunal de Sentencia de Jutiapa pasó de resolver un caso al mes a emitir hasta cinco sentencias por semana.

En 2010 el Organismo Judicial (OJ) emitió 5 mil 397 sentencias absolutorias y condenatorias, no obstante, en el año anterior se registraron un total de 74 mil 826 casos ingresados a las diferentes instancias, lo que implica que apenas el 7.2 por ciento de los casos ingresados un año atrás fueron resueltos ví­a sentencia en ese poder del Estado. Aquí­ no se incluyen las transacciones, desistimientos, sobreseimientos y archivos de los diferentes procesos.

Sin embargo, los resultados de los proyectos de modernización y oralización de la justicia permitirán que esos resultados varí­en este fin de año, ya que éstos se están implementando enfáticamente en las judicaturas del interior del paí­s.

Quetzaltenango fue el primer departamento en impulsar la oralización del proceso en 2005; actualmente el juzgado modelo se encuentra ubicado en Jutiapa, el cual ha llegado a emitir hasta cinco sentencias en una semana, con lo que además se redujo dos años su agenda de juicios orales.

Según un técnico de Cooperación Española, sólo el 23 por ciento de judicaturas y tribunales no han iniciado el proceso que implica esa modernización de la justicia, mientras que el 44 por ciento de juzgados están en proceso y el 31 por ciento restante ya tienen un alto grado de implementación de la oralidad.

EFECTIVIDAD

Según las estadí­sticas del Centro de Análisis e Información Documental del OJ (Cenadoj), hasta diciembre del año último esa instancia presentó un aumento en el número de procesos penales abiertos, pues en 2009 inició un total de 74 mil 826 casos, mientras que los diferentes tribunales emitieron un total de 4 mil 475 sentencias. De las últimas, 3 mil 893 fueron condenatorias, mientras que 582 absolutorias.

Pero en 2010 la cifra se incrementó. Durante los primeros nueve meses del año recién pasado un total de 73 mil 659 ingresaron al OJ, aproximadamente 8 mil 184 procesos al mes, lo que a diciembre sumarí­a cerca de 98 mil 200 expedientes. Según Cenadoj los tribunales emitieron un total de 5 mil 397 sentencias, de las cuales 4 mil 402 fueron condenatorias y 995 absolutorias.

Esas cifras podrí­an variar favorablemente, e incrementarse las sentencias, ante las acciones que emprendió la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia a finales de este 2011, aunque no se descarta que pueda existir una incidencia negativa en la iniciativa ante la falta de fondos y el déficit económico que registra actualmente el poder judicial del paí­s.

MODERNIZACIí“N

Marlon Garcí­a Robles, consultor del Programa Justicia y Seguridad de Cooperación Española y quien trabaja desde el interior en el proyecto, explica que ese proceso nace en Quetzaltenango cuando un grupo de juzgadores hace una revisión de las normas procesales. “Tení­amos un Código Procesal moderno pero las prácticas respecto al trámite eran tradicionales-escritas, apegadas a un código anterior”, refiere.

Garcí­a explica que la gestión actual retomó el proyecto de oralización y la extendió a nivel nacional. Desde entonces los jueces resuelven en las salas de audiencias y en el mismo instante, cuando anteriormente los usuarios del servicio de justicia debí­an esperar varios dí­as para la resolución y otras más para las notificaciones, comenta.

Pero en la ciudad Capital, la realidad parece ser otra, pues es evidente la saturación de procesos y la lentitud con que los mismos se tramitan. Al respecto Garcí­a refiere: “En la Torre de Tribunales hay avances. Hay juzgados y tribunales que han implementado la oralidad. En total hablamos de un 44 por ciento que están en proceso, un 31 por ciento que ya tienen ese proceso avanzado y un 23 por ciento que no han iniciado”.

Según Garcí­a, “el temor al cambio”  ha sido uno de los principales obstáculos en el proceso, ya que “hay una resistencia natural, porque requiere una redistribución de funciones, reorganización y reasignación de roles. Es complicado romper con la cultura del ‘siempre se ha hecho así­â€™ ”.

Otro es la limitación de condiciones de los despachos, ya que en muchos casos no se cuenta con infraestructura y se debe invertir para permitir a plenitud un espacio procesal adecuado a la oralidad.

REZAGO

La oralización de los procesos tuvo su auge luego de las reformas aprobadas por el Congreso de la República al Código Procesal Penal en abril de 2010; el decreto 18-2010 generó el cambio radical en los procesos de las judicaturas del paí­s.

Carlos Aguilar, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, explica que las reformas al Código Procesal Penal incrementaron “casi en un ciento por ciento”  las diligencias que se tramitan a diario en las judicaturas.

“Las reformas han generado un exceso de audiencias que no permiten que los jueces puedan dar cobertura al volumen de las diligencias programadas”, indicó Aguilar, quien añadió que las peticiones verbales que se hacen diariamente se van acumulando en cada judicatura y generan rezagos.

Aguilar expuso además: “Según registros, hay juzgados que tienen programadas audiencias de aquí­ a dos y hasta tres meses”.

El entrevistado agregó que las audiencias de personas procesadas y que permanecen en prisión preventiva se van acumulando y deben ser programadas para después de cuatro meses, lo que ha generado atraso en la resolución de casos.

REFORMAS

César Barrientos, Presidente de la Cámara Penal, explica que desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal se establecieron principios acusatorios de juzgamiento en el juicio oral y público, “pero continuamos con la cultura formalista del sistema anterior, trasladamos a la oralidad las formalidades del sistema escrito”, indica.

“Nosotros avanzamos en la oralidad pero no desarrollamos la dirección del juez en el proceso de debate, además hay una situación cultural en la que los abogados no promueven la resolución del conflicto sino que piensan que con impedir la resolución del juez para eso sirve el proceso”, explica Barrientos respecto al sistema que aún impera y se busca transformar.

El titular de la Cámara Penal refiere que después de 17 años de reforma procesal penal, el debate ha sido desvirtuado, pues en 2009 los tribunales de sentencia tení­an un promedio de 1.6 sentencias por mes; los 34 tribunales resolví­an 50 juicios mensuales, unos 600 al año en un paí­s donde se emiten 12 mil acusaciones anuales. “Eso no es funcional”, indica.

“Con el liderazgo de jueces se hizo búsqueda de crear las condiciones subjetivas, personales de los jueces, que quieren asumir el liderazgo de dirigir el debate para que fuera pronto y cumplido”, explica Barrientos y refiere que se tomó como piloto un tribunal menos productivo y que tení­a audiencias programadas hasta el 2014. Se rediseñó la práctica que permitiera tener más sentencias y agilizar más los debates. “Se tomaron uno a uno los procesos cuyas vistas estaban hasta 2014 y evaluamos cuánto tiempo puede llevar un debate en cada caso y hubo unos que eran resueltos en dos horas”, explicó. La calendarización se redujo hasta 2011 con el diseño técnico de cada caso.

Barrientos añade que a lo largo de todo ese proceso “se encontró que el tiempo se podí­a utilizar de manera prudente sin afectar la justicia y los derechos humanos y se ha logrado en varios tribunales que emití­an 2 sentencias al mes, resolver diez a la semana, lo que permite la resolución de conflictos”, indicó.

Otro punto que es sumamente importante y vital según los técnicos y magistrados, es que aumenten las resoluciones en los casos penales, pero que la calidad de dichas resoluciones sea la óptima para fortalecer la justicia y añadieron que confí­an en el compromiso de la mayorí­a para lograrlo.