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En todos los paí­ses existen normas de construcción, estudios ecológicos, estudios de subsuelo que deben realizarse para poder obtener la licencia y construir un inmueble. Ello es lo que garantiza que a la hora de presentarse un problema se tenga previsto que el inmueble está construido en un lugar adecuado, seguro y, además, que el diseño y los materiales con que se construyó el inmueble eran adecuados.

 

Si todo fuera observado, comprobado y cierto, no deberí­an producirse tantas tragedias, tantas lamentables situaciones de destrucción, deslaves y caí­das de viviendas en Guatemala, como las que se han visto en la televisión y en todos los medios escritos, frecuente y recientemente.

 

¿Puede una municipalidad otorgar licencia para construir en un lugar donde pasaba un rí­o o donde se ha efectuado un relleno, donde el subsuelo es inestable? Claro que puede pero no debe. El otorgar una licencia de construcción no solo implica un ingreso, un pago, también conlleva el reconocimiento de la autoridad municipal que la edificación se va a realizar en un terreno y suelo adecuados.

 

Además conlleva la responsabilidad de haber analizado el diseño estructural del inmueble que se va a construir y va a ser habitado por niños y adultos que de buena fe construyen bajo la supervisión de un ingeniero, de un arquitecto, o compran un inmueble a una de las muchas promotoras que venden casas ya construidas.

 

El hecho que periódicamente existan riesgos como consecuencia de la naturaleza y condiciones geográficas del paí­s implica que la totalidad de las municipalidades deben comprender su corresponsabilidad al autorizar mediante una licencia la edificación y construcción de un inmueble.

 

En qué municipio de la totalidad de los que integran el paí­s se puede decir que en los últimos 20 años no ha habido un derrumbe, un deslave, no se ha presentado la tragedia y muerte de niños, ancianos y adultos como producto de los hechos que conlleva la naturaleza, el clima y la geologí­a de Guatemala.

 

Cuántos de ellos debieron de evitarse, cuántos de ellos pudieron haberse previsto si la respectiva alcaldí­a hubiera denegado la autorización para construir. A ello debe agregarse que no existe, por parte de Conred, una inspección permanente que evite y señale que se está construyendo, con o sin licencia, en un lugar inadecuado o peligroso, como son las laderas inestables, los cauces de los rí­os o la inmediatez al mar, a los lagos y a los rí­os.

 

En la reciente situación también tiene responsabilidad la Universidad de San Carlos de Guatemala, como entidad rectora oficial; las facultades de Ingenierí­a y Arquitectura existentes en el paí­s y por supuesto los colegios profesionales respectivos. No olvidemos que de ellos proviene la totalidad de los profesionales que deben de garantizar técnicamente toda construcción que se efectúe.

 

Por consiguiente, si algo no esta bien hecho o en un lugar adecuado hay una corresponsabilidad profesional que también comparten los dueños o lotificadores de terrenos que no eran aptos para edificar y desarrollar condominios e inmuebles.