En un acto que muchos analistas y opinión pública calificaron de descarado, los diputados al Congreso de la República aprobaron, de urgencia nacional, una indemnización para 90 parlamentarios no reelectos, equivalentes a 9 mil 500 quetzales por cada año trabajado, sin exceder los diez años. Es decir que en el caso de legisladores como Víctor Ramírez de la Gana, con 12 años en el Congreso, habrían recibido 95 mil quetzales en prestaciones.
Las reformas a la Ley de Servicio Civil del Legislativo fueron impulsadas por Jorge Luis Ortega Torres, único miembro de la bancada DIA, quien se convirtió en el centro de la atención al declarar: ?Todas las empresas les dan indemnización a sus empleados cuando éstos se retiran. No entendemos por qué los diputados no podemos recibir un reconocimiento por el servicio que hemos prestado al país. Lo tenemos bien merecido?.
Diez días después, la Corte de Constitucionalidad detiene la indemnización que estaba acompañada de un aumento salarial, al declarar con lugar un amparo presentado por la junta directiva del Congreso.