Estamos por cumplir el primer año desde el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano, hecho que causó conmoción en el país y en la región no sólo por la brutalidad del hecho, sino por la participación comprobada de elementos de las fuerzas de seguridad en el crimen. La presión internacional obligó a nuestras anquilosadas autoridades a investigar con mayor diligencia que en otras ocasiones y de esa cuenta se produjo la captura de los agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en el asesinato.
Sin embargo, a los pocos días de esa captura se produjo otro crimen, el de los agentes sindicados, y ese hecho buscaba y evidentemente logró, poner fin a una pesquisa que hubiera llevado a los autores intelectuales del asesinato de los salvadoreños. Por lo menos, hubiera permitido conocer quién les dio al final luz verde a los policías para que procedieran a matar a los parlamentarios y a su piloto, pero la eliminación física de quienes ya habían confesado su participación vino a cerrar toda una línea de pesquisas, sobre todo porque el Ministerio Público se casó con la tesis de que los pandilleros en prisión fueron los que asesinaron a los miembros de la PNC.
Ahora se presenta a un oscuro personaje, al que el mismo Ministerio Público identificó como Montaña 3 y sobre el que se hizo toda una telenovela, como el principal encartado junto al ex diputado y alcalde sin tomar posesión en Jutiapa, Manuel Castillo, quienes por los desplegados de sus llamadas telefónicas quedan en evidencia como participantes del abominable hecho de sangre. Sin embargo, es obvio que los agentes de la PNC no actuaron por la libre, sino que ellos formaban parte de un grupo especial dentro de la institución que se encargaba de «tumbar» cargamentos de droga que eran arrebatados a sus portadores y que nunca fueron consignados a ningún tribunal, sino que fueron comerciados por alguna tenebrosa estructura de las fuerzas de seguridad. El crimen cometido contra los miembros del Parlamento Centroamericano coincide en sus características con otros que ya habían ocurrido y que nadie se tomó la molestia de investigar, seguramente porque en esos casos la chamarra tapaba no sólo a los autores materiales, sino también a los intelectuales y a quienes tendrían facultades para investigarlos.
La notoriedad de las víctimas en el caso del Parlacen es lo que generó el destape de una olla asquerosa que puso en evidencia la descomposición existente en nuestras fuerzas de seguridad. Pero sin duda en reconocimiento y pago de la deuda generada por el espectacular ataque a Pavón, donde ejecutaron a varios reos y le dieron un baño de rosas al gobierno anterior por «retomar» el control de la cárcel, los autores intelectuales o, repetimos, quienes dieron luz verde para el asesinato pudieron escapar tranquilamente de Guatemala.
Obviamente hubo interés en truncar toda línea de investigación que llevara a los autores intelectuales del crimen y es que si éstos se tomaron la molestia de asesinar en la cárcel a los policías que se habían entregado cuando se dieron cuenta de las implicaciones del ataque que habían perpetrado, es obvio que no limitaron su acción a ese asesinato sino que movieron sus influencias y contactos en otras instancias para dejar las cosas hasta allí. Sólo así puede explicarse la necedad del Ministerio Público al rechazar todas las versiones de testigos sobre el ingreso de encapuchados para ejecutar a los policías, aferrándose a la tesis de que fueron pandilleros los autores del crimen. En otras palabras, a un año presenciamos otra acción más de encubrimiento para asegurar impunidad.