A inicios del siglo XXI tuve la oportunidad de vivir 14 meses en el municipio de Chinique de las Flores, en el departamento de Quiché. El país estaba saliendo de 36 años de guerra interna, en los cuales la población rural, indígena y no indígena, sufrió políticas estatales de represión. Llegué para trabajar con la agrupación Médicos Descalzos Chinique, un grupo de terapeutas tradicionales, indígenas maya quichés, que recién se estaban buscando y reencontrando para practicar la espiritualidad maya en comunidad y en los lugares sagrados al aire libre.
Durante la guerra lo hicieron escondidos, aislados dentro de las casas, en voz baja, pues ser un guía espiritual significaba y significa también, ser un líder y autoridad en la comunidad y eso era causa de acusación por parte del Ejército al vincular cualquier liderazgo con los movimientos guerrilleros.
Asistí en aquellos días a más de treinta ceremonias alrededor del fuego sagrado en diversos cerros de la región, también fui invitado a talleres en los que, en idioma quiché, se discutía sobre los significados de los actos ceremoniales, sobre el trabajo terapéutico, las enfermedades y sus curas, sobre el desarrollo de la comunidad y sobre procesos sociales de la región y el país. Un compañero, promotor agrícola, hacía el favor de traducir, del quiché al español, las conversaciones de los ancianos y ancianas, de sus familias y autoridades. Gran parte del trabajo de curación de enfermedades físicas, mentales y sociales en esos años era alrededor de las secuelas que la guerra había dejado en los hombres y mujeres individualmente, pero también en las comunidades como espacios de creación y recreación de la vida colectiva, golpeadas fuertemente por la represión estatal.
Una de estas prácticas estatales enmarcadas dentro de la política contrainsurgente del Estado fue la creación de las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Como lo documentó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, las PAC fueron grupos de hombres civiles organizados coercitivamente por la institución armada como fuerza paramilitar complementaria, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar a sus comunidades. Fueron grupos comunitarios a los que el Ejército les dio armas y les asignó tareas de control civil, esto provocó la militarización de las comunidades mayas, el enfrentamiento entre ellas y la violación de derechos humanos por las PAC.
A raíz de ese proceso, las relaciones sociales dentro de la comunidad se fueron fragmentando. En la actualidad en una misma comunidad viven víctimas y victimarios de violaciones a derechos humanos: una característica de las sociedades de postguerra interna. Una guerra en la cual el terror estatal, desde el Ejército fue brutal e inhumano. La labor de los terapeutas tradicionales es fundamental en la reconstrucción del tejido social comunitario. Estos terapeutas son autoridad comunitaria dentro de una dinámica social en la que las mismas colectividades han ido construyendo, durante generaciones, sus propios sistemas de administración de justicia y seguridad.
Guatemala tiene por delante fuertes retos para construirse como un país democrático, uno fundamental es el reconocimiento y respaldo a las prácticas comunitarias de administrar justicia y seguridad. Eso pasa también por el respeto a las decisiones que se tomen localmente sobre el uso de los recursos naturales que hoy, frente a grandes proyectos mineros que están llegando a los territorios, han sido categóricas en anunciar su oposición al saqueo material y espiritual de las comunidades.