Avances democráticos en Latinoamérica


Situación. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica, que tuvo 11 elecciones presidenciales en 2006, brindó una oportunidad sin precedentes para que los gobiernos aborden las persistentes violaciones de los derechos humanos y la pobreza, destaca Amnistí­a Internacional en un informe anual divulgado hoy.


El informe resalta que se observaron «indicios alentadores» en la región durante el año pasado, pues algunos gobiernos empezaron «a ir más allá de un compromiso retórico con los derechos humanos».

«Una de las caracterí­sticas fundamentales de 2006 fue el constante fortalecimiento de los procesos democráticos (en América Latina) y la consolidación de las instituciones democráticas», dice el informe.

Amnistí­a resalta que «los traspasos de poder se produjeron de forma pací­fica, pese a las impugnaciones judiciales presentadas por algunos candidatos perdedores, como en el caso de México. Los observadores estimaron en general que las elecciones habí­an sido limpias».

«Varios paí­ses latinoamericanos se enfrentaban a una penosa herencia de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las cuestiones relacionadas con la justicia, las reparaciones y el conocimiento de la verdad ocupaban (en 2006) un lugar destacado entre los objetivos de la sociedad civil, del poder judicial y de algunos gobiernos», agrega.

El organismo humanitario con sede en Londres destaca entre los avances de la justicia la condena en Argentina del ex jefe policial Miguel Etchecolatz, la detención y enjuiciamiento del ex dictador uruguayo Juan Marí­a Bordaberry y la detención del ex presidente mexicano Luis Echeverrí­a por la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco en 1968.

Sin embargo, advierte que la muerte del ex dictador chileno Augusto Pinochet «antes de que fuera juzgado por las atrocidades perpetradas durante sus 17 años de gobierno, dejó bien patente la necesidad de una justicia más rápida».

También critica que el ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner haya muerto exiliado en Brasil «sin haber sido sometido nunca a juicio» y destaca que «la jurisdicción universal siguió desempeñando un papel clave a la hora de abordar el legado de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica».

El informe anual sobre América critica a Estados Unidos por mantener un «doble discurso», pues aunque afirma ser el principal impulsor del respeto de los derechos humanos, «utilizaba polí­ticas y prácticas que burlaban algunos de los principios más básicos del derecho internacional».

En su informe «América: perspectiva general 2006», Amnistí­a Internacional también expresa su preocupación por los altos í­ndices de pobreza y por la delincuencia en América Latina.

«Los elevados í­ndices de delincuencia violenta y la ausencia de seguridad pública continuaron siendo motivo de honda preocupación social», dice Amnistí­a, al destacar que bajo estos ambientes se «perpetuaron entornos en los que abundaban los abusos contra los derechos humanos».

«Los gobiernos solí­an recurrir a estrategias represivas de aplicación de la ley para abordar las consecuencias de la desatención por parte de las autoridades, de la discriminación y de la exclusión social», indica.

«Estas polí­ticas acarrearon que las comunidades pobres se sumieran cada vez más en la violencia y en la inseguridad, sobre todo en los centros urbanos. En ciudades de Brasil, El Salvador, Guatemala, Haití­, Honduras y Jamaica, las bandas juveniles y de delincuentes armados representaban una grave amenaza», dice.

«Varios estados recurrieron cada vez más al ’control’ militar de los barrios, dejando a muchos vecinos expuestos a la violencia tanto de las bandas que dominaban las comunidades como de las fuerzas represivas del Estado», añade.

«Latinoamérica siguió siendo una de las zonas del mundo con mayores desigualdades económicas. La pobreza seguí­a endémica y la mayorí­a de las personas seguí­an viendo negado o limitado su acceso a servicios básicos como la salud y la educación», indica el informe.

También lamenta haber recibido informes «sobre violaciones de los derechos de los pueblos indí­genas, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas».