A finales de 2003, retornando de un viaje de trabajo, al abordar la conexión en el Distrito Federal de México, a mi lado se sentó un caballero australiano. Durante el viaje, me manifestó que venía a Guatemala con el propósito de reunirse con el presidente del banco central, Lizardo Sosa para presentarle la oferta de la única fábrica en el mundo dedicada a la impresión de billetes en material plástico. Curioso le pregunté cuáles eran las ventajas, indicó que si bien la inversión inicial era un poco mayor, los billetes duraban el triple ya que se podían lavar y mantenerse en mucho mejores condiciones y más tiempo en uso.
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Pocos días después, al reunir al Gabinete Económico, pregunté al respecto a Lizardo Sosa, me confirmó que las características de ese tipo de billetes eran como se me había indicado; sin embargo, al banco central lo había dejado su antecesor con un enorme inventario de billetes que durarían varios años y durante toda su gestión a él no le correspondería firmar y autorizar nuevos billetes. Por esa casual circunstancia es que puedo decir hoy que, salvo acontecimientos extraordinarios como la intervención del Banco del Café, la campaña en contra de G T Continental y algunas otras que la prensa ha mencionado, no existían ?al parecer? razones para comprar innecesariamente papel moneda y llenar de billetes las bodegas del banco central.
La prensa nacional, durante los últimos quince días de diciembre, le ha dedicado extensa cobertura a la falta de circulante de forma suave y ponderada. Las declaraciones de las autoridades actuales indicando que el problema no se resolverá sino hasta después de algunas semanas ?finales de enero? no son ni una solución, ni muestras de creatividad para mantener o recobrar la confianza de la mayoría de los guatemaltecos. Argumentar que las anteriores autoridades pudieron ser negligentes o que las nuevas autoridades tomaron posesión el 1 de octubre son tristes manifestaciones que no resuelven el grave daño causado al pueblo.
La presidenta del Colegio de Abogados, el procurador de los Derechos Humanos señalan públicamente la gravedad del hecho y manifiestan que hay posibles responsabilidades civiles, mercantiles, penales y administrativas; así como daños y perjuicios a los pequeños y medianos empresarios, especialmente de los mercados, a los 49 mil jubilados del Estado y a más de un millón de empleados públicos y privados a quienes se les amargó la Navidad, el Año Nuevo y se les causó daños y perjuicios. Aun así, ojo, el fiscal general, Juan Luis Florido dice que no investigará.
Seguramente el gobierno central le dará largas al asunto y también ?igual que ha sucedido con el Banco Empresarial, fundado por el ex ministro de Salud Publica y Asistencia Social, ingeniero Marco Tulio Sosa Ramírez? pasarán años de años, como lo señala recientemente una opinión publicada por Alejandro Arévalo, sin resultados judiciales o sin la recuperación de los Q 760 millones que tuvieron que invertirse de los impuestos por manejos improcedentes y préstamos vinculados a favor de los ex dueños de ese banco, incluyendo al ex ministro Sosa Ramírez.
Lo más que sucederá es que algún funcionario renuncie para darle un pequeño respiro al Gobierno, renuncia que será premiada con una millonaria indemnización y un reajuste a su pensión en el Banco de Guatemala para pagarle alrededor de Q 50 mil mensuales de forma vitalicia, pero los verdaderos perjudicados, el pueblo, continuará sufriendo sin compensación alguna.
La confianza es igual que la inocencia, conservarla, mantenerla es cuestión delicada, de permanente esfuerzo y sacrificio, pero una vez se pierde, recuperar la misma es sumamente difícil y en algunos casos como la inocencia, imposible. Por ello, es tan preocupante el daño hecho, el cual no será deshecho.
Continuará?